domingo, 8 de junio de 2025
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, obtuvo el respaldo unánime de la Asamblea General de esta institución para un segundo mandato de cuatro años, con 79 papeletas a favor y una nula, tras votar 60 de los 152
compromisarios, lo que supuso una participación del 52,6%. Fontenla -que preside la patronal gallega desde marzo de 2001 y fue propuesto como candidato por tres de las cuatro confederaciones empresariales provinciales, las de Ourense, Lugo y A Coruña-, aseguró que "se está a punto de superar antiguas incidencias" en esta institución, en alusión al agujero financiero de 6 millones de euros detectado en la gestión de su antecesor, Antonio Ramilo. Destacó que la CEG en la actualidad "goza de una coyuntura más favorable, tanto desde el punto de vista interno como de su proyección externa" y, sobre la etapa pasada, indicó que "se está saneando la institución" y "sólo resta por depurar responsabilidades", algo que está en manos de los tribunales. Señaló que, una vez superado "este pequeño espacio destinado al restablecimiento interno" de la organización, la CEG ha de centrarse "en los presupuestos que llevaron a su creación y que suponen el eje centra de su actividad organizativa". Por ello, señaló que ahora la patronal desea "una mayor incorporación de los jóvenes al quehacer empresarial, así como a una implicación de la mujeres en las tareas directivas y a la cooperación entre empresas".
Fontenla brindó la colaboración de la patronal gallega al Gobierno autonómico que salga de las urnas el próximo 19 de junio y se mostró abierto al diálogo, tanto con las fuerzas política de la comunidad como con los sindicatos, aunque reconoció que el período preelectoral "no es el mejor momento" para mantener contactos con las centrales
sindicales. El presidente de la CEG indicó que el sector empresarial seguirá siendo reivindicativo con el cumplimiento del Plan Galicia, cuya ejecución hayan venido reclamando "sin que, hasta el momento, exista un compromiso presupuestario que refleje su ejecución en los plazos previstos".
Además, Antonio Fontenla advirtió de "los riesgos" que la reformas de los estatutos de autonomía y de la Constitución "pueden producir en la economía, en la unidad de mercado y la cohesión social de España". En este sentido, apuntó que, si bien los procesos encaminados a la profundización en el autogobierno y la descentralización del Estado pueden responder a una demanda social, "es de vital importancia que no supongan una quiebra de los principios de igualdad, cohesión y solidaridad". El presidente reelegido también alertó sobre la pérdida de competitividad registrada en los últimos seis años y que se sitúa en un 12,5% acumulado menos con respecto a la media de la zona Euro y reclamó "medidas eficaces" en los presupuestos, "tales como la reducción de los costes fiscales, laborales o sociales que vienen soportando las empresas".
A Xunta de Galicia completou esta semana os trámites para a autorización dos nove proxectos de repotenciación voluntaria de parques eólicos recibidas entre finais de 2023 e comezos de 2024 e que permitirán suprimir 286 aeroxeradores do territorio galego así como, coa mesma potencia, incrementar un 35 % a produción de enerxía renovable. Trátase dun procedemento que destacou pola súa axilidade pois os prazos de autorización administrativa acurtáronse considerablemente, completándose en menos dun ano desde a recepción do proxecto definitivo e cumprindo así co mandato comunitario de axilizar as xestións e garantir que non se alongan máis de dous anos.
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na asemblea xeral Comisión do Arco Atlántico da Conferencia das Rexións Periféricas Marítimas en Sevilla, na que se fixo balance do último ano e se presentaron as previsións para 2026. O director xeral interveu na sesión Un novo marco financeiro plurianual da UE: que hai para o Atlántico, onde defendeu un futuro da política de cohesión descentralizado e o rexeitamento ao cambio de modelo cara un plan único por estado membro, postura baseada nas experiencias previas que mostran que os programas operativos rexionais son a fórmula máis eficiente para a xestión dos orzamentos destinados á cohesión.
