lunes, 15 de junio de 2026
Las bases con las que el diputado Francisco Jorquera se presentará en la negociación de ese pacto recogen la necesidad de que Galicia mantenga "un mapa financiero gallego propio, con pilares en las cajas de ahorro", cuyos centros de decisión "no sean desplazados a otros territorios". El documento de base que presentará mañana el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la negociación del pacto sobre economía y empleo que promueve el Gobierno central exige que se retire el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Cajas de Galicia, así como el "levantamiento" de los efectos suspensivos.
Bajo esta premisa, el BNG reclama que la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vaya destinada a la "restauración financiera" de la economía productiva. De esta manera, pide que se "garantice que el destino final -por parte de las entidades financieras- de los fondos o avales con cargo al FROB sea la recuperación del crédito de las empresas, emprendedores, autónomos y consumo". Además de retirar el recurso presentado contra la ley gallega, y cuya negociación Xunta-Estado está paralizada desde el jueves pasado, el Bloque reclama que se "mantengan las competencias autonómicas" sobre las cajas de ahorro, retomando la "capacidad de autorización" ante cualquier reestructuración, "incluso las efectuadas al amparo del FROB o de cualquiera otra intervención del Banco de España".
Los nacionalistas gallegos exigen que se "asegure la continuidad" de un mapa financiero propio en Galicia, a través de una fusión de sus cajas de ahorro, de forma que se "facilite el acceso a los mecanismos establecidos, particularmente el apoyo económico del FROB". En el texto base que presentó Jorquera en rueda de prensa, el BNG recuerda que en 2009 se aprobaron las normas reguladoras del FROB, que tenía por objetivo una intervención en el ámbito estatal en el sector financiero con la aportación de dinero público. Sin embargo, para los nacionalistas, los debates posteriores "mostraron que la verdadera intención es propiciar la reestructuración de las cajas de ahorro, despojándolas de su carácter social y territorial", a través de una "opción centralizada, por encima de las competencias autonómicas". Por otro lado, el Bloque considera que los plazos impuestos en el fondo "ponen en cuestión su eficacia e idoneidad" en relación con los objetivos propuestos y suscita, a su juicio, "dudas" sobre su eficacia en la restauración del crédito a la economía productiva.
La negociación sobre la Ley de Cajas sigue parada tras una jornada sin contactos entre Gobierno central y Xunta
Las negociaciones sobre la Ley de Cajas gallega continúan paradas a la espera de que el Gobierno central se ponga en contacto con la Xunta, algo que se había comprometido a hacer, según fuentes del Ejecutivo autonómico, que confirmaron no haber recibido ninguna llamada del Estado sobre este asunto. La Xunta esperaba la llegada de un documento con la propuesta del Ejecutivo estatal y, tras señalar que no había recibido tal texto, el Gobierno español se comprometió con los responsables autonómicos a ponerse hoy en contacto con ellos con la intención de retomar el diálogo.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial -encargado de las negociaciones con Galicia sobre la Ley de Cajas- explicaron que no les constaba ningún contacto entre ambas partes. Por otro lado, el Diario Oficial de Galicia (DOG) informa de la incoación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra diez preceptos de la Ley de Cajas de Galicia. Se trata de un trámite necesario, después de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, pero sin más implicaciones legales.
De hecho, quedaron suspendidos a todos los efectos los diez puntos de la ley -aprobada por PPdeG y BNG en la Cámara gallega- impugnados, entre los que se encuentra el que se refiere a la renovación de las cúpulas, pero no el que establece las nuevas incompatibilidades y límites de edad para formar parte de las asambleas generales o consejos de administración de las cajas.
Así las cosas, la Consellería de Facenda solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Xunta para conocer "cuál es exactamente" la situación de los consejeros de los órganos de dirección de las cajas gallegas y decidir si los que no cumplen los nuevos requisitos que establece la ley deben cesar en el cargo. Fuentes de Facenda ratificaron a Europa Press que siguen a la espera de las conclusiones de los servicios jurídicos y confían en que estén listas "en los próximos días". Asimismo, enmarcaron dentro de lo "habitual" esta consulta puesto que el Ejecutivo autonómico "tiene la obligación de saber qué ley tiene que aplicar".
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