viernes, 4 de julio de 2025
"El último capítulo de esta serie novelada", dijo la conselleira de Facenda, fue la respuesta remitida por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en la que "descalificó la propuesta de la Xunta" -remitida por carta-, a la que el representante del Ministerio de Política Territorial se refirió como "tenue y tímido avance", y recordó que en el caso de la ley madrileña se cambiaron todos los puntos recurridos. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, evaluó así como "malas y muy negativas" las negociaciones mantenidas con el Gobierno central para desbloquear la Ley de Cajas, que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y criticó el "abuso de poder" con el que actúa, a su juicio, el Ejecutivo estatal en este asunto.
Durante una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento para explicar la marcha de las negociaciones, Fernández Currás censuró que el Estado pretenda "ganar por goleada, 11-0, el partido", en alusión a que los interlocutores de Madrid pretenden la modificación de todos los puntos impugnados ante el Constitucional. La titular de Facenda reprochó al Gobierno central el "tratamiento asimétrico" que da a las comunidades autónomas y que "no puede disimular, por muchos esfuerzos de imagen que haga". Primero, dijo, se "arregla el eje Barcelona-Sevilla" y después se negocia con otras autonomías y "se criminaliza la ley aprobada por el Parlamento gallego".
Los argumentos planteados en las reuniones celebradas hasta el momento son "débiles, sesgados y parciales", afirmó la conselleira, que criticó que "la mayor fuerza usada fue la capacidad de suspensión" de la ley gallega a raíz de la admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, defendió la constitucionalidad de la ley gallega y aseguró que "no contradice ningún precepto básico de la normativa estatal", lo que valió al portavoz del BNG, Fernando Blanco, para instar al Gobierno gallego a abandonar una negociación que "no conduce a ningún camino". "¿Qué negociamos?. Si es constitucional, para adelante", animó.
El representante del PSdeG, Abel Losada, acusó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de creerse "el dueño" de las cajas y afirmó que se quedó "radicalmente solo", pues están, a su juicio, en la misma línea el Consejo de Estado, el Constitucional, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y miembros del PP como el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro.
El diputado del PPdeG Pedro Puy le replicó que sindicatos, patronal, 'populares' y BNG están de acuerdo en Galicia en favor de la fusión, así como "la mayoría de los gallegos, incluidos muchos socialistas". Asimismo, reivindicó que tanto Rajoy como Montoro dieron su apoyo explícito a una unión entre Caixanova y Caixa Galicia. En este sentido, Fernández Currás lanzó un mensaje al Banco de España y le dijo que si quiere una entidad solvente, "ya la tiene".
El portavoz del BNG recordó que, en cualquier caso, el "carnet de constitucionalidad lo da el Tribunal Constitucional". "Estamos ante un pulso para ver si Galicia dobla la cerviz por una estrategia claramente política", dijo y pidió, en cambio, al PP que apoye la iniciativa del diputado del BNG en el Congreso para que se retire el recurso, que se presente "hoy" el que la Xunta tiene preparado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y deje la negociación.
Losada negó la motivación política del recurso, "salvo que sean políticos el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional". Además, dijo a Fernández Currás que lo que se defiende "exclusivamente" en las negociaciones es "la vanidad del señor Feijóo". Asimismo, recordó que la modificación de la Ley de Cajas surgió del Parlamento -fue una propuesta del BNG- y consideró que, por tanto, en caso de hacerse cambios deben contar con su aprobación. En este sentido, el diputado del PPdeG Pedro Puy indicó que "lo que hace el Gobierno gallego es tratar de desbloquear la ley para que después la Cámara decida". Puy se preguntó también qué hará el PSdeG si finalmente no se produce el acuerdo y es el TC el que se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad de la ley. "Me gustaría saber cuál será su papel en la política gallega cuando se sepa cómo fue realmente el proceso", dijo.
Fotografía: archivo GD.
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