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Juicio sobre el Prestige: los tres acusados por el hundimiento del petrolero son absueltos y solo el capitán recibe una condena leve por desobediencia

La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors de los delitos contra el medio ambiente de los cuales eran acusados por la mayor marea negra que sufrió Galicia en noviembre de 2002, mientras que únicamente el primero ha sido condenado a una pena menor de tan sólo nueve meses de prisión por un delito de "desobediencia grave".

En su fallo, hecho público el miércoles 13 de noviembre, coincidiendo con el undécimo aniversario del siniestro marítimo -ocurrido el 13 de noviembre de 2002 frente a las costas gallegas y que provocó la mayor marea negra de la historia de Galicia-, el tribunal que durante nueve meses juzgó la catástrofe ha absuelto de todos los delitos por los que eran procesados al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos y a López Sors. Respecto a la condena menor a Mangouras, que tiene 78 años de edad, este capitán ya estuvo en prisión provisional entre noviembre de 2002 y el 16 de febrero de 2003. En el caso de López Sors descarta la existencia de un "reproche penal" por la decisión de alejar el buque, "discutible, pero parcialmente eficaz", apunta. Mientras, rechaza que el capitán o el jefe de máquinas "ocultasen" defectos estructurales del buque. El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido.

El presidente de la Sala que enjuició los hechos, Juan Luis Pía, ha sido el encargado de leer la sentencia, en lengua gallega, sobre un siniestro que provocó una de las mayores catástrofes medioambientales registradas en España, tras el vertido de unas 63.000 toneladas de fuel que generó una marea negra en el norte de España y parte de Francia. Ante una sala del TSXG abarratoda de público y con gran expectación de medios de comunicación -había 35 acreditados-, el magistrado ha justificado la absolución del capitán y el jefe de máquinas por los delitos medioambientales al considerar "poco verosímil" que conociesen los defectos estructurales del buque o que "cooperasen" para ocultarlos.

Sobre las causas del siniestro, afirma que los informes periciales aportados en el juicio son "imprecisos y contradictorios" e incluso llega a tildar a algunos de "sorprendentes" como la tesis de que una ola gigante provocó la avería del buque, "que nadie vio y nadie registró". Sobre el accidente, la Sala sostiene que los peritos no determinaron "con exactitud" la causa de la avería, aunque sí apunta a un "fallo estructural" y "un mal mantenimiento" del buque como posibles desencadenantes del siniestro. Sin embargo, precisa que estas deficiencias fueron "inadvertidas u ocultas" para los que navegaban en el mismo. En base a ello, rechaza "imprudencia" o "conducta dolosa" por parte del capitán o el jefe de máquinas, pese a que sí admite "ciertas decisiones negligentes como "navegar en automático y aceptar una tripulación escasamente formada".

Sin obviar el "ánimo de lucro" de los operadores de este tipo de buques, ha insistido en que el buque tenía los certificados de navegabilidad exigidos en su momento. Con todo, el fallo admite que hubo "alguna negligencia" en las revisiones y que los controles por parte de la sociedad de clasificación ABS no fueron "eficaces". Respecto al papel de la armadora, el magistrado ha matizado que, cuando se produjo el siniestro, no era posible exigir responsabilidades a "personas jurídicas" de acuerdo con la legislación española en ese momento. No obstante, ha apuntado que "de esas infracciones administrativas, no se infiere que esté demostrada una responsabilidad penal", al tiempo que ha remarcado que los alegatos en el juicio sobre la existencia de "reparaciones defectuosas" no implican que este hecho fuera "conocido" por el capitán o el jefe de máquinas.

"Es poco verosímil que coopere en ocultar defectos estructurales que pongan en riesgo su vida, ni siquiera para cooperar con gestores supuestamente ambiciosos", afirma sobre Mangouras. "Ni sabían, ni podían saber la existencias de graves deficiencias", ha llegado a decir sobre el capitán y jefe de máquinas, de los que ha descartado, como en Sors, "conducta dolosa" o "imprudente". Por ello, únicamente considera probado el delito de desobediencia del capitán al que la sentencia reprocha el retraso en las operaciones de remolque del buque, en las primeras horas del siniestro, hasta tener la autorización del armador, cuestión por la que, según ha recordado, no se derivan responsabilidades civiles.

