miércoles, 30 de septiembre de 2026
La Abogacía del Estado reclama indemnizaciones por valor de 2.152 millones de euros por los daños causados por la catástrofe del Prestige, según ha indicado, en sus conclusiones durante el juicio por el siniestro, el abogado del Estado, Javier Suárez, quien ha remarcado que "hay instrumentos para exigir responsabilidad ilimitada" a la propietaria del buque, Mare Shipping.
El abogado del Estado ha leído las conclusiones en materia de responsabilidad civil, después de que el pasado jueves se centrase en las reclamaciones penales, cuando solicitó 6 años de cárcel para el capitán del buque, Apostolos Mangouras, y seis meses para el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos. En la lectura de sus conclusiones, el abogado del Estado ha justificado las reclamaciones en 1.213 millones de euros por el daño medioambiental, 128 para compensar los paros de actividad por el accidente, mientras que 812 millones corresponden a los daños a España.
El abogado del Estado ha señalado que hay "instrumentos" al alcance de la Justicia para exigir una "responsabilidad ilimitada" a la propietaria del buque, al tiempo que ha cifrado en mil millones de dólares el límite de la indemnización, en base a lo establecido en la póliza que Mare Shipping suscribió con una aseguradora London P&I Club por el buque. "El límite sería el convencionalmente establecido en la póliza", ha asegurado Javier Suárez, que apuesta por aplicar el Código Penal español o el Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992, al que España está suscrito, con el objetivo de lograr las indemnizaciones.
La Abogacía del Estado ve "razonables" y "viables" las dos interpretaciones y, al igual que la Fiscalía, entiende que la condena a Mangouras es la única alternativa para conseguir que la armadora haga frente al pago de la indemnización. Ya había criticado que la armadora pretendiese "librarse de toda responsabilidad" por los 22 millones de euros que depositó en el Juzgado de Corcubión, cantidad establecida, de acuerdo con el tonelaje del barco y el potencial daño, por el Convenio de Responsabilidad Civil por Derrame de Hidrocarburos de 1992.
El abogado de la Xunta, Fernando Juanes, ha reclamado 1,2 millones para paliar los gastos derivados del tratamiento de las 10.000 toneladas de vertido pendiente de tratar en la planta de Sogarisa, mientras que en el resto se subroga al Estado. En la lectura de sus conclusiones, el letrado de la administración autonómica ha confiado en que la "justicia haga un esfuerzo para que estas conductas no se vuelvan a producir" y que el caso del 'Prestige' "sirva de aviso para navegantes".
El grupo ecologista 'Arco Iris' ha reafirmado la solicitud de pena de 7 años para el capitán del buque, Apostolos Mangouras, mientras que para el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, la condena que reclama es de cuatro años y medio de cárcel. El letrado Manuel Meiriño, que representa a 'Arco Iris', ha presentado sus conclusiones definitivas y ha señalado que no acusan al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, aunque ha advertido que cuando alguien ocupa un puesto de esa envergadura "tiene que asumir sus responsabilidades".
A Xunta iniciou hoxe nas residencias de maiores a campaña de vacinación fronte á gripe, que incorpora a vacina reforzada desde os 65 anos e busca chegar a 926.000 persoas de máis de 60 anos. En Galicia hai 926.000 persoas de 60 ou máis anos como poboación diana para a vacinación fronte á gripe, e ao redor de 549.000 maiores de 70 anos, que é a poboación diana para a que está indicada a inmunización fronte á covid. A campaña prolongarase ata o 31 de decembro, desenvolvéndose de xeito progresivo nos distintos colectivos e grupos de idade. Así, logo do arranque de hoxe nas residencias de maiores e centros de discapacidade, o vindeiro día 13 de outubro incorporarase a vacinación infantil nos centros de saúde e nos 75 colexios.
O informe de balance do programa de axudas para a Atracción de Empresas a Galicia, unha liña xestionada pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape que se consolida como un piar estable dentro da estratexia económica do Goberno galego, reflicte que entre os anos 2024 e 2026, este programa permitiu a concesión de 74,08 millóns de euros en subvencións públicas, unha contía que impulsou a posta en marcha de 96 proxectos empresariais e que xerará un impacto económico total de 256,75 millóns de euros en mobilización de investimento privado.
