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El Constitucional levanta la suspensión del catálogo de medicamentos y destaca el ahorro que supone en un contexto de crisis

El TC ha levantado la suspensión de los artículos 1 a 4 y de las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley de Galicia 12/2010 de 22 de diciembre de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la comunidad. Según consta en el auto del Constitucional, al que tuvo acceso Europa Press, "no puede tomarse en consideración la alegación del Abogado del Estado relativa a la falta de perjuicio que se derivaría del mantenimiento de la suspensión en razón del ahorro producido por la aplicación de determinadas normas estatales o de medidas puestas en marcha por comunidades autónomas distintas de la gallega".

Argumenta que "es evidente que ello, además de suponer la privación del ahorro previsto, en nada afecta a lo discutido en el presente incidente en el que ha de justificarse que es el levantamiento de la suspensión que pesa sobre los preceptos impugnados el que produciría un perjuicio a los intereses generales susceptible de justificar la excepción a la regla general de vigencia de las normas que la suspensión supone". "Es por ello que tal razonamiento carece de entidad para mantener una suspensión que, conforme a nuestra doctrina, sólo cabrá en cuanto suponga la existencia de perjuicios ciertos, efectivos e irreparables, pues, en caso contrario, ha de prevalecer la presunción de validez propia de las leyes", subraya.

El TC alude, además, al ahorro estimado cifrado por los servicios competentes de la Xunta -tomando en consideración el período de tiempo en el que el catálogo permaneció vigente- "en unos nueve millones de euros mensuales", una cifra que considera el tribunal "suficientemente ilustrativa de los efectos que, sobre la reducción de la denominada factura farmacéutica y la correlativa sostenibilidad del sistema público sanitario, puede producir la aplicación de la disposición ahora suspendida". Los considera un "efecto tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera que está actualmente afectando al país y que ha motivado la adopción de un variado elenco de medidas de contención y racionalización del gasto público, a algunas de las cuales ya hemos aludido".

En cuanto al perjuicio que, de levantarse la suspensión de los preceptos impugnados, sufriría la libertad de prescripción del facultativo, el TC indica que "baste para descartarlo con destacar los informes aportados al presente proceso, en particular el elaborado por la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en el que se pone de manifiesto la falta de objeciones que, desde la perspectiva de la deontología profesional, suscitan medidas del tenor de las cuestionadas en el presente proceso". "Conviene resaltar, además, que esa libertad de prescripción no es absoluta sino que está, en el Sistema Nacional de Salud, limitada por una previa decisión administrativa en torno a los medicamentos financiables en su seno, debiendo, en un sistema sostenido con fondos públicos, ajustarse a las normas reguladoras de la concreta prestación de que se trate", expone el TC.

Sobre los perjuicios apuntados en el recurso, el TC considera que las afirmaciones del Abogado del Estado "no van acompañadas de soporte o justificación documental alguna". "Razón por la que debemos considerar de aplicación aquí nuestra doctrina, según la cual las alegaciones de las partes en este incidente no deben entenderse sólo como un trámite de carácter formulario o un derecho que a las partes se confiere y que éstas pueden ejercitar como estimen oportuno, sino que ha de constituir carga que se les impone, especialmente al promotor del conflicto, de suerte que si ello no se efectúa o las razones que esgrime no son convincentes, habrá de desaparecer la suspensión excepcional creada por el automatismo", alega.

El pasado 4 de febrero el Consejo de Ministros decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Parlamento gallego que establece el catálogo de medicamentos, al considerar que "recorta derechos" a los ciudadanos de la comunidad. El recurso fue admitido a trámite un mes después por el TC, quedando en suspenso la aplicación del catálogo gallego.

