
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, aseguró que los presupuestos gallegos para 2010 reservarán el 60 por ciento del gasto a la educación, la sanidad y los servicios sociales, con especial atención a la dependencia. Tras una reunión con representantes de los tres sindicatos mayoritarios para exponer las líneas básicas de las cuentas gallegas, Fernández Currás explicó que los 1.500 millones de euros de reducción en los ingresos que prevé llevarán a "priorizar" algunas partidas, en concreto las de gasto social, que mantendrán el porcentaje destinado en las cuentas de 2009.
La titular de Facenda rechazó, preguntada acerca de si la Xunta reformará los impuestos propios de la comunidad, un incremento "excesivo" de la presión fiscal en un contexto de crisis. "No es tiempo", dijo, para estas medidas, aunque señaló que analiza "las posibilidades de política fiscal" de que dispone y apeló a la "prudencia" y a esperar a que se concreten las medidas estatales anunciadas en este sentido. No obstante, recordó que el Gobierno gallego ya anunció la creación de un canon eólico que "está contemplado en los presupuestos". Por otra parte, puntualizó que la Xunta estudia "todas las posibilidades" de colaboración público-privada para la financiación de infraestructuras pero garantizó que no se incluye entre ellas que la gestión de servicios públicos vaya a pasar a manos privadas, un asunto acerca del que los representantes sindicales manifestaron su preocupación.
Fernández Currás apuntó, respecto a la posibilidad de agotar la capacidad de endeudamiento del 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que "aún no está cerrada la cifra definitiva", aunque la consellería comparte la visión de los sindicatos de que es necesario cubrir el descenso en los ingresos con deuda. "Es el momento de endeudarse", afirmó. La responsable de Facenda manifestó que "toma nota" de las sugerencias de los sindicatos, que "se completarán en los próximos días", con una reunión en la que se presenten cifras más concretas para las cuentas de 2010. Así, indicó que pidió a los sindicatos que le hagan llegar qué inversiones consideran "prioritarias", por la incidencia que tendrán en el empleo.
Los representantes de UGT, CC.OO. y CIG valoraron la convocatoria de la consellería para presentar los presupuestos, aunque pidieron una nueva reunión con cifras más concretas, y coincidieron en apoyar el recurso al máximo de endeudamiento, que dieron por hecho que se aprovechará.
El secretario de Finanzas de CIG, Ramiro Oubiña, aseguró que genera "alarma" que la Xunta apueste por fórmulas de colaboración entre la iniciativa pública y la privada para la construcción de infraestructuras y pidió a la conselleira que explique "cuál va a ser el peaje a pagar" al capital privado. Además, Oubiña pidió "revisar" las cifras destinadas a educación para hacer "esfuerzos" para atajar el fracaso escolar. En la misma línea, el responsable de Empleo de UGT en Galicia, Domingo Barros, defendió como prioridades el gasto en esta materia, así como el que se reserve para sanidad y para servicios sociales. "Que --el presupuesto-- no se toque y se mantengan, por lo menos, los valores absolutos" de 2009, reclamó.
La representante de CC.OO., Maica Bouza, apostó por "racionalizar unos recursos que son escasos" y por utilizar el diálogo social en la toma de decisiones. Asisimo, incidió en la necesidad de dar "prioridad" también a las políticas de empleo y de apoyar a las empresas para que la economía se revitalice.
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un día', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxías. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxístico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartíronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.