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PPdeG y BNG aseguran que cumplirán con el requerimiento de la jueza instructora de la Operación Pokemon y entregarán la información

El secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira, ha explicado que su formación entregará de forma inmediata "toda la información" requerida por la jueza Pilar de Lara en el marco de la Operación Pokémon, un requerimiento que ha llegado a la sede compostelana de Rodríguez de Viguri.
Concretamente, la instructora del caso solicita -junto al PSOE y al PP- que el BNG entregue las donaciones recibidas en el marco de las municipales de 2011 relativas a las ciudades de Lugo, Ourense, Ferrol, A Coruña y Santiago. A este respecto, el Bloque recuerda que "no tiene cargos imputados".

El caso del BNG se refiere a una cuantía de 6.000 euros que, según la documentación incautada a Vendex, se habría ingresado en la cuenta coruñesa de esta formación. A mayores, Vigilancia Aduanera atribuye al exconcejal Fernando Varela -que presentó su dimisión como edil del BNG tras ser imputado- haber recibido también 6.000 euros de manos del delegado de este grupo empresarial en Galicia, José María Tutor. Cuando trascendió por primera vez la existencia del ingreso, el BNG se dirigió a la entidad bancaria para conocer el origen del mismo y ésta respondió con el envío del estracto en el que figura la propia organización como ordenante. Sin embargo, una apoderada de la sucursal aseguró a Vigilancia Aduanera -personada en la caja- que el ingreso lo había hecho Tutor, aunque no figura su nombre.

En este contexto, el BNG afirmó entonces que devolvería el dinero por los cauces que sean legales si se confirmaba que procedencia de esta cuantía era la empresa investigada por supuestos pagos de sobornos a políticos, lo cual han ratificado este miércoles a Europa Press la organización nacionalista. En rueda de prensa, Bieito Lobeira ha confirmado su "máxima colaboración" con la justicia y su voluntad de que llegue "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga". Por ello, ha reivindicado, el Bloque "no tiene ningún cargo imputado en casos de corrupción", porque los nacionalistas entienden "que es lo correcto y lo que demanda la sociedad".

El responsable de Organización ha recordado que las cuentas del BNG de 2011 han sido auditadas y validadas por el Tribunal de Cuentas -incluido ese ingreso de 6.000 euros- y que así lo recoge en un documento "público" este órgano fiscalizador estatal. Bieito Lobeira, quien ha recordado que el Bloque no tiene acceso al sumario de la Pokémon, ha recordado que en su día habían atribuido el ingreso a la recaudación de cuotas extraordinarias y venta de propaganda electoral. A modo de ejemplo, ha señalado que para estas elecciones europeas se recogieron 150.000 euros de la militancia y simpatizantes. Asimismo, ha reiterado que "la entidad bancaria certifica que ese ingreso" tiene como ordenante el BNG. "Lo único que tenemos es una certificación bancaria", según Bieito Lobeira.

El PP gallego garantiza su cooperación con la Justicia y responderá a los requerimientos de información realizados por la jueza instructora por la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, en relación a sus libros de contabilidad y el resto de datos contables de varias sedes locales de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. En concreto, en su auto, la magistrada traslada esta petición de documentación a las sedes del PPdeG, pero también de PSdeG y BNG en Galicia, en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol y Santiago, además de a los municipios coruñeses de Ribeira y Boqueixón.

El PPdeG, al igual que socialistas y nacionalistas, deben facilitar a los agentes de Vigilancia Aduanera sus libros contables e identificar a los encargados de la contabilidad, así como precisar quiénes eran los responsables de las cuentas bancarias en el entorno de los últimos comicios locales. El objetivo es analizar las donaciones recibidas durante los meses de mayo y junio de 2011. Fuentes de la dirección autonómica del PPdeG consultadas por Europa Press han incidido en que las peticiones de la jueza se ciñen a las sedes locales, no a la contabilidad autonómica, pero han garantizado que igualmente se cooperará con la Justicia respondiendo a los requerimientos formulados, sin ninguna evaluación añadida más allá del "respeto" por la labor judicial.

Los principales afectados populares por las últimas revelaciones de un informe de Vigilancia Aduanera que sugiere supuestos pagos de Véndex al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro (5.000 euros); además de al regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela (3.000 euros); al teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (5.000 euros); y el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar (6.000 euros), han negado su relación con los mismos. A excepción de Barreiro, con condición de aforado, los dirigentes mencionados han sido citados a declarar como imputados. Si Baltar se ha mostrado "sorprendido" por la citación, Rey Varela ha defendido que "nunca" recibió nada de la empresa matriz de la Pokémon, mientras que Flores ha avanzado que no dimitirá y ha esgrimido que nadie se lo ha pedido.

El portavoz del PP en el Senado ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste fue a verle "en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero ha insistido en que ni esta empresa ni ninguna otra "jamás" le ha ofrecido "absolutamente nada".

La secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, ha juzgado que, en caso de que finalmente se demuestren los pagos a políticos que apunta el Servicio de Vigilancia Aduanera, sería "una barbaridad". De hecho, de probarse estos hechos, ha dejado claro que su partido tomará medidas "contundentes" contra los implicados en este proceso. En declaraciones a Europa Press, Cancela ha salido así al paso de las últimas revelaciones del sumario de la 'Operación Pokémon', una vez que la jueza instructora, Pilar de Lara, ha requerido la contabilidad de PP, PSdeG y BNG para ver las donaciones que recibieron en el entorno de las últimas elecciones municipales, en mayo de 2011. Todo ello, vinculado con un informe de Vigilancia Aduanera que concluye que distintos cargos de las tres citadas fuerzas políticas pudieron ser destinatarios de distintas cantidades de dinero del Grupo Vendex.

Sobre todas estas cuestiones, la 'número dos' del PSdeG ha ofrecido a la Justicia la "máxima colaboración, como no puede ser de otra forma" y le ha pedido "celeridad". "Cuando están en cuestión irregularidades en el uso de fondos públicos, debe aclararse cuanto antes", ha defendido, dado el "daño personal" a los implicados y el aumento de la "desconfianza de la ciudadanía" en la clase política. En este sentido, ha asegurado que la pretensión de su formación es "dar soluciones constructivas par los problemas de las personas", pero ha lamentado que todo este "trabajo" se ve "solapado" por este tipo de noticias. Además, en cuanto al "daño" a los implicados en el caso, Cancela se ha remitido a la anulación del denominado 'caso de las multas', por la que los 23 imputados han resultado absueltos tras más de seis años. En este punto, se ha preguntado "cómo se repara el daño causados a los que se vieron cuestionados" por la Justicia.

El PSdeG mantiene el criterio de no exigir responsabilidades a los cargos públicos hasta que su imputación se convierta en procesamiento o en caso de que se dicten medidas cautelares, como prisión preventiva o similares. "Porque hay que ser prudentes". Declaró a Europa Press que "no se trata de poner o no la mano en el fuego" por los implicados de su partido, sino de cumplir la norma interna que marca cuándo se debe cesar en un cargo público. De igual forma, ha enfatizado la importancia de la presunción de inocencia frente a "los juicios mediáticos o paralelos". "Que hacen mucho daño", según Pilar Cancela.

AGE demanda explicaciones a sobre la financiación de los partidos

La viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y coordinadora de EU, Yolanda Díaz, ha manifestado que el resto de partidos que conforman el arco parlamentario gallego (PPdeG, PSdeG y BNG) deberían dar explicaciones inmediatas sobre donaciones investigadas en el marco de la 'Operación Pokémon' y considera que todos los imputados deberían dimitir.
"Absoluta transparencia y rendición de cuentas", ha demandado Díaz, después de que la jueza que instruye la Pokémon, Pilar de Lara, decidiese requerir a PP, PSdeG y BNG sus libros de contabilidad y todos sus datos contables, a fin de analizar las donaciones recibidas durante los meses de mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara, Díaz se ha mostrado prudente y ha trasladado su "respeto" a la labor de la Justicia. "Vamos a esperar a ver cómo avanzan las pesquisas y que siga la investigación judicial para ver cuál es el resultado. No podemos decir mucho más porque no sabemos más". En cualquier caso, en base a lo que ha trascendido, se ha reafirmado en que AGE defiende "que siempre se dé explicaciones de todo". "Hoy todo el mundo debería comparecer para explicar lo que hay respecto de esas donaciones que aparecen de forma individual en muchos representantes públicos", ha subrayado, antes de pedir, una vez más, "absoluta transparencia y rendir cuentas".

Insiste en que todas las personas que estén imputadas deben dimitir de sus cargos públicos, pese a que ha reconocido que es "injusto" ya que, "a veces", después resultan "exentas de responsabilidad penal". "Las responsabilidades públicas son las que son y las personas con cargo en activo deben no sólo rendir cuentas sino dimitir", ha remarcado, para insistir en que todo ello "sin perjuicio de la presunción de inocencia" y teniendo "conocimiento" de que dirigentes imputados fueron posteriormente "eximidas de responsabilidad penal".

Díaz ha insistido varias veces en la importancia de la "transparencia y rendición de cuentas" al considerar que existe "un problema severísimo" con respecto a la financiación de los partidos políticos que, a su juicio, se deriva y "forma parte del pacto de la Transición", dando lugar a una situación que las grandes formaciones "del régimen" no quieren "cambiar". Dice que se da "una situación de absoluto riesgo" y que hay que dar "un giro de 360 grados" para ponerse "al lado del pueblo" y "cambiar lo que esta pasando" porque "es insoportable".