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Nuevo mapa financiero: Gobierno y Xunta alcanzan un acuerdo en seis puntos de la Ley de Cajas pero no cierran un pacto sobre el conjunto

Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones después de que el Ejecutivo central presentara un recurso de inconstitucionalidad sobre 11 puntos -son diez preceptos, pero uno de ellos, el que se refiere a obra social se divide en dos partes- de la Ley, las dos administraciones se han levantado de la mesa de diálogo sin fijar fecha para la próxima reunión. El Gobierno y la Xunta de Galicia finalizaron su cuarta reunión sin alcanzar un acuerdo en la negociación que vienen sosteniendo sobre la Ley de Cajas gallega, aunque sí lograron un entendimiento sobre seis de los puntos recurridos por el Estado, según informaron en rueda de prensa los representantes de ambos ejecutivos.

Los representantes de la Xunta criticaron que esta "dilatación" de las negociaciones pudiera parecerse a un "intento de bloqueo" del diálogo, pero el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, aseguró que la Ley de Cajas gallega es un asunto "prioritario" para el Gobierno. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, señaló que la Xunta "ha puesto todo" en esta serie de reuniones con el Ejecutivo, pero siempre "defendiendo sus competencias", y justificó que no haya habido acuerdo en cinco puntos porque el Gobierno gallego "no puede consentir que se le deniegue lo que sirve para otras" comunidades autónomas.

La conselleira explicó que las dos administraciones siguen sin alcanzar un entendimiento en lo que respecta al artículo 15 de la Ley, sobre las situaciones de déficit patrimonial, porque, según indicó, el Estado no acepta la propuesta de la Xunta, que consiste en "hacer una referencia al reparto competencial que deriva de la normativa vigente". Además, el Estado y la Xunta tampoco alcanzaron un acuerdo sobre la mayoría necesaria para autorizar una fusión de las cajas gallegas porque, según Currás, el Gobierno central entiende que existe una contradicción normativa entre dos artículos de la Ley y no acepta llegar a un "acuerdo interpretativo". En este sentido, el Gobierno gallego sostiene que las fusiones están reguladas en un artículo -el 52- específico cuya redacción se mantiene desde 1985. El desencuentro surge porque el artículo 32.4 establece que las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría simple. Sobre el artículo 37.3, es decir, la representación de intereses colectivos en el Consejo de Administración de las cajas, tampoco hay acuerdo. Currás señaló que el Estado pide que se introduzca la "redacción literal" de la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorro (LORCA), algo que la Xunta no acepta.

Galicia también ofrece un acuerdo interpretativo para que la Consellería de Facenda da autorice la aprobación previa por parte de la asamblea general de la caja del presupuesto de la obra social, pero el Estado no está de acuerdo. Por último, la conselleira se refirió a la disposición transitoria primera -que establece que los representantes de los empleados y la mitad de los impositores conserven el puesto un año más, con lo que la renovación es en un primer momento del 75%-. Tampoco en este punto ha habido entendimiento, y Fernández Currás criticó que el Gobierno está planteando ahora "cuestiones añadidas a las propiamente planteadas en el recurso".

Sin embargo, el secretario de Estado de Cooperación Territorial manifestó que la posición del Gobierno al respecto "no ha variado" desde el principio, y se mostró dispuesto a buscar una "fórmula" que dé por satisfechas a ambas administraciones. Tres de los puntos sobre los que existía conflicto, referidos al registro de altos cargos, entidades representativas de intereses colectivos y el sistema institucional de protección (SIP), se han zanjado proponiendo la misma redacción que consta en las leyes de cajas de Cataluña, Madrid y Andalucía respectivamente. Esta última normativa fija que, para la integración en una fusión fría, la asamblea debe dar su visto bueno con "la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda".

Gobierno y Xunta también han acordado que exista la posibilidad de que miembros del consejo de administración no pertenezcan a la asamblea y sean nombrados como "representantes de reconocido prestigio profesional". En cuanto a la Obra Social, el Ejecutivo gallego ha aceptado eliminar la fecha límite del 31 de marzo establecida para fijar los convenios de asignación y reparto del importe siempre que éste sea de más de 500.000 euros.

