
"No se puede sustituir dedocracia por democracia", toda vez que la Constitución "deja claro" que los ediles deben ser "elegidos por los vecinos". El BNG anunciaba, así, que recurrirá por la vía judicial el nuevo gobierno de Santiago de Compostela diseñado por el futuro alcalde, Agustín Hernández, por contar con una mayoría de concejales no electos -siete de 13- y entender que "choca frontalmente" con el "espíritu" que emana del actual ordenamiento jurídico.
Aún reacio a "judicializar" la vida política y tras argumentar que "ya bastante judicializada está" en la capital gallega debido a las "múltiples causas" que afectan al PP, el portavoz del BNG, Rubén Cela, ha argumentado que en esta ocasión es "imprescindible" hacerlo para "hacer valer los principios y derechos básicos" contra los que atenta una decisión, a su juicio, adoptada "por cálculos electorales". Para cubrir las nueve vacantes del PP en Raxoi -las de los siete ediles inhabilitados, Rebeca Domínguez y Adrián Varela-, la dirección gallega del partido apostó por Hernández para encabezar una nueva etapa en la que, salvo él mismo y la diputada Marta González, todos los nuevos miembros del equipo proceden de fuera de la lista encabezada en 2011 por Gerardo Conde Roa.
Cela ha remarcado que había "otras opciones" como tirar de la candidatura o disolver el Ayuntamiento y convocar elecciones, al tiempo que ha cuestionado la legitimidad de la decisión final. Por ello, pretende que se "pronuncie" la Justicia y presentará "en breve" el recurso anunciado, una vez que el gabinete jurídico de la formación determine la vía concreta. Entre las que están en estudio, ha aludido a la posibilidad de un recurso contencioso electoral o bien otro relacionado con la vulneración de los derechos básicos.
En declaraciones a los medios, el portavoz nacionalista ha remarcado que una vez que lleguen las credenciales de los nuevos ediles populares y se configure el nuevo equipo de Hérnandez, en el Pazo de Raxoi se dará una situación que se registra "por primera vez no sólo en la historia del municipalismo de Galicia sino del Estado español", con una mayoría de ediles no electos. "Antes de llegar a este extremo", ha incidido en que la oposición planteó otras vías como la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de unos nuevos comicios o que se relevase a los concejales entonces imputados por miembros de la candidatura popular, puesto que "les quedaban 11" para dar este paso.
Sin embargo, ha incidido en que el PP hizo "oídos sordos" por intereses "políticos" dando lugar a una situación que ha tildado de "esperpéntica" y "no comparable" a la de "otros municipios" en los que --ha alegado-- se tuvo que recurrir a concejales "no electos" por causas justificadas como "fallecimientos" o "incompatibilidades". En este caso, ha acusado a los populares de recurrir a "un subterfugio pensado para hacer frente a una situación de violencia en Euskadi" como herramienta para renovar un equipo de gobierno por la "puerta de atrás", lo que ha tildado de "uso torticero" del actual marco normativo.
Rubén Cela también ha aludido al caso de la localidad asturiana de Cudillero, que nombró un alcalde "no electo" y ha recordado que, si bien éste fue ratificado "en primera instancia", posteriormente su nombramiento fue anulado por el Tribunal Constitucional. Así, se ha reafirmado en que "la propia figura del edil no electo es discutible". En todo caso, ha matizado que él "no" dice que el nuevo equipo de Hernández sea "ilegal", pero sí cree que la Justicia debe aclararlo. Al margen, ha añadido que los nacionalistas no entienden que pueda haber un gobierno "con mayoría de concejales que no pasaran por las urnas", por lo que, aún en el caso de que fuera legal, "no llegaría con eso". "Hay cosas legales que no son morales y que son reprobables en términos democráticos", dijo.
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