El TC ha levantado la suspensión del acuerdo del Consello de la Xunta por el que se aprueba el catálogo priorizado de productos farmacéuticos de Galicia hecho público el 30 de diciembre de 2010, así como de las actuaciones determinantes de la aprobación del mismo y del propio catálogo priorizado de productos farmacéuticos. Sobre este conflicto de competencia del Ejecutivo contra el acuerdo del Consello de la Xunta por la que fue aprobada la medida, el TC incide también en los argumentos de ahorro y en la sostenibilidad del sistema sanitario en el contexto de la crisis económica y señala que "no pueden tomarse en consideración los alegatos del Abogado del Estado relativos a la falta de perjuicio que se derivaría del mantenimiento de la suspensión en razón del ahorro producido por la aplicación de determinadas normas estatales o de medidas puestas en marcha por Comunidades Autónomas distintas de la gallega". Apunta que "es evidente que ello, además de suponer la privación del ahorro previsto, en nada afecta a lo discutido en el presente incidente en el que ha de justificarse que es el levantamiento de la suspensión el que produciría un perjuicio a los intereses generales susceptible de justificar la excepción a la regla general a la vigencia de las normas que la suspensión supone". "Por ello, tal alegato carece de entidad para mantener la suspensión de las actuaciones aquí discutidas", concluye.

Farmaindustria confía en que la sentencia del TC sobre el "cataloguiño" reconozca que "vulnera competencias del Estado"

Farmaindustria está convencida de que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión cautelar del catálogo de medicamentos gallego, al que llaman "cataloguiño", no afectará al fallo final que tendrá que adoptar este organismo con respecto a esta medida presentada por la Xunta de Galicia, y confía en que "la sentencia reconocerá claramente que se han vulnerado las competencias del Estado". Así lo han asegurado los principales dirigentes de la patronal de la industria farmacéutica tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria en Madrid.

Según su presidente, Jordi Ramentol, el hecho de que el TC haya levantado la suspensión "no irá en menoscabo de la decisión final que debe adoptar", si bien reconoce que no sabe si está tardará "meses o años". "Todavía debe haber una sentencia" cuyo fondo, asegura, "no se verá afectada por esta decisión" ya que, "más allá de lo que alegue el Gobierno gallego, este cataloguiño no es bueno para el sistema ni los pacientes, ya que afecta a la cohesión del sistema, la equidad de los ciudadanos, pone limitaciones a la prescripción del médico", asegura Ramentol.

Farmaindustria confía en que no haya otras comunidades que "inicien el mismo camino" y adopten medidas similares, ha añadido el director general Humberto Arnés, ya que "si vulnera las mismas competencias, el Ministerio volvería a recurrirlo, con casi la certeza de que en meses o años, el fallo va a ser en la dirección que marcan las leyes, y es que el catálogo de medicamentos lo establece el Gobierno central y es válido para todas las comunidades". Para evitar que esto se produzca, la patronal de la industria se reunió recientemente con el presidente del PP, Mariano Rajoy, a quien piden "sentido de Estado" para "garantizar la cohesión y equidad, y mejorar la imagen del país hacia fuera para atraer inversión en investigación, innovación y tejido productivo".

El catálogo gallego "afecta a la cohesión y equidad" de la sanidad española y esto, según Ramentol, "da una imagen bastante negativa del país hacia fuera". No obstante, asegura que "el PP tiene políticos inteligentes para ver que, en este momento, se debe apostar fuertemente por el futuro y la riqueza del país".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O Tribunal Constitucional vén de levantar a suspensión dos artigos 1 e 4 e das disposicións adicionais primeira e segunda da Lei 12/2010, de 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica de Galicia. Polo tanto, o Catálogo priorizado de medicamentos de Galicia volve a estar en vigor.

Así o anunciou a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas Abadía, quen asegurou que “os galegos e os profesionais da sanidade pública de Galicia deben sentirse orgullosos porque hoxe máis que nunca se demostran como exemplo de sostenibilidade do sistema sanitario español.”

A conselleira salientou que esta decisión do Tribunal Constitucional permitirá que o Catálogo siga a cumprir o seu obxectivo: xestionar mellor os recursos de Galicia e protexer a sostenibilidade financeira da sanidade pública mantendo, sempre, as mesmas coberturas terapéuticas que o resto de España.