En similares términos, se ha manifestado sobre el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, del que la Sala sostiene que, con el alejamiento del buque, tomó una decisión "discutible", pero "parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente". "Sorprende que se incrimine a quien trató de solucionar", señala la Sala, que defiende que la Administración española optó "por una contaminación extensa, pero no muy intensa" con el vertido de fuel. Además, limita a una "minoría" las autoridades españolas que "discreparon" con el alejamiento del buque. Ha incidido en la existencia de "informes contradictorios" sobre si el buque debía o no alejarse y, en los mismos términos, se ha pronunciado sobre si debía haberse llevado el buque a un puerto refugio como el de Corcubión (A Coruña).

El Estado español tendría que iniciar otro proceso por la vía civil, al igual que los particulares que así lo considerasen, para reclamar indemnizaciones por el siniestro del Prestige, según distintas fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tras la absolución de los tres acusados, el capitán, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante. Estas mismas fuentes han precisado que "cerrada la vía penal", tras la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, quedaría abierta ahora la posibilidad de iniciar la civil.

Han coincidido en que se trataría de un procedimiento con un recorrido "complicado, costoso y muy arriesgado". Entre otras razones, porque, si no se estimasen las demandas, implicaría, según han explicado, "imposición de costas", cuya cuantía iría, a su vez, en función del importe que se reclamase. Mientras, la Sala que juzgó el siniestro será la encargada de decidir, en la ejecución de la sentencia, el destino de los 22,7 millones de euros de fianza que en su momento consignó para el proceso London P&I Club, la aseguradora del petrolero.

La absolución en este mismo fallo del exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, conlleva que el Gobierno español quede exento de hacer frente a cualquier responsabilidad penal. De esta forma, no tendrá que sufragar los daños que se le reclamaban, al entender el tribunal que las decisiones que se adoptaron buscaban salvar vidas humanas y minimizar los daños ambientales y económicos. Pero, por otra parte, la absolución del capitán del Prestige y de su jefe de máquinas cierra también, para el Estado español, la posibilidad de obtener indemnizaciones por la vía penal. Al respecto, la Fiscalía, que solicitaba hasta 12 años de prisión para Apostolos Mangouras, había reclamado, en concepto de responsabilidad civil por los daños derivados de la marea negra, 4.328 millones de euros. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que, ahora, "cerrada la vía penal", para los afectados, entre ellos el Estado español, quedaría "la vía civil" ante eventuales indemnizaciones. No obstante, estas mismas fuentes han calificado esta posibilidad como "muy complicada y muy arriesgada". "Si no se estima la demanda, conlleva imposición de costas y hay que tener en cuenta una posible insolvencia", ha apuntado en caso de que se ejerciese esa posibilidad contra el capitán o contra la propia armadora, Universe Maritime. "En paradero desconocido".

En caso de que así lo hiciese el Estado español, han ido más allá al asegurar que podría volverse en su contra. "Si se considera que hay una posible corresponsabilidad por la gestión de la crisis", han apuntado, pese a que la sentencia de la Audiencia de A Coruña avala la actuación de la Administración española y la decisión de alejamiento del buque, sobre la que afirma que fue una decisión "discutible, pero parcialmente eficaz".

En cuanto a la cuantía de 22,7 millones de euros consignados por la aseguradora del buque, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), han explicado a Europa Press que, al haberse establecido que no existe responsabilidad penal, no se puede fijar una responsabilidad civil para asumir las eventuales indemnizaciones. No obstante, ahora en el proceso de ejecución de sentencia, la sala deberá decidir cuál es el destino de estos 22,7 millones. Así, según las fuentes del TSXG consultadas, cabe tanto la opción de que esa cantidad vuelva a London P&I Club como que se decida un hipotético reparto entre afectados que asumieron gastos por reparación de daños.

Desde el Fondo Internacional para la Compensación de Daños por Hidrocarubors (Fidac) han precisado que, de la cantidad asignada en su día para este siniestro, unos 151 millones de euros, les queda únicamente "un pequeño porcentaje por repartir", pendiente de acuerdos con algunos afectados.

Reacción de la Xunta de Galicia

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, ha mostrado su respeto ante la sentencia por el juicio del Prestige, pero ha estado cauto a la hora de hacer valoraciones sobre el contenido del fallo judicial a la espera de leerlo. En todo caso, se ha felicitado por el éxito en la organización del macrojuicio, que recayó en Administración gallega. En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, Rueda también ha evitado sumarse a las valoraciones políticas realizadas poco antes por la portavoz del PP gallego, Paula Prado, formación de la que él es el secretario xeral.

"Para compartirla, tendría que leerla (la sentencia) bien", ha manifestado Alfonso Rueda, quien ha dicho que, por lo que ha trascendido, "se exime de las responsabilidades que algunos colectivos atribuían directamente" a los responsables políticos. "Parece que la sentencia no refleja eso". "Pero hay que leerla bien", ha abundado para rechazar, de este modo, "hacer esas declaraciones", las realizadas por el PPdeG, "desde el punto de vista del Gobierno" antes de conocer con exactitud el contenido.

