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Aprobadas en el Parlamento la Ley de Cámaras de Comercio de Galicia y la Ley de Seguridad Industrial

El Parlamento gallego aprueba con los votos favorables del PPdeG y PSdeG y la abstención del BNG la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Galicia que prevé que una cámara con problemas financieros, que se reproduzcan en el tiempo, podría
ser extinguida para integrase en otra más eficiente en su gestión económica.
La nueva normativa prevé la creación de un Consello Galego de Cámaras como órgano de representación, coordinación e impulso de las actuaciones mancomundas de estas entidades. Dicho Consello funcionará como órgano consultivo y colaborará con la Xunta.

Asimismo, la ley regulará el tutelaje de la Xunta sobre las cámaras de comercio de tal forma que la administración dispondrá de facultades de fiscalización, resolución de recursos y decisión de suspender provisionalmente o disolver definitivamente los órganos de gobierno cuando se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico o su imposible funcionamiento normal. Además, prevé que una cámara con problemas financieros, que se
reproduzcan en el tiempo, podría ser extinguida para integrase en otra más eficiente en su gestión económica.
A esta ley fueron presentadas 95 enmiendas socialistas -de las
cuales fueron rechazadas 17-, 44 nacionalistas -se rechazaron 12- y 7 populares -todas aprobadas-.
Durante el debate del dictamen de la ley, PPdeG, BNG y PSdeG coincidieron en destacar el trabajo satisfactorio de los portavoces de los tres grupos y resaltaron el importante grado de consenso alcanzado en la redacción de esta normativa. Así, la popular Inmaculada Rodríguez subrayó que se consensuó al máximo el texto legislativo con un espíritu constructivo, independiente de posturas políticas. En el mismo sentido se expresó el nacionalista Domingos Merino, quien subrayó que el trabajo de la comisión redactora de la ley fue satisfactorio porque hubo una postura abierta por parte de todos. Así, destacó que la nueva normativa servirá para potenciar los productos, el comercio y el turismo de Galicia, aunque criticó el excesivo intervencionismo de esta normativa, motivo por el cual explicó la abstención de su grupo en la votación del dictamen final de esta ley.
La socialista Natividad González Laso también apostó por reducir el carácter intervencionista de la ley para darle más transparencia a las cámaras de comercio gallegas. Sin embargo, el PSdeG votó favorablemente al dictamen final para fortalecer el funcionamiento de las entidades camerales, con el fin de que sean un instrumento verdaderamente útil para defender los intereses de sus asociados y para impulsar la Galicia emoprendedora.
La diputada del PPdeG, Inmaculada Rodríguez descartó la existencia de intervencionismo y precisó que no se exige nada nuevo de lo que se exige a otras empresas, dijo en relación a la petición de
informes, memorias o datos de auditoría.
Ley de Seguridad Industrial
Por otra parte, los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad en el Pleno de la Cámara gallega la Ley de Seguridad Industrial de Galicia con la que se pretende eliminar riesgos y aumentar al protección en las instalaciones y productos industriales con el objeto de evitar
incidencias que puedan provocar lesiones o daños a las personas, bienes y medio ambiente.

Esta normativa pretende limitar los riesgos e incrementar la protección contra los accidentes laborales que pudiesen afectar a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Así, se llevará a cabo una actuación preventiva y se ejecutarán programas de inspección en
todo tipo de instalaciones, ya sean grandes empresas, edificios públicos u hogares particulares.
Además de las inspecciones ordinarias y las extraordinarias -en caso de denuncia o accidente-, la nueva ley también exige un plan anual o bianual de inspección para controlar las actividades, productos e instalaciones industriales y exigir responsabilidades si fuese necesario. La normativa aprobada establece que en casos de infracciones graves, las multas podrán comportar el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad por un plazo no superior a un año y la retirada de los carnés de instalador. En el caso de infracciones muy graves, recoge la posibilidad de cierre o suspensión de actividad por un período no superior a cinco años o incluso la clausura definitiva, total o parcial, de la industrial o de la actividad. El sistema para controlar la seguridad industrial se basará en la intervención administrativa en la instalación, ampliación y el traslado de las actividades industriales, así como en un registro de estos establecimientos y otro que incluya las actividades de más riesgo. Este marco normativo también crea el Consejo Interdepartamental de Seguridad Industrial, en el que estarán representados los órganos competentes en materia de industria, trabajo, sanidad, medio ambiente y protección civil.
El diputado del PP Manuel López Outeiral elogió el grado de consenso alcanzado en la aprobación de esta ley, de un cien por ciento con el PSdeG tras la aceptación, transacción y retirada de las enmiendas presentadas por los socialistas y de difícilmente superable con el BNG que apoyó finalmente la normativa a pesar de mantener dos enmiendas. Los grupos parlamentarios de la oposición justificaron el apoyo a esta normativa por considerarla positiva y necesaria para Galicia, aunque ambos coincidieron en advertir que llega tarde, con retraso y con prisas desaforadas por parte del PP, según el diputado del BNG Xosé Díaz, quien consideró que esto evitó su perfeccionamiento. El diputado del PSdeG Ricardo Varela agradeció la disposición favorable del PP al aceptar y transaccionar parte de las enmiendas presentadas por el grupo socialista y justificó el respaldo a esta normativa porque debe contar con el impulso más amplio de la Cámara gallega.