“Este levantamento da suspensión por parte do Tribunal demostra que a Xunta tomou sempre decisións poñendo por riba a defensa dos intereses públicos dos nosos cidadáns e non de intereses particulares das multinacionais farmacéuticas” asegurou Pilar Farjas, que engadiu que “Galicia camiña incuestionablemente pola senda da protección da sostenibilidade financeira da sanidade pública con rigor, razón e responsabilidade; e demostra que, cando hai decisión, é posible tomar medidas responsables a tempo.”

“Na grave crise que vive España, tomar medidas coma estas é defender a sanidade pública, é blindar os servizos e é protexer as prestacións e realizar as novas infraestruturas tan necesarias para o noso sistema de saúde”, asegurou na súa intervención a responsable da carteira sanitaria do Executivo autonómico.

Así, sinalou que dende o primeiro momento os galegos entenderon a necesidade de que ante dous medicamentos que curan o mesmo, “o responsable é optar polo máis eficiente, e non despilfarrar o diñeiro público”.

Por iso, agradeceu a demostración de responsabilidade, colaboración e implicación exemplar realizada polos pacientes -“solicitando medicamentos xenéricos e consumíndoos coa responsabilidade de saber que están protexendo a súa sanidade pública”- e os profesionais sanitarios, que seguiron prescribindo a alternativa máis eficiente.

Para tomar a súa decisión, o Tribunal Constitucional ponderou dunha banda os intereses -tanto xerais como particulares- dos posibles afectados e doutra os prexuízos de “imposible ou difícil reparación” que puidesen derivarse do mantemento ou levantamento da suspensión.

Neste sentido, e segundo o auto do Tribunal Constitucional, o Avogado do Estado non achega ningunha proba de que coa aplicación do Catálogo se produza un risco para a protección da saúde; nin se teñen achegado datos que permitan considerar que a súa aplicación produza unha redución da calidade e eficacia da prestación farmacéutica:

“Non se teñen achegado datos que permitan inferir que a aplicación dos preceptos impugnados produza (...) unha redución da calidade e eficacia da prestación farmacéutica tal como a mesma se define polo lexislador estatal”

Este organismo afirma tamén que a posibilidade de substituír un medicamento prescrito por outro atendendo ao seu prezo está establecida na Lei 29/2006 de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios:

“a eventual modificación do concreto medicamento prescrito xa deriva implicitamente da propia normativa estatal, da que se desprende tanto a preferencia da prescrición por principio activo como a posibilidade de substitución dun medicamento por outro, atendendo a consideracións de prezo, tal como no propio réxime de financiamento das especialidades farmacéuticas do Sistema Nacional de Saúde se atopa establecido na Lei 29/2006.”

Así mesmo, sobre o suposto prexuízo para a liberdade de prescrición dos facultativos, o auto establece que bastan para descartalo os informes achegados ao proceso, en particular o elaborado pola Comisión Central de Deontoloxía do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos.

Ademais, segundo o Tribunal Constitucional é indiscutible que a sostenibilidade do sistema sanitario impón a todos os poderes públicos a necesidade de adoptar medidas de racionalización e contención do gasto farmacéutico, pois é un dos principais compoñentes do gasto sanitario e no que máis poden incidir as políticas de control do mesmo. Polo tanto, no seu auto emitido considera que: “o mantemento da suspensión impediría o reinvestimento dos aforros derivados das medidas previstas na Lei 12/2010 na mellora do sanitario público”.

Xa que o aforro estimado calculouse, tendo en conta o período de tempo en que o Catálogo permaneceu vixente, nuns 9 millóns de euros mensuais, “cifra suficientemente ilustrativa dos efectos que, sobre a redución da denominada factura farmacéutica e a correlativa sostenibilidade do sistema público sanitario, pode producir a aplicación da disposición agora suspendida, efecto tanto máis relevante se se toma en consideración o contexto de crise económica e financeira que está actualmente afectando ao noso país e que motivou a adopción dun variado elenco de medidas de contención e racionalización do gasto público”.