domingo, 6 de julio de 2025
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho pública la "decepción" de su Gobierno porque "nadie" se vaya a hacer cargo "de los gastos" ocasionados por la catástrofe del "Prestige" e insiste en que, aunque se mantiene abierta la vía civil, también se estudia ahora la posibilidad de si cabe recurso de casación contra la sentencia, para lo que tiene un plazo de cinco días.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al capitán del "Prestige", Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors de los delitos contra el medio ambiente de los cuales eran acusados por la mayor marea negra que sufrió Galicia en noviembre de 2002, mientras que únicamente el primero ha sido condenado a una pena menor de tan sólo nueve meses de prisión por un delito de "desobediencia grave".
"A Galicia le interesa quien paga", ha sentenciado Feijóo, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría" de la sociedad gallega siente "decepción" al saber "que ni la clasificadora, ni la aseguradora, ni el armador del petrolero van a pagar" por permitir que "una chatarra flotante" navegase en las proximidades de las costas gallegas "con una sustancia tóxica".
Sobre las responsabilidades políticas, ha advertido de que quedaron "suficientemente" dirimidas en las sucesivas elecciones municipales, autonómicas y generales que han tenido lugar en la comunidad. Dice que el fallo prueba que "el linchamiento político" al exdirector general de la Marina Mercante fue "un linchamiento injusto", por lo que "entiende, pero no comparte" la preocupación que, al respecto de su absolución puedan tener otros partidos políticos.
El actual director de la Guardia Civil y delegado del Gobierno en Galicia cuando se produjo el naufragio del Prestige, en noviembre de 2002, Arsenio Fernández de Mesa, cree que la sentencia sobre la catástrofe deja claro que el Ejecutivo de entonces actuó "ajustado a derecho", de modo que las críticas por haber alejado el buque en lugar de acercarlo a un puerto eran "una cuestión meramente política". En declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press, ha recalcado que la sentencia constata que, entre todas las propuestas posibles, "nadie ha dicho con claridad dónde se tendría que haber metido aquel barco". Es más, cree que si se hubiera llevado a puerto habría tenido que explicar al tribunal por qué no lo alejó. "Esto fue una cuestión meramente política", ha proseguido, añadiendo que ni siquiera los "expertos que aparecieron después de la catástrofe" han dicho a qué puerto se debía haber llevado el barco, ni siquiera si podía haber entrado en algún puerto.
Fernández de Mesa insiste en que queda claro que el Gobierno actuó "ajustado a derecho, es decir, las leyes impedían que un barco, en esas condiciones estructurales y sobre todo con esas condiciones meteorológicas, pudiera entrar en puerto". Y ha remachado que así lo indicaba el simulacro que se había hecho en Fisterra un año antes. Gracias a que cumplió la ley, ha puntualizado Fernández de Mesa, el Gobierno no ha sido declarado responsable penal ni responsable civil subsidiario. Además, ha defendido que los miembros de aquel Gobierno tienen derecho a mostrar su satisfacción por la sentencia -"ya está bien que no podamos decir algunos cuando estamos satisfechos, ha dicho"-, frente a la "gente que con ansias y deseos de venganza quería que la sentencia fuera de otra forma". En todo caso, no ha querido valorar la resolución judicial en términos de varapalo para el PSOE y el BNG, porque sería "darle la razón a quienes, por hacer esos juicios previos, hoy están desilusionados".
Fernández de Mesa ha optado por destacar que las catástrofes marítimas, "impredecibles e imprevisibles", es difícil resolverlas de la mejor forma, pero que el Gobierno debe ceñirse a la ley y poner "todos los medios al alcance para minimizar" sus efectos. Cree que eso es lo que hizo el Gobierno, y que cualquier otro análisis sólo genera "una confrontación social y a una manipulación de los sentimientos" que fue lo que, en su opinión, sucedió en 2002.
Reacciones del PSdeG, AGE y BNG
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha dicho que respeta la sentencia sobre la catástrofe del Prestige, aunque "no" la comparte, haciéndose también eco de la "percepción de injusticia" que tiene la propia ciudadanía de la absolución del capitán del buque, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors de los delitos contra el medio ambiente de los que eran acusados por la mayor marea negra que sufrió Galicia. Preguntado por los periodistas, ha insistido en que el fallo judicial es "socialmente injusto" y ha lamentado que los responsables políticos que hace 11 años, cuando el Prestige se hundió ante las costas gallegas, decían que únicamente había "hilillos de plastilina" y que las playas de Galicia estaban "esplendorosas", hoy "vuelven a tener responsabilidades de gobierno" y nunca "pidieron perdón" por su gestión de la catástrofe.
Besteiro: "yo creo que hoy todos los españoles, muchos de los cuales participaron en tareas para recuperar las zonas afectadas, tienen una sensación muy agria", ha mantenido el líder de los socialistas gallegos, quien ha asumido que el actual sistema democrático se inspira en "el respeto a las decisiones judiciales" y la sentencia sobre este caso es "la que hay". "Podemos respetarla, pero no compartirla".
