La difícil situación económica y sus consecuencias centran la memoria de 2013 del Consello Económico e Social (CES) de Galicia, que constata que "no fue un buen año" pero también ve "un punto de inflexión" en la economía gallega que la sitúa en vías de recuperación. En todo caso, propone medidas para consolidar un patrón de crecimiento "más sostenible" y aboga por priorizar la "reactivación del mercado interno, el empleo y el dinamismo inversor". "Vemos una luz al final del túnel", ha explicado Corina Porro, presidenta de este organismo que evalúa el impacto de los anteproyectos de ley y el contexto socioeconómico y en el que están representados los distintos agentes sociales y económicos de la comunidad. Con todo, ha rechazado evaluar el impacto de las políticas del Gobierno de Feijóo en esta situación por no competer al CES dicho análisis.
Sí ha aludido, en cambio, al crecimiento del sector industrial, pero también al menor impacto en la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social y a la "mejora" de los datos del paro registrado, antes de recordar que Galicia "abandonó la recesión" en 2013, al tiempo que ha incidido en que los primeros datos de 2014 ratifican ese "cambio de tendencia".
El informe incide en "las dificultades" que atraviesa la economía. De hecho, para hacerles frente, el CES señala que la atención de las políticas de crecimiento, "escasa y supeditada" a los objetivos de austeridad y disciplina macroeconómica, debería tender a "consolidar" un patrón de crecimiento "más sostenible y mejor adaptado" a las características de las economías "avanzadas". También apunta que el "deterioro" de la demanda interna sigue "difiucltando" el crecimiento de la actividad económica y la creación de empleo neto, por lo que, además de promover la internacionalización -en lo que incide reiteradamente la Xunta-, cree que las "prioridades" de actuación deben orientarse "a reactivar el mercado interno, el empleo y el dinamismo inversor".
En la rueda de prensa de la presentación de la memoria han acompañado a Porro el secretario del CES, Juan José Gallego; la presidenta de la comisión de trabajo que ha redactado el documento, Marta Mate; y dos técnicos del organismo. Mate ha incidido en el valor de las conclusiones de este documento por ser "consensuadas" entre los diversos agentes económicos y sociales que están representadas en el organismo. En el primero de los cinco apartados que analiza el estudio del año 2013, el panorama económico de Galicia, la memoria alude al "fuerte impacto social y económico" de la crisis y reitera su preocupación por la "progresiva reducción" de recursos destinados a la producción de bienes públicos de carácter social, en especial en educación y sanidad -"247 millones de euros menos entre ambos"-. También alude a la caída de los recursos dedicados a la protección y promoción social (que cifra en 175,7 millones) y a la producción de bienes públicos de carácter económico (88,6 millones de euros). Frente al ello, contrapone el "elevado y progresivo incremento" de los recursos destinados a afrontar los pagos de la deuda pública.
En el segundo apartado, el de mercado de trabajo y relaciones laborales, la memoria sitúa la "fuerte destrucción de empleo" y el "grave incremento" de la población parada como "las peores consecuencias" de la crisis, por lo que reitera que el Gobierno debe trabajar "en la consecución del crecimiento económico". Como en ejercicios anteriores, vuelve a resaltar que el fomento del empleo debe estar asociado a la implementación de medidas de estímulo económico que "favorezcan el retorno" a un camino de crecimiento sostenido en el tiempo.
El CES también destaca la "gravedad" del continuo descenso del número de afiliaciones, si bien ratifica un "cambio de tendencia" toda vez que -según ha destacado Porro- es "menor" al ejercicio anterior. Igualmente, dada la persistencia y la duración del desempleo, insiste en la "importancia" de avanzar en la complementariedad entre las políticas económicas y de empleo, así como en las medidas de protección e inclusión social, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, como los mayores de 45 años, jóvenes o parados de larga duración.
En el ámbito del trabajo, también considera "importante" destacar la necesidad de una mayor concienciación de las políticas de prevención laboral, haciendo especial mención a la situación del sector primario.
En el tercer apartado, sobre el tejido productivo, el informe llama la atención sobre el "elevado ritmo de destrucción" del tejido empresarial gallego, "lastrado" por las dificultades de un mercado interno contraído, un endeudamiento elevado y una falta de acceso a la financiación. Se considera "importante" que la política económica se oriente a la recuperación de los sectores, especialmente "los estratégicos", a la búsqueda de nuevas oportunidades y a la mejora de la competitividad. En el sector agroganadero, se insta a la Administración a "sentar las bases" para que el sector pueda afrontar "con las mayores garantías posibles" los retos que la actividad afronta en los ámbitos de la ordenación de la producción y de los mercados.
