El director xeral de Administración Local, Norberto Uzal, ha realizado estas declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara después de responder a una pregunta oral en comisión del diputado del PP José Manuel Balseiro sobre la situación del Ayuntamiento de Foz, cuyo pleno rechazó el plan de pago a proveedores presentado por el alcalde. En el caso de este municipio lucense, Uzal aseguraba ante los periodistas que "no está prevista" su intervención, "teniendo en cuenta" que el Gobierno local está "en una serie de conversaciones para aprobar los nuevos presupuestos", en los que podrá "tomar medidas que palíen" la situación.
Pero ha dejado claro que "si no se remedia" lo ocurrido al presentar el plan de ajuste, la situación de reducción de ingresos que vivirá el municipio puede, "evidentemente, abocar a Foz a una situación de intervención". Otro ayuntamiento en circunstancias similares es el de Ponteareas (Pontevedra), ha señalado, al tiempo que ha admitido que hay "más". "En algunos, porque no se aprobó el plan de ajuste y en otros, porque el Gobierno no informó favorablemente ese plan", ha explicado, excusando no contar con todos los datos.
El Gobierno gallego ya había admitido hace semanas que estudia la situación financiera del ayuntamiento ourensano de Os Blancos, ante la solicitud del alcalde de una intervención por parte de la Xunta. Sin querer hablar de quiebra, este martes Norberto Uzal ha recordado que el Estado "hizo los deberes" y diseñó "una iniciativa loable" con la que se daba a los ayuntamientos la posibilidad de "asumir la deuda a través de un endeudamiento a 10 años". De este modo, además, se facilitaría "el pago inmediato a proveedores" y se viabilizaría "la situación del ayuntamiento a medio-largo plazo". "Sin el plan, es mucho más difícil la liquidación de las deudas", ha evidenciado Uzal.
La consecuencia de no haber sacado adelante el citado plan de ajuste es la retención de la mitad de las transferencias estatales "porque la deuda la asume el Estado y se va a pagar igual". "Así se pagará en unas condiciones más duras, que van a conllevar dificultades en la prestación de los servicios públicos y un esfuerzo mucho más fuerte, que pondrá en peligro el pago a los proveedores o de las nóminas".
Estos fueron los argumentos que utilizó en la comisión parlamentaria para dar respuesta a Balseiro, quien le pidió "una valoración" de la situación de Foz después de que los grupos que conforman la oposición -PSdeG, BNG y Unifoz- rechazasen el plan de ajuste presentado por el alcalde, que gobierna en minoría. El director xeral ha criticado la "irresponsabilidad" de la oposición y "sobre todo, del PSOE", que gobernaba con anterioridad el municipio y "dejó más de un millón de euros en facturas sin pagar".
También ha atribuido la posición política de los socialistas de Foz a que "no quieren reconocer la deuda que dejaron" pese a que la reducción a la mitad de las transferencias estatales "puede colocar al ayuntamiento al borde de la suspensión de pagos". Ante las críticas de PSdeG y BNG a su "falta de respeto a la autonomía local", Uzal ha admitido que su decisión de rechazar este plan es "legítima", pero ha considerado que "pudieron presentar una alternativa" o "abstenerse" en la votación.
La Xunta admite que cerró el presupuesto para "cumplir con la estabilidad"
La interventora xeral de la Xunta, Almudena Chacón, ha admitido que el cierre de las cuentas se produjo en septiembre con el objetivo de "cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria", pero ha dejado claro que ello no implica "dejar de pagar" lo correspondiente a aquellos expediente ya iniciados. "No impide la recepción de facturas", ha asegurado. Preguntada en comisión parlamentaria por la diputada socialista María José Caride sobre la decisión de la Xunta de "cerrar a todos los efectos" durante el último trimestre del año 2011, la interventora ha incidido en que el cierre del presupuesto es "un instrumento" para "ordenar las operaciones" y "garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".
Según este "instrumento" se regula que únicamente se satisfará el pago de las obligaciones ya contraídas, pero que las establecidas a posteriori "no pueden ser contabilizadas" y, por ello, serán "objeto de pago en los primeros días" del año siguiente. Preguntada por la parlamentaria del PSdeG, Chacón ha apuntado que la Xunta ha abonado 4.900 millones de euros entre agosto y diciembre del pasado año -el 38% del presupuesto- y que fueron contabilizadas obligaciones de pago en el mismo período por 5.313 millones de euros -el 41% del total-. En el presente año, son 621,2 los millones de euros que se abonaron para pagar facturas del año precedente. Explicado esto, la interventora ha reiterado que el cierre presupuestario sirve para "facilitar la consecución del equilibrio económico-financiero" en las cuentas y que, por ello, es "un instrumento habitual en todas las administraciones públicas".
Dadas las críticas de Caride al "período cada vez más corto" en que mantienen su vigencia los presupuestos desde la llegada de Feijóo a Monte Pío, Chacón ha defendido que se ha ampliado el plazo de recepción de facturas.
También ha indicado que "la entrada en las oficinas contables" tanto de "reconocimientos de obligaciones y propuestas de pago" como de "certificaciones y subvenciones de expedientes iniciados con anterioridad a la fecha de cierre" se ha prolongado "hasta el 30 de diciembre", pese a que el bipartito la mantenía en el 15 de ese mismo mes. Para cerrar su primer turno de palabra, ha reiterado que el cierre sirve para "disciplinar el gasto" sin que ello implique "dejar de pagar". "Garantiza que se paga lo comprometido a esa fecha y que no se inician nuevos expedientes de gasto", ha concluido, excluyendo de ello "partidas mayoritariamente de gasto social" como el pago de la renta de inclusión social o la farmacia hospitalaria, entre otras.
Sus explicaciones no satisficieron a la diputada socialista, quien ha interpretado que la Xunta "echó la llave" con el único objetivo de "cuadrar las cuentas". Y, tras señalar que el cierre del ejercicio "impide licitar obra nueva" o crear "nuevos programas de subvenciones", ha juzgado "irresponsable" utilizar esta herramienta "en lo peor de la crisis económica". "En los últimos cinco meses del año sólo pagaron 145 millones de euros de un total de 987, el 14 por ciento del crédito vigente", ha censurado Caride, para quien este hecho evidencia "la total paralización de las inversiones directas" de la Xunta en la segunda mitad del año. "Sin duda, tiene consecuencias en la recesión económica iniciada en el último trimestre", ha opinado la exconselleira, después de recordar que el presidente Feijóo prometió pagar los 1.500 millones de euros de facturas de 2011 aplazadas "entre enero y abril de 2012".
Enfrente, la interventora ha justificado el recurso al cierre de forma anticipada a que "se observa que no se pueden asumir nuevos compromisos si se quieren pagar los ya asumidos en ese momento". "Lo que se pretende es no iniciar nuevos expedientes de gasto". Pese a ello, ha aprovechado para destacar que la Xunta paga en tiempo "un 92,7%" de sus obligaciones reconocidas. "Claramente mejor que en 2007 o 2008", ha remarcado, recordando que el porcentaje en aquellos años rondaba el 85%.
Chacón Pichel ha indicado que "la orden de cierre permite que se pague lo comprometido". "Somos la comunidad con mejor desempeño fiscal en 2011 y, aún así, tenemos elevados niveles de ejecución y, sobre todo, de pago".