domingo, 30 de agosto de 2026
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la aprobación de la que será la segunda rebaja fiscal en materia de vivienda que acometerá su Gobierno en lo que va de legislatura, una vez que el proyecto de ley reciba el visto bueno del Parlamento, pese a las críticas recibidas en el dictamen del Consello Económico Social (CES), a las que restó importancia. "Me parece muy bien lo que plantee el CES, que entiende que es insuficiente y propone una rebaja en el impuesto de la renta, pero cada uno tiene su política económica y es la rebaja que podemos hacer", ha alegado el presidente gallego, tras presidir el Consello de la Xunta.
De hecho, ha incidido en que, si bien al CES "le parece pequeña", su Gobierno entiende que es "la más ambiciosa" dentro de lo posible, y ha insistido en que lo que pretende es "incentivar" la movilización de un mercado "atascado" y que las personas con capacidad económica "compren". "Cada uno tiene su propuesta", ha reiterado, antes de añadir que "ni los consumidores ni las organizaciones empresariales" estaban "de acuerdo" con el dictamen de este organismo. Además, ha señalado que el CES "hizo una recomendación" en relación a que se ampliase el plazo para presentar facturas en los supuestos de rehabilitación para poder acreditar que se hicieron las correspondientes inversiones, "que se amplía de 18 a 24 meses", y ha concluido que, "aunque todo es posible, si no se está de acuerdo con la rebaja de un impuesto, uno no debería pedir que se amplíe el plazo para acreditar que se hizo una inversión" con cargo a la misma.
Al margen del pronunciamiento del CES, la Xunta calcula que su segunda rebaja fiscal en materia de vivienda -que afecta a los impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales- beneficiará a más de 90.000 gallegos al año -en principio hasta finales de 2011- y contribuirá a "amortizar" la subida del IVA. El ahorro medio en la compra de una vivienda será de 2.000 euros. En concreto, el Gobierno gallego renunciará a "adaptar" el impuesto de transmisiones patrimoniales -que grava las viviendas usadas- a la subida de un punto del IVA, que entró en vigor para las nuevas el 1 de julio. La modificación fiscal también afectará al tributo de actos jurídicos documentados y tendrá un impacto anual de 9,2 millones. De este modo, la Xunta rebajará un 25 por ciento el impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de nuevas viviendas -del 1 al 0,75 por ciento- y un 33 por ciento cuando se trate de la primera compra para la vivienda habitual -del 0,75 al 0,5 por ciento-. Además, disminuirá en la misma proporción este tributo para la constitución de préstamos hipotecarios que financien estas compras.
Dado que la Xunta no ve conveniente acometer subidas impositivas en la actual coyuntura económica, Galicia no sólo no incrementará el tipo de gravamen en la transmisión de viviendas usadas -del 7 al 8 por ciento- para "corregir" el desequilibrio provocado por la subida del IVA que grava la vivienda nueva, sino que rebajará el tipo que corresponde al impuesto de actos jurídicos que deben satisfacer estas viviendas nuevas. Además del ahorro fiscal, el Gobierno gallego sostiene que estas medidas contribuirán a que el nuevo sistema fiscal aplicable en Galicia sea "más neutral" respecto a la elección entre vivienda nueva y usada. Del mismo modo, la Xunta impulsará también una rebaja del 15 por ciento del impuesto de transmisiones patrimoniales -del 7 al 6 por ciento- para la compra de viviendas que vayan a ser objeto de rehabilitación o reforma. A su vez, esto redundará "en una mayor recaudación" por este impuesto, cuyo rendimiento está cedido en un 50 por ciento a la comunidad.
Además, contribuirá a que no siga aumentando el 'stock' de viviendas disponibles con la construcción de nuevas viviendas y que se recuperen aquellas que no reúnen las mínimas condiciones para su habitabilidad, "desplazando la actividad del sector de la construcción a la rehabilitación. De hecho el Gobierno gallego sostiene que esta actuación funcionará como medida "de fomento al empleo" entre los parados del sector, que Núñez Feijóo ya había cifrado en anteriores ocasiones en "casi 36.000".
Por otra parte, se aplicará una deducción del cien por cien de la cuota en el tributo que grava los actos jurídicos documentados para la constitución de préstamos hipotecarios destinados a la cancelación de otros préstamos hipotecarios que fueron destinados a la adquisición de la vivienda habitual. Actualmente, con carácter general, están exentas del impuesto sobre el tributo de actos jurídicos documentados las escrituras públicas de subrogación o novación modificativa de préstamos hipotecarios. Sin embargo, en algunos casos, la entidad no emite la operación de subrogación sino que exige la constitución de un nuevo préstamo con el que se cancelará el preexistente con otra entidad.
Con este paso, la Xunta busca que estas operaciones de constitución para la cancelación tengan el mismo coste fiscal -"cero"- que las operaciones de subrogación, de modo que el impuesto sea "neutro", es decir, que no afecte en las decisiones de los agentes económicos en cuanto a la operación a realizar y, con eso, se amplíe la oferta disponible para refinanciar préstamos.
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