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El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en 104 contratos

La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense llega tras un juicio en el que Baltar fue señalado por el secretario y el jefe de Personal de la Diputación como único responsable de los ocho decretos de contratación y de la selección nominal de los contratados.

La jueza considera, por este motivo, a José Luis Baltar Pumar como "autor criminalmente responsable" de un delito de prevaricación y lo condena a una inhabilitación para todo empleo de función pública en cualquier administración o cargo electo en elecciones. No obstante, el exbarón popular está jubilado, de forma que está retirado de la vida política. Cuando se abrió el procedimiento judicial se apresuró a solicitar la baja de militancia en el PP, el partido que en la provincia de Ourense ahora preside su hijo, José Manuel Baltar, al igual que la Diputación de Ourense.

La jueza considera probado que Baltar Pumar, en el primer trimestre de 2010, "decidió contratar a 104 personas en contratos temporales tramitados por el procedimiento de urgencia, sin sujetarse a la ordenanza provincial que regula los contratos temporales de la Diputación de Ourense". Esa ordenanza, aprobada en 2004, detalla como requisitos para los contratos temporales por procedimiento de urgencia que haya un informe del jefe de servicio, fiscalización previa a cargo del interventor para comprobar que hay crédito suficiente para el contrato, convocatoria pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o tablón de la institución durante tres días y selección de las personas según su cualificación y méritos.

Sin embargo, para la jueza, en los casos denunciados "el acusado omitió todos los requisitos necesarios y dictó y firmó ocho decretos en los que ordenó la contratación de las personas elegidas por él" y "con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como la publicidad de los contratos para que cualquiera pudiera acceder a ellos". En este sentido, la sentencia incide en que en este delito de prevaricación, lo "más grave" es que se omitió "de forma consciente" la publicación en el BOP y en el tablón de edictos de la Diputación, y cumple el requisito del dolo o "hacerlo a sabiendas". Considera probado que Baltar "actuó con conocimiento de causa, aunque en el juicio dijo que no sabía que había que publicar los puestos y que la culpa es del jefe de Personal y del secretario por no informarle".

La jueza considera que el acusado sí era consciente de lo que hacía porque el secretario manifestó que "sí explicó el texto de la ordenanza al presidente" y el jefe de Recursos Humanos reiteró en varias fases procesales que utilizó la palabra "ilegal" con Baltar para referirse a los 104 contratos. "El acusado fue presidente de la Diputación durante 22 años, la ordenanza de contratación es del año 2004, y el secretario dijo que le explicó esa ordenanza e hizo, posteriormente a los contratos, un informe en el que se detalla que ninguna solicitud se presentó para cada puesto", dice la sentencia. La jueza dice no dudar de la capacidad de los contratados para desempeñar su trabajo, "pero en el primer trimestre de 2010, parece que la Diputación era una empresa privada, que contrataba a quien le parecía oportuno al acusado". "No puede haber actuación que no esté amparada por la norma y esta no puede ser desconocida o burlada". "Ser presidente de una diputación no es una propiedad de la que el titular pueda hacer el uso que le parezca, pues es un cargo público sujeto a la ley para cumplirla y hacerla cumplir, y fuera de la ley no existe sino capricho y arbitrariedad", prosigue la argumentación judicial.

El texto de la sentencia recoge los 48 testimonios del juicio y, en el análisis posterior de la tipificación del delito de prevaricación, indica que la actuación de Baltar ni siquiera se puede tratar como "interpretación peculiar e interesada de las normas", sino de actuación "contraria a toda norma, porque hasta incumple la ordenanza propia de la Diputación y varios artículos de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1995". La juez ve como testimonios clave el del jefe de Personal, José Luis Suárez; el del secretario Francisco Cacharro Gosende -hijo del exbarón del PP de Lugo-; y el del interventor, José María Baños, que declaró no haber fiscalizado los contratos porque no tuvo conocimiento de ellos hasta después. "Además, los informes de necesidades de los jefes de servicio, para pedir personal no reflejaban en ningún momento la urgencia de la contratación", agrega el fallo judicial. Sobre los testigos que fueron trabajadores contratados indica que" fueron designadas de forma directa o, como se dice coloquialmente, a dedo". Un cuarto grupo de testigos, según la sentencia, de alcaldes de la provincia, dejó claro que "ninguno" presentó por escrito su necesidad de trabajadores "o por olvido o porque le parecía más correcto hablar directamente con el presidente o porque el presidente no les dijo que había que presentarlo por escrito".

