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El 58,55% de los hogares gallegos tuvo "dificultades" o "muchas dificultades" para llegar a fin de mes durante el primer trimestre del año, mientras que el 39,83% no se permitió gastos extra, como salir a cenar, ir al cine o ahorrar, según los datos de la Enquisa coxuntural a fogares publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Más del 30% ahorró algo de dinero, casi uno de cada cuatro casas hicieron algún extra en productos de alimentación y más del 15% realizaron compras extraordinarias de artículos de ropa y calzado.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en Galicia nueve décimas en marzo respecto a febrero, fundamentalmente influido por el encarecimiento del vestido, calzado y el transporte. El incremento interanual fue del 1,5%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios suben en Galicia ligeramente por encima de la media española que se situó en siete décimas de incremento, y se sitúa como la segunda comunidad autónoma en la que más suben los precios sólo por detrás de Navarra.
Representantes de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT en A Coruña mostraron preocupación por la entrada de la firma de capital riesgo CVC Capital Partners en el accionariado del operador gallego R y trasladaron su temor de que esta operación económica sea la "antesala" de la "deslocalización" de esta empresa. La CEG confía en que R mantenga los empleos y su sede en A Coruña.
Fondos asesorados por la firma de capital riesgo CVC Capital Partners han adquirido, a través de una sociedad española controlada por los mismos, una participación del 35% de R-Cable, dentro de una operación en la cual Caixanova ha vendido inicialmente una participación del 1 por ciento en el operador. De esta forma, Caixanova mantiene su posición como socio de referencia al quedarse con el control de un 65 por ciento de la operadora R, cuyo cien por ciento ha sido valorado en torno a los 675 millones de euros, según informó el operador gallego.
El conselleiro de Economía e Industria cifró en 5.500 millones de euros la inversión total asociada a los 2.325 megavatios eólicos pendientes con la construcción de los parques y la movilización de los proyectos industriales, por lo que se mostró convencido de que permitirá "recuperar el tiempo perdido" con el bipartito y "posibilitar" el desarrollo socioeconómico de la comunidad. PSdeG y BNG acusan a la Xunta de favorecer a empresas de fuera de la Comunidad.
La compraventa de viviendas en Galicia aumentó un 2,77% en febrero, en relación con el mismo mes del año pasado, y sumó 1.742 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este es el segundo repunte experimentado en la comunidad gallega en 2010, tras crecer un 0,87% en enero.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) subvencionarán la adquisición de empresas por parte de otras con el fin de promover la concentración en determinados sectores y buscar un mayor tamaño medio. Financiarán el cien por cien de la inversión en algunos proyectos y se comprometen a avanzar en las líneas de colaboración entre ambos.
Arrancan las negociaciones en el proceso de fusión de las cajas de ahorro gallegas: Caixa Galicia y Caixanova aseguran que la primera reunión de esta etapa de conversaciones y contacto para establecer el marco del acuerdo futuro se celebró en un clima de cordialidad, y aseguran que los contactos continuarán para intentar cerrar la operación en los plazos establecidos. En comunicados de prensa, ambas entidades aseguran que esta reunión fue de análisis de la situación.
«Me da igual que la fusión sea entre cajas de la misma región o de regiones distintas con tal de que no se pierdan empleos». Con estas palabras Mariano Rajoy prioriza que no se pierdan empleos sobre la fusión de dos cajas de la misma comunidad autonoma: «si se fusionan en Galicia Caixanova y Caixa Galicia, tendrán que cerrar un porrón de sucursales; en cambio, si se fusionan con una caja de Baleares no tendrán que poner a gente en la calle».
La Xunta de Galicia reducirá sus cuentas en 218 millones por el "recorte" de fondos adicionales del Estado y anuncia que recurrirá la decisión del Gobierno central por vía judicial. Además, el Ejecutivo gallego reclamará con un recurso contencioso 1.272 millones que Galicia "dejó de percibir" entre 2003 y 2008 por medidas fiscales del Gobierno.