En cuanto al naval, constata su profunda afectación por la crisis, y concluye que la supervivencia de éste y el resto de sectores estratégicos resulta "fundamental" para poder asentar la recuperación económica y asegurar un crecimiento "sostenible", basado en la especialización en producciones de alta tecnología y elevado valor añadido.
En los apartados cuarto y quinto analiza la calidad de vida y bienestar social para concluir la necesidad de adoptar medidas encaminadas a garantizar la cobertura y los "mínimos de subsistencia", y de apostar por la innovación y por una educación con estabilidad normativa para garantizar la mejora de los recursos humanos.
Galicia, cuarta comunidad con mayor saldo fiscal positivo: 3.240 millones
Galicia, con un saldo positivo de 3.240 millones de euros, después de los de Andalucía (7.421), Canarias (4.054) y Castilla y León (3.929), es la comunidad autónoma que sale más beneficiada del cálculo de las balanzas fiscales hechas públicas por el experto Ángel de la Fuente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al analizar los datos per cápita, la Comunidad gallega baja al séptimo puesto, con 1.162 euros por habitante, después de los saldos positivos de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, con 4.312 euros por habitante, Extremadura (2.697 euros), Canarias (1.910 euros), Asturias (1.544 euros) y Castilla y León (1.539 euros).
Preguntado por si el año que viene se incluirán ya las ayudas a la banca y sobre cómo se repartirán, el experto ha admitido que el tema es difícil y que habrá que pensar cómo se hace, aunque lo más probable es que el reparto se haga en función de los depósitos y su distribución autonómica. Además, ha recordado que el volumen total de ayudas tardará tiempo en conocerse. En el lado opuesto al de saldos positivos, la Comunidad de Madrid es la que tiene un mayor déficit fiscal con un total de 16.723 millones menos de los que aporta al Estado, prácticamente el doble que la segunda comunidad, Cataluña, que arroja un déficit fiscal de 8.455 millones de euros, según las cuentas públicas territorializadas presentadas.
Las denominadas balanzas fiscales revelan que Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro autonomías que ostentan un balance negativo, mientras que el resto de comunidades presentan un saldo positivo según el método de carga-beneficio elegido por el grupo de expertos a los que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro encargó el estudio. En concreto, la Comunidad Valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 millones y Baleares de 1.483 millones. En el otro lado de la balanza, Andalucía (7.421 millones), Canarias (4.054), Castilla y León (3.929) y Galicia (3.240) son las que salen más beneficiadas de este cálculo. El resto de autonomías también tienen un saldo positivo: Extremadura (2.991 millones), Castilla-La Mancha (2.043), Asturias (1.666), País Vasco (1.576), Ceuta y Melilla (702), Aragón (633), Cantabria (205), Murcia (173), Navarra (35) y La Rioja (12).
En cuanto a los datos per cápita, Madrid sigue siendo la que registra mayor déficit fiscal (2.575 euros por habitante), pero en segundo lugar se encuentra Baleares (1.329 euros) y Cataluña baja al tercer puesto, con un saldo negativo de 1.119 euros por habitante. Comunidad Valenciana ocupa el cuarto puesto con un saldo negativo de 394 euros. El resto de comunidades registra un saldo positivo encabezadas por las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, con 4.312 euros por habitante, Extremadura (2.697 euros), Canarias (1.910 euros) y Asturias (1.544 euros). A continuación se sitúan Castilla y León (1.539 euros), Galicia (1.162 euros), Castilla-La Mancha (964 euros), Andalucía (880 euros), País Vasco (720), Aragón (469 euros), Cantabria (345 euros), Murcia (117 euros), Navarra (54 euros) y La Rioja (39 euros).
Según De la Fuente, la primera conclusión que se puede sacar del estudio es que los ricos pagan más y que los pobres tienen saldos positivos, aunque hay algunas excepciones como las comunidades forales, que tienen saldos positivos pese a formar parte de las regiones ricas, o algunas comunidades de rentas bajas con saldos neutros o negativos, como la Comunidad Valenciana o Murcia. Las balanzas fiscales se han calculado a partir de los gastos y los ingresos. Según De la Fuente, dos tercios de los saldos fiscales se explican "única y exclusivamente" por los ingresos debido a los elevados impuestos de las provincias más ricas, datos que no son "raros ni preocupantes".
