El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, ha presentado estas cifras de ahorro al ser preguntado en comisión parlamentaria sobre el ahorro que ha supuesto la Ley de medidas temporales en el empleo público por el diputado del BNG Alfredo Suárez Canal, quien ha acusado al Gobierno gallego de estar "buscando un titular", al ofrecer datos que no se corresponden con la vigencia de la normativa.
En respuesta a las diferentes cuestiones del nacionalista, el alto cargo de Facenda ha destacado que esta normativa ha permitido "un ahorro importante" en el capítulo de gasto de personal, al tiempo que ha evitado que la Xunta baje las retribuciones a sus trabajadores "como sí han hecho otras comunidades". Aunque no ha podido precisar el ahorro logrado con la no cobertura de estas bajas, ha aseverado que es "sensible"; al tiempo que ha negado que se hayan dejado de sustituir por completo. Como prueba, ha apuntado que en marzo se produjeron más de 10.000 sustituciones, excluyendo el Servizo Galego de Saúde. En cuanto a las jubilaciones, ha indicado que todavía no existe ahorro, toda vez que este aspecto de la ley "aún no está totalmente desarrollado". A mayores, ha asegurado que no se ha reducido la jornada de forma "forzosa" a "ningún" trabajador público.
Suárez Canal, por el contrario, ha atribuido este hecho a la "importante contestación social" que tuvo esta medida, incluida en la memoria del texto normativo con una previsión de ahorro de "10 millones de euros", y ha dado por hecho que se producirá "después de las elecciones autonómicas". "Tienen una manera de legislar un poco fraudulenta". Tras censurar los recortes en el Fondo de Acción Social que incluía "ayudas para los más desfavorecidos", ha afirmado que sí se recortaron salarios: "a 309 personas que estuvieron enfermas", ha sentenciado, aludiendo a la cifra citada por el director xeral. El diputado del Bloque ha concluido que la ley de ajustes a los funcionarios sirvió para "recortar derechos y nóminas a los enfermos"
En la misma comisión, Barreiro ha dado respuesta a una pregunta del diputado socialista José Manuel Lage sobre la creación de una plaza de "portero mayor" para la residencia oficial del presidente de la Xunta mientras "se recorta en promotores de empleo, personal sanitario o profesores".
El director xeral ha explicado que un portero mayor en el ámbito administrativo no cubre las mismas funciones que "en una finca privada", sino que se refiere a la persona que ocupa la plaza más alta del grupo E.
Puntualizado esto, ha detallado que la nueva plaza procede de la reconversión de una de subalterno para hacerse cargo del turno de tarde. "No supone aumento de personal", se ha defendido, para apostillar que el coste implica "90 euros más al mes" para un trabajador que percibe "unos 1.000 euros". "Se recorta en servicios públicos, pero el personal de confianza del presidente aumenta", ha censurado el parlamentario del PSdeG, aludiendo así a que este puesto se cubre a través de la libre designación de un funcionario. Los criterios para su contratación son "idénticos" a los fijados en su momento por el bipartito, ha replicado Barreiro.