La jueza cree que es una "irregularidad palpable y manifiesta" la falta de informes de necesidad de los alcaldes, pues en ellos tendría que explicarse "la situación de urgencia" del ayuntamiento. La representación legal de José Luis Baltar ya ha avanzado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, según fuentes jurídicas.

El expresidente de la Diputación de Ourense y del PPdeG en esta provincia, José Luis Baltar, ha defendido que la sentencia no deslegitima a su hijo, José Manuel Baltar, para ocupar la presidencia del PP. En declaraciones a Europa Press, dice que José Manuel Baltar no queda deslegitimado "porque en ningún momento" la jueza alude a que los contratos estuviesen relacionados con el congreso en el que, el 31 de enero de 2010, su hijo lo relevó al frente de la Presidencia del PP de Ourense.

El veterano político, retirado y dado de baja en el PP desde que comenzó su proceso judicial, aseguró que tiene la "conciencia tranquila" porque dice que es "inocente". "Allá otros con su conciencia, que bastante tendrán, pero yo estoy tranquilo", añadió en alusión a los testimonios que le inculparon directamente como autor de los decretos para contratar a 104 personas y de su selección nominal, sin cumplir los requisitos legales.

Baltar dice que no se siente traicionado y que no "gana nada" culpando a otros, así que dijo anhelar que "todo esto pase en los medios de comunicación" para seguir con su retiro y disfrutar "estupendamente" de sus cinco nietos. "Cuando me retiro, me reito, y no juego al escondite". El expresidente provincial del PP y de la Diputación durante 22 años confirmó que la sentencia del juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense será recurrida ante la Audiencia Provincial, pues defiende que es "inocente".

El recurso, en estudio en el despacho de abogados que le representa, seguirá la línea argumental de que en los trámites para los 104 contratos temporales denunciados "no hubo reparos de los servicios jurídicos de la Diputación", reiterando así lo que declaró en el juzgado y que fue contradicho, precisamente, por el secretario de la institución y por el jefe de Recursos Humanos, además del interventor. "Yo no soy letrado para saber estas cosas y aunque llevaba 22 años presidiendo la Diputación, tengo técnicos para eso, para advertirme, y no me voy a ocupar yo de lo que tienen que hacer ellos", argumentó en declaraciones a Europa Press. Además, criticó la pretensión de "algunos" de ir con él "de caza mayor y ponerse medallas por cargarse a Baltar", pero añadió que ya no quiere saber "nada" de todo eso.

Reacciones políticas

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se ha remitido a la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, prevista para el viernes 01 de agosto, para pronunciarse sobre la sentencia que condena al expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar a 9 años de inhabilitación y ha añadido que su "opinión" no variará el contenido de la misma. Según el fallo judicial hecho público, el exbarón popular, que pidió la baja como militante partido, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada, en relación a los 104 contratos que firmó para la institución provincial entre los meses de enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas.

Preguntado tras una intervención abierta con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente gallego y jefe de filas del PPdeG ha replicado que opinará "con claridad" en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Lo ha hecho antes de advertir que el anuncio del dirigente estatal, quien ratificó que modificará el contenido de la reforma de planta judicial, de forma que se mantendrán juzgados y partidos judiciales, es lo "suficientemente contundente" como para no entrar en otros asuntos en los que su opinión "no influye". "Mi opinión no va a variar el contenido de la sentencia. Es una opinión, no una noticia. Y creo que hoy el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha dado la noticia que llevábamos esperando desde hace muchísimo tiempo".