Sólo habría que mirar con más detalle un tercio de esos saldos fiscales porque podría indicar diferencias de trato entre comunidades. Dentro de ese tercio que habría que revisar, De la Fuente ha explicado que hay partidas que tampoco preocupan porque no generan problemas de equidad territorial, como las prestaciones sociales, por lo que solo preocupa el 17% del gasto que sí es territorializable. Este 17%, según ha explicado, sí refleja diferencias en el trato a los ciudadanos en la financiación territorial y el porcentaje, aunque es "menor que lo dicen algunos", es "preocupante". En este sentido, De la Fuente ha asegurado que para que los ciudadanos tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos la financiación autonómica tendría que ser "más uniforme". De hecho, ha reconocido que el grado de igualdad en acceso a los servicios públicos no es el deseado y que si se incluye a las comunidades forales las diferencias son aún más grandes, por lo que no se cumple el principio constitucional de que el sistema autonómico no debe generar privilegios.
Preguntado por las cifras de Cataluña y las diferencias que existen con las publicadas por la Generalitat, De la Fuente ha recordado que ellos usaron otra metodología (flujo monetario) y que calcularon el saldo de la comunidad teniendo sólo en cuenta el Estado ni las relaciones con otras comunidades (cuando un catalán compra una casa en Galicia o al revés). "No son estrictamente comparables", ha dicho De la Fuente, tras recordar además, que muchos sistemas contables públicos imputan muchas cosas a Madrid que no le corresponden completamente y que estos tres expertos han decidido sacar y repartir entre todas. Sí se pueden comparar las cifras con las que publicó el Gobierno socialista del año 2005, aunque De la Fuente ha alertado de que ni 2005 ni 2011 son dos años típicos, porque en uno la economía crecía mucho y en el otro España estaba "en el fondo del pozo".
De la Fuente ha asegurado que el objetivo principal del estudio es ofrecer una información "detallada y objetiva" de una cuestión "tan sensible" como el reparto territorial de cargas y beneficios del sector público. A su juicio, es un tema "de mucho interés" y lo que han hecho los expertos es recoger y esquematizar la información disponible y presentarla de forma que sea "más útil. "Queremos dar una radiografía detallada del dinero público". Según De la Fuente, otro de los objetivos es intentar poner "un poco de orden" en los datos y no "mezclar churras con merinas" separando las cosas que tienen lógica territorial de las que no. Por otro lado, ha resaltado el esfuerzo de transparencia hecho por el Gobierno al encargar este estudio y publicarlo anualmente, ya que no hay ningún país federado que publique informe de este tipo.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha incidido en que los resultados de las balanzas fiscales "no pueden ser un instrumento determinante y, desde luego no pueden ser el único, para calcular la financiación que le corresponde a una comunidad autónoma". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante un acto institucional en Vigo, a raíz de la publicación de los datos del cálculo de las balanzas fiscales, por los que se concluye que Galicia, con un saldo positivo de 3.240 millones de euros, es la cuarta comunidad autónoma más beneficiada.
Rueda ha hecho hincapié en que si la comunidad gallega registra un balance fiscal positivo es por el "esfuerzo" que se ha hecho en los últimos años para "cumplir los objetivos de déficit" y para ejercer "una administración responsable". "Todo eso se tiene que ver correspondido". En este sentido, ha recordado también que Galicia tiene unas "peculiaridades" que tienen que ser consideradas, entre las que ha mencionado el envejecimiento, la dispersión de la población y el coste de los servicios. Por ello, ha reclamado que las balanzas fiscales sean tenidas en cuenta como "un elemento más" pero no como un instrumento "determinante para calcular la financiación autonómica". "Esperamos que no lo sea".
En relación a posibles recortes, Rueda ha descartado hacer valoraciones hasta que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -el 31 de julio-, aunque se ha mostrado optimista con que las medidas adoptadas en Galicia en los últimos años "sin ninguna duda van a blindar lo más importante, que es el gasto social y sanitario". En la pasada jornada, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, había indicado que, por el momento, Galicia no tiene ninguna nueva medida de ajuste sobre la mesa.