De cualquier manera, tanto Currás como el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, destacaron que estos puntos sobre los que ha habido acuerdo se podrían haber cerrado en la reunión del miércoles pasado, pues aseguraron que entonces ya existía un entendimiento al respecto.
No obstante, Zarrías remarcó que la semana pasada la Xunta "no había modificado nada" sobre la Ley y que no fue hasta el jueves por la noche cuando el Ministerio de Política Territorial recibió la propuesta de la Administración gallega. Zarrías también aseguró que quiere que la próxima reunión se produzca esta misma semana, si bien el encuentro de hoy, de casi tres horas de duración, finalizó sin que ambas partes fijaran una nueva fecha. Según el secretario de Estado, el acuerdo es "prioritario" para el Gobierno y negó que la ausencia de una nueva fecha sea un problema de agenda del Ejecutivo central. Sin embargo, los representantes de la Xunta se mostraron dispuestos a seguir "esta tarde o mañana", pero culpó al Gobierno de "dilatar la negociación". "No querríamos pensar que intentar dilatar la negociación pudiera parecerse a un intento de bloqueo", señaló Rueda. Zarrías justificó el hecho de que no se haya fijado nueva fecha a que los planteamientos expuestos en la reunión de hoy necesitan de un "estudio pormenorizado por parte de los servicios jurídicos del Estado". Aún así, aseguró que el de hoy ha sido un "debate rico", pero que cuestiones "tan importantes" como ésta requieren que se hagan "con cabeza y no corriendo". Sobre la posibilidad de que la Secretaría de Estado no tenga los poderes necesarios para fijar un acuerdo con la Xunta de Galicia, Zarrías descartó esta idea y afirmó que "el secretario de Estado tiene apoderamiento porque si no, no estaría aquí".

PP y BNG piden al Estado "no retrasar" el desbloqueo de la Ley de Cajas y el PSdeG insta a la Xunta a "rectificar" todo. El PSdeG reclama "coherencia" a Feijóo por "negar" en la negociación con el Gobierno lo que incluye la ley andaluza

Los grupos parlamentarios del PPdeG y BNG reclamaron al Gobierno central que "no retrase" las negociaciones con la Administración autonómica sobre los preceptos de la Ley de Cajas de Galicia -que votaron a favor estas formaciones en la Cámara autonómica- recurridos en el Tribunal Constitucional con el objetivo de desbloquear la normativa gallega. Por su parte, el PSdeG instó a la Xunta a que "rectifique" todos los puntos y da la "bienvenida a la Constitución" al Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo. Así se manifestaron las tres formaciones nada más conocer el resultado del encuentro bilateral entre Xunta y Estado, que se celebró hoy en Madrid, y que culminó con acuerdos en seis puntos que el Ejecutivo central recurrió.

En este contexto, el portavoz de Economía del PPdeG, Pedro Puy, destacó los "avances" alcanzados hoy, que enmarcó en cuestiones "formales y técnicas" y que, según sus primeras informaciones, "no afectan en ningún caso al contenido de las competencias" gallegas. "Esperamos que, ya que se encarriló un poco el acuerdo, el Gobierno de Madrid siga por la senda de la negociación y no la retrasen", expresó Pedro Puy, quien mostró su certeza de que "la Xunta está dispuesta a negociar esta tarde, esta noche y mañana por la mañana". De este modo, esperó que se pueda cerrar un acuerdo "cuanto antes" para que se pueda traer de nuevo a la Cámara autonómica y, en su caso, "pueda ser aprobado". En todo caso, recordó que "no se debía haber llegado" a esta situación, dado que, a su entender, la normativa "está totalmente adoptada" a la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), algo que argumentó en base a manifestaciones de juristas. "Espero que no haya tácticas dilatorias del gobierno, pero el movimiento se demuestra andando y negociar se demuestra negociando", sentenció.

Sin embargo, el presidente del Grupo Parlamentario del PSdeG, Manuel Vázquez, fijó el acuerdo en la necesidad de que el Gobierno gallego "se ponga a bien con la Constitución" en el resto de puntos sobre los que hay discrepancias y emplazó a "seguir negociando", tras dar la "bienvenida" a la Carta Magna. De este modo, culpó al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y al jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, de "estar poniendo en riesgo el sistema financiero de Galicia" al no adaptar, a su entender, el texto a la Constitución. "Y lo digo avalado por el TC, el Consejo de Estadio y lo digo avalado porque acaban de asumir la rectificación de seis artículos", argumentó el líder de los socialistas gallegos. "Ahora tienen que rectificar los diez", apremió.

En contraposición, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, observó que las negociaciones "están en el mismo punto" que el miércoles pasado y culpó al Gobierno central de "querer imprimir un ritmo más lento". Por ello, consideró que "le está llegando la hora de la verdad a Feijóo" y tiene que "presentar ya el recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria". "Recurso contra recurso", insistió, tal y como ha manifestado desde que se conoció la apelación del Gobierno central ante el TC. Para Aymerich, la presentación del recurso demostraría una "postura de fuerza" ante las negociaciones y propiciaría un "acuerdo satisfactorio". "Las noticias no son buenas y se sigue impidiendo que Galicia tenga una nueva ley y un poder financiero con cajas de ahorro propias", lamentó.

Por otro lado, el líder del PSdeG llamó la atención sobre las declaraciones del presidente de la Xunta ayer en Bilbao, en las que se mostró a favor de copiar la ley andaluza que regula estas entidades financieras para invitarle a hacerlo. Asimismo, subrayó que la normativa de la Comunidad andaluza recoge que la renovación de sus órganos de dirección se realiza en seis meses (dos meses en el caso de la gallega) o que la aprobación de una fusión se aprueba con los dos tercios de las asambleas. "Sea coherente con lo que dijo", instó al presidente gallego, al que recriminó que estos aspectos son los que "niegan" en la negociación con el Gobierno central.