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado que "hay que preguntar al presidente de la Xunta de Galicia, que puede dar mucha información", preguntado sobre la sentencia que condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada al expresidente del PP de Ourense y de la Diputación de esa provincia, José Luis Baltar. "En el PSOE tenemos un criterio absolutamente claro, la ciudadanía sabe cuál es, lo aplicamos cuando corresponde. Quien no parece saber cuál es el criterio y parece que no quiere dar explicaciones es el PP de Galicia, que tiene mucho que decir y calla mucho", ha criticado el también presidente del organismo provincial de Lugo, antes de participar en un acto de homenaje en la Diputación a Darío Rivas.

El grupo del BNG en la Diputación de Ourense considera la sentencia que condena al expresidente del órgano y del PP provincial, José Luis Baltar, como "constatación de que la corrupción estuvo instalada" en esta institución, aunque añaden que el baltarismo "no despareció con su inventor -Baltar padre-, sino que continúa más vivo que nunca", con José Manuel Baltar en la presidencia. En un comunicado, el BNG se refiere a la sentencia del juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense, recurrible ante la Audiencia Provincial, para aludir al actual presidente de la institución provincial, hijo del anterior, y reclamar que no continúe "ni un minuto más al frente de la Diputación". En su opinión la condena de su predecesor deja probado que se contrató de forma irregular con dinero público "en la antesala del congreso provincial del PP".

El grupo nacionalista considera que los 104 contratos por los que fue condenado José Luis Baltar se hicieron para "preparar la llegada de su hijo a la presidencia del partido y el posterior desembarco al frente de la institución provincial". "El baltarismo se alimenta de la necesidad de las personas y sigue siendo la peor manera de entender la política, esa que se basa en el principio del poder por el poder, al precio que sea y a costa de quien sea", censuran los nacionalistas. Consideran el baltarismo como un "cóctel" con elementos como la "existencia de una procesión de callados, que nunca cuestionó lo que se hacía", además de un "entramado" político-institucional que, en manos del PP, adquirió su "verdadera razón de existir, que es "usar las instituciones al servicio del partido para tejer una red clientelar de enormes proporciones".

Para el BNG no es de extrañar "que el presidente Alberto Núñez Feijóo le desee a Baltar toda la suerte posible", pues "el PP amparó y fue cómplice" de sus prácticas "clientelares". Ese "cóctel" con "barra libre", según el BNG, llevó a "dislates" como el de José Luis Baltar autoproclamándose "cacique bueno", o las "burlas y mofas" del resto del Estado hacia los ourensanos "cada vez que trascendían episodios como el de los 33 porteros del edificio cultural Simeón para atender tres puertas, o el del centro ecuestre donde había más empleados que caballos, o el más reciente del presunto fraude de fondos europeos investigado por la Olaf".

La sentencia para el BNG es un "torpedo en la línea de flotación del PP" y una "bofetada" a los "excesos y abusos cometidos en la institución, de forma reiterada, por políticas de contratación caciquiles y clientelares", con las que aseguran que "se hicieron cientos de contratos, más cuando más se aproximaban los diferentes procesos electorales, y consolidaron los puestos de trabajo de familias enteras mediante procesos a medida".

El Bloque recuerda que en los años 2007 y 2008 "consolidaron su puesto de trabajo más de 400 personas, al tiempo que seguían haciéndose contratos temporales a docenas de personas al margen de las listas de contratación".
Para el BNG, el baltarismo "no desapareció con su inventor, sino que continúa más vivo que nunca, con otras formas, y sigue siendo un instrumento clientelar útil en las manos del actual presidente de la Diputación y del PP provincial, con el único cambio entre ambos Baltar de que el hijo cambió la boina por la tableta Ipad".

El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, consideró que la sentencia que condena a Baltar por prevaricar en la contratación de personal es "contundente" ante una forma de contratar que es "delito" y muestra que así "no se debe volver a hacer". Fernández compareció en una rueda de prensa tras conocer que él mismo deberá declarar como imputado, una vez más, en relación con la licencia concedida, en la plaza de San Antón de la ciudad, a un aparcamiento privado, y el pago de una indemnización a una vecina que llevó el tema al juzgado.