Rueda tampoco ha entrado a valorar cuál debería ser el destino de la indemnización si se produce y si podría usarse para completar los compromisos pendientes del Plan Galicia, como el Parador de Muxía, considerada esta localidad de la Costa da Morte como la zona cero de la catástrofe. "Habrá que analizar en detalle (la sentencia), que seguro que da muchas opiniones y, una vez analizado", ha dicho, el Gobierno también dirá más cosas. Así, ha justificado que no se pueden hacer "esas conexiones" entre la fianza depositada y una indemnización si se produce. En todo caso, de lo que se ha felicitado es de la organización del juicio en "todos los aspectos", la cual "no fue fácil" y fue "responsabilidad de la Xunta". Al respecto, ha destacado que "fue públicamente reconocida la labor y esfuerzo" y el funcionamiento de la administración de justicia.

Reacción del Ministerio de Fomento

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha mostrado su respeto hacia la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la catástrofe ecológica del Prestige, al mismo tiempo que ha ensalzado la labor del Gobierno por combatir la contaminación marítima. "Respeto a los tribunales, a la sentencia. No he podido ver su contenido pero respeto las decisiones de los jueces", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Sostiene que tanto el Ministerio de Fomento, como los gobiernos sucesivos, así como la propia UE, han hecho "un esfuerzo muy importante" en trabajar en la lucha contra la contaminación marítima. Es más, sostiene que se ha avanzado en materia legislativa y, además de la directiva comunitaria desarrollada en la materia, en España se han aprobado dos normas para la prevención de la contaminación marítima: el que no se permita ni el fondeo ni la entrada en los puertos de los busques monocasco con crudo a bordo, así como el sistema nacional de respuesta ante la contaminación marítima.
"Se ha avanzado mucho en medios, tanto aviones como barcos de todo tipo, para la lucha y la prevención", ha subrayado, al tiempo que ha apostado porque los modelos de respuesta frente a estas catástrofes sean "óptimos" y siempre se actúe de manera "preventiva". Ana Pastor ha destacado que España es el país que "más inspecciones" hace a los buques en las costas, frente a los 8.000 kilómetros de costa española.

Reacción del PSdeG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cree que la sentencia del denominado "caso Prestige" llega "injustamente tarde", justo 11 años después del siniestro del buque, al tiempo que ha subrayado que entonces hubo "mala gestión política". En declaraciones a los medios tras reunirse con el portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, Besteiro ha apelado al "respeto" a la Justicia para no opinar sobre la ausencia de responsabilidades penales, pero sí ha hecho hincapié en esa "mala gestión política" del accidente, que "se transformó en una catástrofe medioambiental".

"Curiosamente, algunos de esos responsables políticos incluso ascendieron en su posición y hoy son presidente del gobierno", ha agregado, y ha pedido a Mariano Rajoy que, al menos, "pida perdón" por haber hablado de "los hilillos de plastilina" y de que las playas gallegas estaban "esplendorosas".
Además del "perdón", que a su juicio serviría para "cerrar muchas heridas", el socialista lucense ha pedido que se "aprenda" de los "errores" cometidos en la gestión de la catástrofe. "Sobre todo, de esa insensibilidad que se demostró en aquel momento y de esa falta de querer decir la verdad".

Desde su punto de vista, el actual es un momento en el que se requiere "decir la verdad, escuchar y poner soluciones a los problemas", a la vista de que datos del Eurostat revelan que la población en riesgo de pobreza o exclusión social alcanza en España un 30 por ciento. Al margen de lo anterior, el jefe de filas del PSdeG ha demandado también "compromiso" con Galicia y, concretamente, con la Costa da Morte, por parte del Gobierno estatal, tal y como se había anunciado tras la catástrofe. "Se habían comprometido muchísimas infraestructuras", ha rememorado, crítico con que únicamente el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero dio "un impulso importante" al Plan Galicia. Retomarlo sería, como ha dicho, "una forma de pedir perdón".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de AGE:

Para Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a sentenza do Prestige lida na Coruña non é máis ca a consecuencia lóxica dun “xuízo andrómena que remata en fracaso”. Así o manifestou ante, nos corredores do Parlamento de Galicia ante os medios de comunicación, o deputado de AGE Antón Sánchez, para quen, ademais, os verdadeiros e últimos responsábeis da catástrofe non foron xulgados: “Un deles é presidente do Goberno e outro, director da Garda Civil”. Referíase a Mariano Rajoy, daquela ministro de Interior, e a Arsenio Fernández de Mesa, daquela delegado do Goberno español en Galiza. O proceso vén de se saldar cunha condena leve ao capitán Mangouras e absolución do Estado de calquera culpa.