Gómez Besteiro ha insistido en que el fallo es "tardío", ya que se procedió a su lectura justo 11 años después de que el petrolero vertiese frente a las costas gallegas unas 63.000 toneladas de fuel tras partirse en dos; y ha indicado que su partido está "estudiando" el documento jurídico para ver si "exige" a las administraciones que recurran, toda vez que los socialistas no están personados en el proceso.
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) pide que el Gobierno gallego "recurra la infame sentencia" por la catástrofe del Prestige. "La condena social del jurado de la ciudadanía gallega no quedó reflejada en el ámbito jurisdiccional", argumenta Antón Sánchez, que ha registrado una proposición no de ley en la Cámara con el fin de instar al Ejecutivo autonómico a esta acción. En ella, este grupo parlamentario, que califica el dictamen judicial de "consecuencia de un juicio de pantomima que acabó en fracaso", señala que "no comparte la sentencia" de la Audiencia Provincial de A Coruña. De hecho, para el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, esto "no fue más que otra muestra de la impunidad del poder, cometa los crímenes que cometa".
En el escrito presentado a raíz de la sentencia, con registro de este miércoles, Antón Sánchez recuerda que la Xunta estaba personada y "sólo imputó delitos contra el capitán del 'Prestige' y el jefe de máquinas". Asimismo, indica que el Gobierno gallego gastó 145,3 millones. "Nadie pagará nada por el, tal vez, mayor desastre ecológico de la historia de Galicia. Ni siquiera hubo, ni habrá, responsabilidades políticas: algunos de los culpables son hoy presidente del Ejecutivo español o director de la Guardia Civil". Alternativa Galega de Esquerda pide a la Xunta interponer un recurso de casación contra la "lamentable sentencia" que fue leída coincidiendo con el undécimo aniversario de la catástrofe.
El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha censurado el fallo sobre la catástrofe del Prestige, el cual ha calificado de "sentencia bananera", y ha criticado el "naufragio de la justicia", a la que ha acusado de estar "pilotada" y de haber "redactado" una resolución "a medida de la camarilla del PP que gobernó la catástrofe y que hoy está al frente del Gobierno". En rueda de prensa, junto a la bandera de Nunca Máis, Xavier Vence ha calificado de "increíble, impresentable e indignante" el final que ha tenido la catástrofe del Prestige, que da una sensación de "impunidad". "Once años después, hay un auténtico 'Prestige' judicial", ha criticado Vence, quien ha lamentado que la "instrucción absolutamente impresentable, teledirigida por el PP, que al final acaba permitiendo que los responsables políticos y de la catástrofe queden eximidos".
El dirigente nacionalista considera "absolutamente increíble" ver como la "chatarra tóxica del Prestige" pudo circular "con libertad" y que el entonces vicepresidente portavoz y hoy jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "lo mandase al quinto pino, hundiéndolo, para que luego se llenasen las costas de 76 millones de chapapote y resulte que no hay ningún responsable". "Es inadmisible". "Ni armadora, ni capitán ni gobierno son condenados por esta catástrofe inducida por una gestión irresponsable", ha lamentado Xavier Vence, quien ha considerado que la sentencia ha tenido el resultado de ningún culpable como consecuencia de una "legislación bananera" al respecto de los delitos ecológicos, junto con el hecho de una "deficientísima instrucción judicial", que ha achacado a obstáculos desde el poder político, y a que el proceso ha sido "teledirigido".
En cuanto a la instrucción, ha considerado que estuvo obstaculizada por la "decisión inicial de tratar de minimizar la capacidad de instrucción, sin poner personal de apoyo complementario". "Desde los primeros momentos estuvo trufada de irregularidades", ha indicado, para apoyarse en que fue "impresentable a la vista de técnicos y juristas". Para el BNG, la Fiscalía del Estado debería recurrir esta sentencia "para abrir un nuevo proceso con otras condiciones", las cuales permitan "restablecer" la justicia. "Vemos que pasado el tiempo la justicia no es capaz de reponer la justicia, y peor, seguimos sin los medios, sin las competencias ni las condiciones" para evitar una situación de este tipo, ha advertido Vence.
El portavoz nacional del BNG reclama una legislación más contundente en este ámbito que permita "impedir sentencias como ésta" con "responsabilidades tan evidentes" a ojos de la ciudadanía que "quedan impunes". "Y Galicia es la que paga las consecuencias". El BNG reclama las competencias marítimas y medios para organizar unos servicios de emergencias en el mar "que estén a la altura de lo que requiere un territorio y unas costas que son testigos de buques, no siempre en buen estado, peligroso". "Galicia sigue expuesta y sin medios para hacer frente a una catástrofe semejante a la del Prestige".
Los nacionalistas llevarán iniciativas al Congreso, Parlamento y a los ayuntamientos para protestar por la sentencia. "El BNG considera que esto no puede quedar impune, aquel despropósito no puede quedar impune; creemos que es necesario que la sociedad exija a la Justicia la magnitud de estos hechos", ha manifestado el portavoz nacional. El BNG también apoya las movilizaciones convocadas por Nunca Máis para el viernes 15 de noviembre.
