La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró en el Congreso de los Diputados, que para ver interferencias en el proceso de fusiones de cajas de ahorros "no hay que mirar al Gobierno de España, sino a la Xunta". Salgado, que respondía de esta forma a una interpelación sobre la situación de las cajas del portavoz del BNG en la Cámara Baja, Francisco Jorquera, argumentó que la iniciativa de fusión de las cajas gallegas no la han presentado las propias entidades. "Sólo la Xunta y algunos partidos políticos hablan de la fusión, pero no las protagonistas del proceso", dijo la vicepresidenta, tras enfatizar que la legislación actual, tras el recurso a la ley autonómica ante el Tribunal Constitucional, "no prohíbe en absoluto" la integración de Caixanova y Caixa Galicia.
La ley ahora vigente, una vez suspendidos los preceptos recurridos de la norma gallega por este recurso, "no prohíbe para nada la fusión de las cajas gallegas, lo que no hace es obligar, una diferencia más que de matiz que hay que tener en cuenta", enfatizó Salgado, para quien la Xunta "se niega a reconocer" la validez de la ley de carácter estatal. A su parecer, la ley de cajas de ahorros gallega aprobada por el Parlamento autonómico "a instancias de la Xunta tiene visos de inconstitucionalidad", ya que es esta iniciativa la que "pone en cuestión" la autonomía de las cajas de ahorros gallegas, que no son una agencia financiera de las comunidades autónomas. Los gobiernos autonómicos -indicó Salgado- cuentan con amplias competencias, "pero esto no debe suponer la aparición de 17 sistemas financieros propios" (cifra que coincide con el número de autonomías), y se debe respetar el reparto competencial que establece la Constitución.
Con estos argumentos, la ministra de Economía instó a la Xunta a proponer una modificación de la ley de cajas gallega que se ajuste a la postura del Consejo de Estado y que respete la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) vigente.
Salgado insistió además en que si Caixanova y Caixa Galicia quieren fusionarse, pueden presentar el proyecto al Banco de España, que es la institución idónea para guiar el proceso de reestructuración y determinar en qué condiciones se pueden llevar a cabo las integraciones.
La titular de Economía reclamó respeto al papel que desempeña el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la reordenación financiera, básico para preservar la solvencia de las entidades. "Respetemos las competencias del Banco de España y de su actuación", pidió Salgado, tras calificar de "graves acusaciones" las críticas a la profesionalidad del instituto emisor español vertidas por el diputado del BNG, quien dijo no fiarse "del árbitro" de la reordenación financiera. "Podemos discrepar de las palabras del gobernador, pero en cuanto a la supervisión del sistema financiero, debemos ser respetuosos con su tarea", insistió Salgado, convencida de que la función del Banco de España no supone "ninguna invasión competencial" de las autonomías, porque protege la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. "La solvencia no es una cuestión nacional ni autonómica", afirmó.
Jorquera advirtió de contradicciones en los argumentos del Ejecutivo que defiende la integración de las cajas de unas regiones, como Andalucía y Cataluña (gobernadas por los socialistas) frente a otras. El diputado nacionalista auguró un «impacto negativo» en las economías regionales, lo que explica que las autonomías impulsen procesos de integración entre sus cajas «para protegerlas». Salgado puntualizó a Jorquera que las cajas no desempeñan el papel de agencias financieras del Estado ni de las comunidades autónomas, porque para eso está el ICO u otros institutos similares. Y defendió que los objetivos de las cajas deben ser fijados a iniciativa propia de las entidades, al tiempo que lamentó que la modificación de la ley gallega de cajas se haya promovido por la Xunta de Galicia a través del Parlamento gallego. Consideración errónea para Jorquera, quien pidió respeto al Parlamento gallego e insistió en que la iniciativa de reformar la ley no fue de la Xunta. En cualquier caso, Salgado consideró que está en manos del gobierno autonómico ajustar la ley a la Constitución para que el Gobierno retire el recurso.