En calquera caso, a absolución de todos os implicados ratifica outra das cuestións expresada por Sánchez: “A xustiza que chega once anos despois non é xustiza”. Tampouco se tomaron as medidas de protección das costas que expertos e cidadanía do común reclamaron, na rúa e nas institucións. “Non se fixo nada para que algo cambiase e un accidente así non volva suceder”, engadiu. Esta xustiza de baixa intensidade, que chega cunha década de atraso, só serve para lle lavar a cara aos poderosos e aos responsábeis dunha das maiores catástrofes ambientais da historia do país.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación del BNG:

Nada máis rematar a lectura do fallo do Prestige, que exculpa o Estado español da catástrofe, o secretario de Organización do BNG, Bieito Lobeira, puxo de manifesto, en declaracións aos medios, que o “13 de novembro de 2013, once anos despois da catástrofe do Prestige, podemos comprobar como o pobo galego, ademais de estar por diante do Goberno español e das Administracións, está por riba dun aparello xudicial que emite unha sentenza inxusta, lamentábel e pobre xuridicamente, unha sentenza feita ao ditado dos intereses poder político e do Partido Popular”.

O secretario de Organización do BNG, que presenciou a lectura da sentenza acompañado do membro da Executiva Nacional, Rafa Vilar, e do portavoz do BNG no Concello da Coruña, Xosé Manuel Carril, cualificou de contraditoria a sentenza, “pois vén admitir que, á marxe do director da Mariña Mercante, as decisións claves foron adoptadas por parte dos máis altos responsabéis políticos que, lamentabelmente, non estiveron sentados no banquillo dos acusados”. Nesta liña, advertiu de que as decisións adoptadas polos altos cargos políticos do PP non foron contrastadas a nivel técnico nin medio ambiental e subliñou que, con esta sentenza, “estes altos cargos políticos vanse ver avalados para volver tomar as mesmas decisións en caso de que se produzan feitos semellantes”.

Bieito Lobeira sinalou que, 11 anos despois da catástrofe do Prestige, decisións claves para Galiza, como as relativas ao salvamento marítimo, “seguen a ser adoptadas desde Madrid e non desde o noso país” e defendeu que “Galiza ten que ter poder político e competencias para xestionarmos desde aquí os nosos propios problemas, máxime tendo en conta que somos o país con maior taxa de sinistralidade por mareas negras de toda Europa”.

A continuación, o secretario de Organización do BNG, que acusou o sistema xudicial de utilizar a Mangouras como “o auténtico cabeza de turco, empregando o manual de Angrois en que se culpa o maquinista do grave accidente”, enxalzou a loita do pobo galego. Así, fixo un recoñecemento expreso ao conxunto do pobo, que “tivo un comportamento exemplar e que deu unha lección de dignidade, enfrontando os efectos máis inmediatos do desastre do Prestige” e salientou a “loita e reivindicación constantes durante meses para reclamarlle aos responsábeis políticos do accidente xustiza para o noso país”. “O conxunto do pobo galego demostrou estar moi por riba dos responsábeis políticos tanto en Galiza como en Madrid, e iso é algo que desde o BNG queremos agradecer e recoñecer expresamente”, engadiu.

Tamén puxo en valor o papel desenvolvido pola plataforma Nunca Máis, alma mater do movemento cidadán de loita e reivindicación, que se concentrou na mañá de hoxe ás portas do TSXG. Afirmou que “o seu labor incansábel fixo posíbel que, cando menos, se sentara no banquillo dos acusados un dos responsábeis directos da toma de decisións, como López Sors”. “Non están nin moito menos os que son, pero se López Sors estivo no banquillo dos acusados foi grazas á loita reivindicativa de Nunca Máis, que chegou a ser virulentamente cuestionada e mesmo calumniada por diferentes personaxes do PP”, apuntou.

Por último, Bieito Lobeira salientou que “a xustiza, para ser xusta, non pode tardar nada menos que once anos e ditar sentenza por uns feitos que conmocionaron o noso país e que causaron unha catátrofe medio-ambiental sen precedentes, así como unhas gravísimas consecuencias económicas, en particular no sector pesqueiro”.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de Adega:

Un xuízo no que nen sequera se dirimiron as responsabilidades políticas de todos os que pola súa incompetencia, accións ou omisións converteron un grave accidente marítimo na maior catástrofe ambiental da historia de Galiza, é de todo menos xusto.