Nunca Máis se reactiva
El movimiento ciudadano Nunca Máis, surgido tras el accidente del Prestige en noviembre del 2002, regresa a las calles con diferentes concentraciones simultáneas en Galicia porque aquella tragedia medioambiental no fue «una maldición bíblica» y resulta inasumible que no haya culpables.
En un comunicado, la plataforma recuerda que hace once años se vivió la «mayor» catástrofe medioambiental, económica y social de España y considera «grotesco» que la culminación del macrojuicio que se celebró en A Coruña sea una sentencia de una «justicia en este caso al servicio del poder y del PP».
Entiende la citada organización que en este momento hay «un nuevo atentado contra Galicia» puesto que los gallegos, con el fallo leído en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no tienen derechos de reparación por el daño causado. Si el siniestro provocó en su momento «las mayores manifestaciones de un pueblo» en defensa de su dignidad y patrimonio marítimo, ahora es necesario recuperar esas movilizaciones, porque «con esta sentencia los políticos que tomaron las decisiones» de alejar el petrolero «están avalados para, de nuevo, ante una situación similar, hacer lo que entonces hicieron. Es decir, mentir, manipular y seguir siendo incompetentes».
Nunca Máis sostiene que no pueden quedarse callados, avanza un más que probable recurso ante el Tribunal Supremo y garantiza que «a todo porquiño lle chega o seu San Martiño».
Nota de prensa remitida por el Gabinete de Prensa del BNG
En 2002 o Prestige encheu de chapapote a costa galega provocando unha catástrofe ambiental sen precedentes. Once anos despois, Galiza sofre un prestige xudicial cunha instrución teledirixida polo goberno e polo PP que supón un auténtico naufraxio da xustiza, en valoración do portavoz nacional do BNG, Xavier Vence.
A sentenza é propia dunha lexislación bananeira e lanza unha mensaxe de impunidade para contaminar a nosa costa. Ven a dicirlle ás empresas armadoras e petroleiras que poden contaminar que non terá consecuencias, denuncia Vence, quen a compara coa resolución da Corte Superior de EEUU á petroleira Exxon Mobile polo verquido do Exxon Valdez, cunha sanción de 366 millóns de , ou a recentísima sentenza da Corte Nacional de Ecuador contra a petroleira Chevron, á que sanciona con 6.400 millóns de euros para indemnizacións.
En ambos casos por desastres ambientais menores co provocado polo Prestige no noso litoral, indicou.
O dirixente nacionalista considera un despropósito xurídico que ninguén pague por uns feitos tan graves, nin a armadora, nin a petroleira, nin a aseguradora, nin a camarilla do PP que contribuíu a agrandar a catástrofe, todos se van de rosiñas, denuncia Vence. A única que pagou foi Galiza, asumindo as consecuencias ambientais e económicas da catástrofe.
Vence criticou que a deficiente lexislación española para afrontar a catástrofe, se sumou un proceso de instrución teledirixido polo Goberno e polo PP, trufado de irregularidades con continuos cambios nos responsables de levar a cabo a instrución e o feito premeditado de deixar un caso de tal complexidade e magnitude no Xulgado de Corcubión con apenas medios.
A sentenza responde aos intereses do poder político, arrastra unha deliberada deficiente instrución e ten como obxectivo salvar a camariña do PP que estaba e segue a estar no poder, conclúe.
Vence anunciou que o BNG vai presentar mocións en todos os concellos para rexeitar o resultado da sentenza, e iniciativas no Parlamento e no Congreso para reclamar as competencias e medios en seguridade marítima, porque a nosa costa segue igual de indefensa, se hoxe tivésemos outro verquido de 76.000 toneladas de chapapote.
O Bloque apoiará as concentracións de protesta convocadas pola Plataforma Nunca Máis en distintas cidades e vilas do país, como xesto para manter a dignidade ante unha sentenza que supón unha afronta a todos os galegos e galegas e aos que viñeron de fora de Galiza e puxeron ánima e mans para loitar contra o chapapote.
EuroPCom, a Conferencia Europea de Comunicación Pública, é a maior reunión anual de expertos en comunicación pública de Europa organizada polo Comité Europeo das Rexións en colaboración coa Comisión Europea, o Parlamento Europeo, o Consello, o Banco Europeo de Investimentos, o Comité Económico e Social Europeo e a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos. O evento ofrece unha plataforma para explorar as últimas tendencias, iniciativas e ideas no ámbito da comunicación pública. O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, participou nesta Conferencia organizada polo Comité Europeo das Rexións, e celebrada baixo o lema 'Máis alá das palabras. Unha historia de confianza'.
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a declaración de Ben de Interese Cultural da Rapa das Bestas de Sabucedo por considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, ao tratarse dunha das festas máis antigas de Galicia que conta, como mínimo, con tres séculos de historia. Este recoñecemento supón a aplicación de inmediato do réxime de tutela da Lei de Patrimonio Cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta distinción, que se suma á de Festa de Interese Turístico Internacional acadada en 2007, chega tras o visto e prace a este decreto por parte do Consello da Xunta este pasado luns, 30 de xullo, e logo de completarse o expediente administrativo, no que constan os dous informes preceptivos dos órganos consultivos favorables.
