miércoles, 10 de junio de 2026
El ex director económico financiero de la Fundación Ciudad de la Cultura, Manuel Fernández Balboa, ha asegurado que presentó su renuncia a su «puesto político» una vez que se produjo el cambio de gobierno en la Xunta en verano de 2005. Fernández Balboa, que ha comparecido en la comisión de investigación sobre la totalidad de las actuaciones públicas referentes a la Ciudad de la Cultura en el Parlamento gallego, ocupó el puesto entre enero de 2001 y noviembre de 2005. El compareciente ha explicado que al producirse el cambio de Gobierno entendió que no iba a haber «confianza» en su persona por parte del nuevo Ejecutivo, formado por nacionalistas y socialistas, ya que, a su juicio ocupaba un «puesto político».
Los grupos del BNG y del PSdeG preguntaron a Fernández Balboa si su relación «político-familiar» con el presidente del PP Mariano Rajoy, de quien es cuñado, influyó para conseguir el cargo en la Fundación. Además, preguntado por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sobre un viaje realizado a Valencia en compañía, entre otros, de Francisco Loimil, ha señalado que le pidió a esta persona que le acompañase para que lo «asesorase en términos de patrocinio». Francisco Loimil es socio auditor de la compañía Auditores Asociados de Galicia, encargada de realizar las auditorías externas a la Fundación de la Ciudad de la Cultura entre los años 2000 y 2005, y declaró ayer en la misma comisión que «nunca» había recibido propuestas de la Fundación para realizar gestiones de patrocinio y que su relación se limitaba a las auditorías.
También ha comparecido el ex director gerente de la Fundación Ángel Currás, que ha defendido que el nuevo contrato con Peter Eisenmann, realizado en 2002 y que sustituía a uno anterior, resolvió las «disfuncionalidades derivadas de la concentración de responsabilidades» en un solo equipo de arquitectos para desarrollar el proyecto básico y el ejecutivo. Por lo tanto, según ha explicado Currás, Eisenmann no fue apartado del proyecto en «ningún momento», así como tampoco de sus responsabilidades ejecutivas, a pesar de que a partir de ese instante su equipo trabajó conjuntamente con la UTE de Perea Euroestudios de forma «intensa y eficaz». El ex responsable de la Fundación ha dicho que la modificación de obra fue del «1,05 por ciento» y ha destacado que en los proyectos de ejecución de los edificios figuraba el uso y el contenido de los mismos, por lo que «la Ciudad de la Cultura disponía de contenidos». Preguntado por los contratos de patrocinio, el compareciente se ha mostrado tajante y ha asegurado que «ni hubo contratos de gestión de patrocinio ni los iba a haber en la Ciudad de la Cultura». Currás ha achacado el aumento del coste del proyecto a la «singularidad» del mismo, al incremento del 30 por ciento en el IPC en la construcción entre 1999 y 2006, a la subida del 72 por ciento del coste del acero entre 2002 y 2005, a la instalación de cubiertas en los edificios no previstas inicialmente y a las licencias municipales, entre otras causas.
Además de Currás y Fernández Balboa, también ha comparecido el ex asesor jurídico de la Fundación Jesús Raposo quien ha destacado que las contrataciones realizadas por la Fundación se ajustaron a derecho «sin ninguna duda» y ha apuntado que de los cien contratos en los que participó «no hubo ninguna reclamación». Según Raposo, el informe del Consello de Contas no habla de irregularidades ni de ilegalidades, sino que informa de que hay criterios «que no comparte».
La CIG acusa a Quintana de seleccionar personal para la Xunta con «tribunales políticos»:
La Confederación Intersindical Galega ha acusado al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, de «huir de los mecanismos de las oposiciones públicas para entrar a trabajar en la Xunta de Galicia». Las declaraciones de la CIG se producen tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la convocatoria de 30 plazas para personal temporal en la Administración Autonómica.
Según esta central, bajo la bandera del Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar, se anuncia el proceso de selección de personal laboral temporal «para funciones y servicios que eran desempeñados por funcionarios públicos». La plataforma sindical advierte de que estos puestos de trabajo podrían continuar siendo desarrollados por funcionarios, y denuncian que Quintana «prefiere que sean dirigentes del BNG los que escojan a la personas que trabajen en este organismo».
La CIG afirma que «son ya cientos las personas contratadas bajo la metodología de contratos temporales para las galescolas o para el consorcio seleccionadas por tribunales políticos». El sindicato considera que este Vicepresidencia concede prioridad a la entrevista personal en el proceso de selección, de modo que los puntos obtenidos en esta prueba son «determinantes» para ganar la plaza.
Además, según CIG, los entrevistadores son cargos «nombrados a dedo» por Quintana. «El primero y cabeza visible el señor Lois Castrillo», que es el gerente del Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar. La central sindical considera que a la «utilización» del Consorcio Gallego de Servicios se suma el sistema de contrataciones administrativas, «para adjudicarle a empresas privadas la gestión de los servicios públicos».
El delegado sindical de la CIG en Servicios Centrales, Manuel Díaz, explicó a Efe que la Vicepresidencia está «privatizando» servicios que deberían ser públicos, ya sea mediante conglomerados o con el «Consorcio de Quintana», que tiene formas de gestión al margen de la Administración, «ya que convoca pruebas sin bases, sin temarios y sin ningunas garantías». Los responsables de la Consellería de Vicepresidencia consultados por Efe declinaron hacer declaraciones sobre las acusaciones de la central sindical.
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un día', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxías. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxístico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartíronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.
