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Nuevo escándalo urbanístico en Pontevedra: dos concejales del equipo de Gobierno municipal y un arquitecto, entre los detenidos

Nuevo escándalo urbanístico en Galicia: dos concejales del equipo de gobierno y un arquitecto que trabajaba para el ayuntamiento de Gondomar fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil en una operación por presuntos delitos urbanísticos en los que también fue detenida la pareja sentimental de uno de los ediles.

Alejandro Gómez Garrido, concejal de Urbanismo; José Luis Mosquera, portavoz municipal y responsable de Cultura; su compañera sentimental y el arquitecto Francisco Javier De Borja Ramilo Méndez son sospechosos de formar parte de una trama que cobraba comisiones a cambio de regularizar y agilizar actuaciones y licencias urbanísticas en Gondomar.

El Juzgado de Instrucción 6 de Vigo decretó secreto de sumario en torno a las investigaciones que se vienen efectuando desde hace varios meses al coincidir las denuncias de la oposición con los expedientes abiertos por la COTOPT y la denuncia ante la Fiscalía de Vigo de un promotor que acusa a los detenidos de exigir el pago de una importante cantidad de dinero a cambio de la concesión de una licencia de obra para construir viviendas en el municipio pontevedrés. Antecedentes que se unen al supuesto pago de un favor urbanístico: los agentes encargados de la vigilancia de los sospechosos sorprendieron a uno de los inculpados recibiendo dinero por un presunto favor urbanístico en una cita concertada con anterioridad y de la que la Guardia Civil tuvo conocimiento previo.

El Ayuntamiento de Gondomar, un municipio costero de la comarca de Val Miñor con más de 12.800 habitantes, se encontraba en el punto de mira desde que aprobó en 1997 su Plan General de Ordenación Urbana (PGOM), pero que fue anulado por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. No obstante, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, continuó otorgando licencias de construcción. Así, en julio de 2006, el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y contra su Junta de Gobierno por presunta prevaricación en la concesión de 300 licencias de obras pese a que el PGOM estaba anulado. A principios de febrero de 2007, el Consistorio aprobó inicialmente el nuevo PGOM sólo con los votos del PP, la abstención de los no adscritos y la oposición de PSdeG y BNG que denuncian que, entre otras irregularidades, el nuevo plan de urbanismo recalifica 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.

El departamento de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial tiene abiertos más de 200 expedientes por indicios de delitos urbanísticos y "constante vulneración" de la ley urbanística en el Ayuntamiento de Gondomar. Ante el volumen del expediente, integrado por más de 200 casos supuestamente irregulares, la asesoría jurídica decidió remitir, a finales del verano pasado, una causa conjunta por "irregularidades continuas" al ministerio fiscal para que determine si eran "anulables" estas actuaciones y si era constitutivo de delito. La Consellería de Política Territorial asegura que entre los supuestos delitos urbanísticos detectados en Gondomar figura la concesión irregular de licencias y parcelaciones de terrenos que contravienen la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Vigo atribuyó a "conductas individuales que pudiesen ser constitutivas de delito" el supuesto cobro de comisiones irregulares a cambio de favores urbanísticos que se le imputan a los detenidos, por lo que evitó pronunciarse al respecto y dejó en manos de los tribunales "investigar u depurar las responsabilidades correspondientes".

Reacciones políticas

El alcalde de Gondomar, Carlos Silva (PPdeG), ha manifestado en rueda de prensa que su Gobierno está «tranquilo» y «presto a colaborar» con la Justicia ante la detención de dos concejales por presunto delito relacionado con el urbanismo. Silva ha comparecido acompañado por su equipo de Gobierno y ha explicado que había se había enterado de la detención de sus compañeros de Ejecutivo anoche por los medios de comunicación y que no disponía de más información que la suministrada por éstos. El alcalde ha pedido «prudencia» en el tratamiento de estos hechos y esperar a que «el juez haga su trabajo» y ha comentado que el arquitecto detenido no es el municipal, como se ha reflejado en algunas informaciones, pues hoy se encuentra en su puesto de trabajo.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha destacado casos de desobediencia del municipio de Gondomar a normas y sentencias, y ha indicado que las detenciones son una «lección», de la que el PP debe tomar nota, para sumarse a las medidas de protección del territorio que impulsa el Gobierno gallego. Para el presidente, las detenciones constituyen una muestra de que el estado de derecho «funciona, y que las leyes están para cumplirlas». Se trata de actuaciones de índole judicial, ante lo que ha expresado su reservas, pero ha destacado la «relevancia política y la eficacia ejemplarizante» que tiene este caso, para que se sepa que la ley «hay que respetarla».«No me sorprende» este caso, ha dicho el jefe del Ejecutivo gallego, porque «no se puede crear la semilla que se viene creando» en este municipio pontevedrés, «que es el modelo del todo vale».

En su opinión, «es difícil encontrar un caso más claro de insubordinación y confrontación contra la norma, los tribunales y las sentencias reiteradamente incumplidas, en desacato permanente» por el Ayuntamiento de Gondomar.

El portavoz del BNG en la Cámara gallega, Carlos Aymerich, ha reclamado del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que haga una «limpieza interna» en las listas de su partido para evitar que figuren personas involucradas en casos de corrupción o anormalidades urbanísticas. Aymerich señala que ante estas detenciones de concejales del PP, el grupo parlamentario del Bloque ha solicitado en el Parlamento la comparecencia del director general de Urbanismo, Ramón Lueje, para que explique la situación urbanística en este municipio. Ha recordado que el Bloque lleva denunciando reiteradamente los »atentados« de que fueron objeto militantes nacionalistas de este municipio, agresiones que «fueron justificadas» por Ramón Silva, actual alcalde, cuando dijo que «algo harían» los agredidos.

Aymerich, que indicó que el alcalde también acusó después «falsamente» a las víctimas de ser ellos quienes cometieron irregularidades urbanísticas, se felicitó de que «se vean ahora desmentidas» las declaraciones que en su día hizo el delegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Alvarez, que consideró que no había mafia urbanística en la comarca Val Miñor. El diputado nacionalista demandó del presidente del PP gallego que, «de una vez por todas, descalifique y se desmarque de las actuaciones de corrupción urbanística que anidan con más frecuencia de la que sería deseable en sus filas». También le ha emplazado a que, en lugar de «justificar» a quienes están supuestamente implicados en estos «delitos urbanísticos», Núñez Feijóo debería «hacer una limpieza, y sacar de sus filas y no llevar en las listas municipales a personas incursas en ilegalidades».

El presidente del PPdeG, Alberto Nuñez Feijoo, ha pedido a los fiscales que actúen siempre con rigor y no por orden de sus superiores cuando estas ordenes no son estrictamente judiciales y que ser miembro del PP no sea un agravante. Durante una visita a una instalación ganadera en Silleda, Nuñez Feijoo se ha expresado de este modo ante la detención de dos concejales populares de Gondomar (Pontevedra), un arquitecto y la novia de una de ellos, por un supuesto caso de corrupción urbanística. En cualquier caso, Nuñez Feijoo expresó su confianza en los jueces y aseguró que «si alguien mete la mano, tiene que tener sus responsabilidades y que caiga sobre ellos el peso del estado de derecho».