E o feito de dilatarse a instrución por mais de 10 anos e fallarse 11 despois, exonerando ao único cargo institucional de calquera responsabildade na catástrofe, fai que ademais o xuízo sexa unha farsa: Unha farsa aldraxante.

Cais van ser pois as consecuencias deste xuizo e deste fallo? Pois que encher os mares dechatarras ambulantes e mandar petroleiros ao quinto pino, sae de balde. Impunidade para as petroleiras e impunidade para os responsábeis políticos.

Cando menos, e como argumentou a Plataforma Nunca Máis da que fai parte ADEGA, conseguiuse denunciar internacionalmente a impunidade e expoñer á luz pública as vergoñas dunha administración indolente, sinalando aos verdadeiros culpábeis "in absentia": Rajoy, Álvarez-Cascos, Cañete, Matas, De Mesa, López Veiga... Porén, o único imputado do gabinetes de Aznar e Fraga, López Sors, agora absolto nen sequera asumíu a responsabilidade dos seus actos e mesmo recuncou na delirante teoría do alonxamento como mal menor, reforzada agora co fallo. Simplesmente indignante.

Tampouco se conqueríu que a sociedade galega, cuxo comportamento emxemplar diminuíu os efectos da catástrofe, vira compensados unha parte dos enormes danos ecolóxicos e económicos causados polo fuel. Á vista do fallo, semella claro que dos máis de 4.300 millóns de € reclamados por danos non se recuperará nin unha pequena parte. Xa os pagamos entre todos dos nosos petos!

Dúas probas claras da indolencia e o desleixo institucional coa catástrofe e as súas consecuencias, que amosan a posibilidade de que outro Prestige poderase repetir son:
-O plano de continxencias contra a contaminación mariña de Galiza, o plano CAMGAL, aprobado polo gabinete Feijóo en 2012, nen fixa portos refuxio, nen ten en conta os sentinazos, nen considera a contaminación do mar que vén da terra... E por riba sitúa as bases loxísticas lonxes dos treitos de costa con máis risco e volve deixar as decisións técninas nas mans dos políticos.
-Nas Somozas hai aínda almacenadas (ilegalmente por certo) 10.000 toneladas de refugallos do Prestige aínda sen tratar, agardando a que a Xunta e o estado se poñan de acordo en pagar o seu tratamento...

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de Lonxanet:

La capacidad de reacción de la sociedad civil y la carencia de la misma que padece la Administración pública. Es la consecuencia que se extrae once años después de que el Prestige zozobrase para terminar en el fondo de la costa gallega provocando la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

Aquel noviembre de 2002 descubrimos, redescubrimos, que estamos en la sociedad del riesgo. Hace once años la ciudadanía mostró su madurez mientras quienes debían tomar decisiones echaban balones fuera esperando una sentencia que, más de una década después, les sonríe. No hay culpables. Todo se hizo bien. Sin embargo, paradójicamente, todo salió mal.
Han pasado once años desde que el Prestige, un buque monocasco griego, con bandera de Bahamas y cargado con 77.033 toneladas de fuel, dio la alerta a 28 millas del cabo Finisterre tras descubrir una fisura en uno de sus tanques consecuencia de un fuerte temporal. Eran las 15.10 horas del miércoles 13 de noviembre de 2002 y el barco, procedente de San Petersburgo y con destino Gibraltar, habría pasado su última revisión seis meses antes. Comenzó entonces una de las mayores catástrofes ecológicas, sociales y económicas ocurridas en España.

Tras recibir el SOS del Prestige, las autoridades ordenaron su remolque rumbo a Cabo Verde, lejos de la costa gallega. Seis días después, el 19 de noviembre de 2002, el petrolero se partió en dos y se hundió a 246 kilómetros de Fisterra después de que Salvamento Marítimo rescatase a los 27 tripulantes de la embarcación. La pérdida de fauna, el perjuicio a los ecosistemas, el cese de la actividad pesquera y el sentir ante una marea negra que se llevaba todo por delante no tendrían rescate posible.

De 2002 a 2013 no ha habido más cambio que el de una costa teñida de negro chapapote que, gracias a los miles de voluntarios, ha ido recuperando su apariencia. Apariencia como la de quienes en aquellos días de noviembre salieron de cacería o confundieron la catástrofe con “hilillos” de plastilina. El resto, sigue igual. La impunidad de las decisiones erradas continúa sobre la mesa, aunque ahora goza del sello del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Pocos recursos caben contra la nada, sería como protestar contra un muro, como intentar corregir un documento en blanco que se presume Justicia sobre la negra realidad.