miércoles, 24 de junio de 2026
El fiscal superior de Galicia ha decidido abrir diligencias tras recibir los informes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno sobre lo sucedido en los aeródromos gallegos. Ahora será la Fiscalía Provincial de cada aeropuerto la que continúe con el procedimiento penal, sin perjuicio de que toda la información se le remita a las fiscalías del área de Vigo y Santiago. Las fiscalías provinciales deberán preparar un calendario de citaciones para que los 42 trabajadores que ejercen su labor en los tres aeropuertos -28 en Lavacolla, siete en Alvedro y otros tantos en Peinador- puedan ir prestando declaración sin que el servicio aéreo se vea afectado. Con ello, la Fiscalía Superior de Galicia tratará de conocer el "grado de participación" de cada uno de los controladores en el conflicto de estos días y determinar también si alguno de ellos "pudo ser coaccionado por sus representantes sindicales o por otros compañeros para que se uniesen a la protesta".
La Fiscalía gallega considera que, en este caso, se pudo haber vulnerado el artículo 20 de la ley 209/1964 penal y procesual de la Navegación Aérea, referido al delito de sedición.
Los tres grupos reprueban su "motín" y PPdeG y BNG cuestionan también la actuación del Gobierno
Los tres grupos con representación en la Cámara autonómica -PPdeG, PSdeG y BNG- han coincidido en reprobar el conflicto generado por el paro de los controladores aéreos -un auténtico "motín corporativo" en palabras del portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga-, si bien populares y nacionalistas se han mostrado críticos también con la actuación del Gobierno. Así lo manifestaron en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces en la que el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Manuel Ruiz Rivas, cargó contra la actitud "totalmente irresponsable y beligerante" de los controladores, pero también dio por probada la "incompetencia" del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. "El problema con lo controladores no es nuevo, pero se nos vendió que estaba arreglado", recriminó el portavoz popular, antes de poner en duda la idoneidad de impulsar "determinadas medidas" que afectan a este colectivo coincidiendo con el puente y "sin pensar" en las "graves consecuencias" que podría tener una respuesta "irresponsable", como la que "finalmente se produjo".
En este sentido su homólogo en el BNG, Carlos Aymerich, admitió que cuando se produce un problema de este calibre hay que "solucionarlo", pero advirtió de que ahora toca "reflexionar y preguntarse" cómo se ha llegado a esta situación. "La insensible actuación de los controladores no tiene excusa, pero habría que preguntarse por qué el Gobierno esperó hasta el viernes para actuar frente a un problema que no es nuevo", argumentó el portavoz nacionalista. Aymerich alertó de que, "tal y como indica hoy algún medio de comunicación", la declaración de estado de alarma tiene "una escasa cobertura legal", al tiempo que remarcó que la Fiscalía General del Estado no va a actuar por la vía penal militar contra los controladores porque, "con la Constitución en la mano, no puede".
El portavoz nacionalista insistió en que las medidas de excepción son "muy peligrosas" por lo que sólo deben aplicarse "en dosis homeopáticas" y no como mecanismo habitual para hacer frente "a una huelga encubierta". "Es la primera vez que se decreta el estado de alarma en 32 años de democracia y hubo un 'Prestige' y un intento de golpe de Estado", recordó. En el polo opuesto, manifestó su convicción de que sólo se puede hacer frente al problema de los controladores tomando "medidas estructurales" e insistió en que para "aplicar la ley e incoar expedientes sancionadores" no había que esperar hasta el pasado viernes. "Supongo que nadie esperó a que se pudriese la situación para aparecer de salvador de algo", advirtió.
Por su parte, Xoaquín Fernández Leiceaga incidió en que "está claro" donde se sitúan "las responsabilidades" y apuntó a los controladores, al tiempo que justificó los pasos dados por el Ejecutivo estatal, que utilizó -ha recalcado- "los medios a su alcance" para dar una solución rápida "a un motín corporativo de esta envergadura". En este escenario, manifestó su deseo de que los responsables de los ministerios implicados consigan ahora "modificar" el régimen de funcionamiento del colectivo de controladores aéreos para evitar que se repita la situación que se produjo el pasado fin de semana en el espacio aéreo español.
A Xunta de Galicia vén de remitir ás organizacións sindicais a proposta para adiantar a 2028 a redución de ratios na etapa de Secundaria, que será abordada na Mesa Sectorial Docente que terá lugar o vindeiro día 30. A documentación elevada pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP recolle que a partir de setembro de 2028 implantarase a redución de ratios ata 25 alumnos por aula na ESO fronte aos 30 vixentes no conxunto de España. Esta diminución arrancará para 1º curso de ESO e irá implementándose ano a ano e curso a curso. Unha vez completada toda a etapa de ESO, arrancará a redución a 30 alumnos por aula en Bacharelato, fronte aos 35 a nivel estatal, aínda que en Galicia xa está a 33.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou o nome dos galardoados coas Medallas Castelao 2026, despois de que o Consello aprobase concedérllelas ao músico Esteban Batallán Cons, á científica Mar Capeáns Garrido, ao atleta Adrián Ben, á propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobre, e á Fundación Andrea. É un dos recoñecementos máis importantes da nosa Comunidade. O Consello acordou recoñecer o traballo da Fundación Andrea, que apoia de xeito integral ás familias con nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais.
