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El expresidente de Pescanova, Fernández de Sousa, demanda a la empresa por despido improcedente tras 40 años en la firma

Mientras que la presidenta de la CNMV avalaba la idoneidad de mantener la firma Pescanova aunque la empresa tuviera un menor tamaño, el expresidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa, presenta una demanda por despido improcedente tras 40 años de trabajo en la multinacional pesquera gallega.

Fernández de Sousa y la firma gallega, en la que ha trabajado desde 1977, celebraron ya un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, que terminó sin acuerdo y en el que el expresidente de Pescanova defendió su condición de trabajador de la compañía durante 37 años. Este acto es la consecuencia de la presentación de la demanda interpuesta por el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra la compañía gallega por despido improcedente, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la pesquera.

Fernández de Sousa, que cuenta con un 7,515% del capital de la gallega, presentó su dimisión como presidente de la compañía el pasado 17 de julio después de conocerse el informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de la pesquera española, que revelaba que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva. Al día siguiente de presentar su renuncia, el expresidente de Pescanova aseguraba no que no recibiría indemnización alguna ni tendría derecho a paro, al no tener cláusula de blindaje "de ningún tipo", después de 37 años al servicio de la compañía gallega, en la que, según señaló, dejó de percibir su sueldo dos meses antes, concretamente desde mayo.

Deloitte, administrador concursal de la firma, dejó de abonar la retribución de Fernández de Sousa como director general de la firma, retribución que compatibilizaba con la derivada de su condición de miembro y presidente del consejo de administración, tal y como recoge el informe concursal. El expresidente de la firma gallega percibió en 2011 en su condición de consejero ejecutivo un total de 989.000 euros, frente a los 693.000 euros de un año antes y a los 620.000 euros que cobró en 2009, lo que supone un incremento de casi un 60% en tres años, según consta en los informes de gobierno corporativo de la pesquera correspondientes a dichos años.

La compañía gallega, con una deuda de 3.674 millones de euros, está inmersa en reuniones con la banca para lograr que el convenio de acreedores esté listo en los próximos dos meses, una vez que que se concluya el plan de negocio que elabora la consultora PwC, que podría estar listo a finales de esta semana, en el que se determinará la deuda soportable y las necesidades de liquidez de Pescanova. Según las primeras conclusiones de dicho plan, que se presentará en el consejo de administración la próxima semana, Pescanova cuenta con capacidad para seguir adelante "sin liquidarse, ni trocearse", sin necesidad de ajustar su estructura en España, y en el caso de que fuera necesario, con la venta de activos o filiales en el extranjero no estratégicas.

El convenio de acreedores para hacer frente al 'agujero patrimonial' de 1.667 millones de euros de la firma gallega combinará la quita de deuda, la capitalización de pasivo y la entrada de nuevos socios. "Las tres palancas que se van a utilizar se centran en la entrada de dinero fresco con nuevos socios, la capitalización de pasivo en acciones y la quita", han explicado fuentes cercanas a la negociación. Las mismas fuentes han asegurado que la compañía dispone de liquidez para aguntar hasta final de año, sin que existan tensiones de tesorería, ya que la firma está exigiendo incluso a sus clientes el pago al contado y el pago aplazado a proveedores con el fin de "proteger" su liquidez.

Reacciones políticas a la situación de Pescanova

La conselleira de Facenda de la Xunta de Galicia, Elena Muñoz, ha apostado por "mejorar" los actuales sistemas de control y auditoría, para "aprender de lo ocurrido" y "evitar que vuelvan a suceder situaciones similares" a la de Pescanova, actualmente en proceso concursal, con una deuda superior a los 3.600 millones de euros, y cuyo auditor (BDO) avaló sus cuentas. A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, la conselleira, que ha asistido a la inauguración de unas jornadas sobre auditoría en Vigo, ha recordado que las entidades auditoras realizan su trabajo, tanto en el ámbito público como privado, "desde la máxima transparencia e independencia". No obstante, ha reconocido: "si hay cualquier distorsión o problema, todos nos preguntamos qué es lo que lo ha podido causar y si se pudo hacer algo para detectarlo".

La conselleira ha recordado que los órganos de control y auditoría están actualmente inmersos en una reforma a nivel europeo que, a su juicio, debe servir para "recuperar la confianza en la calidad y claridad de las auditorías". "Hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de mejorar nuestros sistemas de control y de auditoría (...), es procedente ese análisis para aprender de lo ocurrido y evitar que vuelvan a suceder situaciones similares", ha concluido.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha asegurado que el "ritmo" de la investigación de Pescanova es diferente al del caso de Bankia, al tiempo que ha aprovechado para abogar por que la multinacional pesquera pueda seguir adelante aunque sea una dimensión "más pequeña". "Es una marca española que merece la pena", ha defendido.

Rodríguez prevé tener resuelto en el plazo de un mes el expediente que determinará si una serie de inversores institucionales extranjeros realizaron ventas al descubierto en Bankia en los días anteriores a la macroampliación de capital de mayo para el canje de híbridos en acciones de la entidad. En declaraciones a los medios tras clausurar unas jornadas sobre inversión colectiva organizadas por Deloitte e Inverco, la presidenta de la CNMV ha admitido la dificultad de determinar quien fue el responsable último de lo que apunta a operaciones al descubierto, habida cuenta de que están implicadas entidades extranjeras.

Elvira Rodríguez ha subrayado que la investigación está resultado "especialmente prolija" ante la necesidad de consultar a casi todos los supervisores europeos y a la propia autoridad europea, la ESMA. "Se va a lanzar un mensaje al mercado de que quien no cumple la normativa tiene sus consecuencias". Las operaciones al descubierto consisten en la venta por parte de un inversor, y en un lapso temporal corto, de títulos que no tiene en propiedad, sino que toma prestados (al descubierto) a cambio de una comisión apostando que van a caer para después proceder a su recompra y anotarse la ganancia.

R., 2013-10-29

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Notas

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