
Actualmente, estas emisoras emiten sin cobertura legal en España, situación anómala en el contexto europeo, lo que las hace vulnerables a todo tipo de atropellos.
Estas emisoras denuncian que en nuestro paÃs se conculca cotidianamente el artÃculo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Para colmo, este artÃculo tiene su correspondencia en nuestra Constitución , en concreto en el artÃculo 20.1.a), que tampoco se cumple:
“Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”
AquÃ, hoy, no todo el mundo puede recibir informaciones y opiniones. No todo el mundo puede difundirlas por cualquier medio de expresión. No pueden, por ejemplo, las radios comunitarias, libres, asociativas. Se conculcan, también asÃ, los derechos de recepción de miles de oyentes que no pueden elegir lo que quieren oir.
Hoy, aquÃ, el derecho de emisión es sólo para el Estado y el Mercado. La sociedad civÃl, el “Tercer Sector de la Comunicación”, queda fuera de juego.
Y, hoy, los medios de comunicación de los otros sectores, olvidarán esto. Y olvidarán que, cuando la Conferencia General de la UNESCO fijó el DÃa Mundial de la Libertad de Prensa, eligió el 3 de mayo evocando la Declaración de Windhoek, Namibia, para el "Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista". Y que, en su resolución de 1991 "Fomento de la libertad de prensa en el mundo", se indicaba que una prensa libre, pluralista e independiente era ingrediente esencial de una sociedad democrática.
Si como dice la resolución de 1991, que hoy conmemoramos, los medios libres, pluralistas e independientes son un componente esencial de toda sociedad democrática, ¿habrá que concluir que la nuestra es una sociedad plenamente democrática?. ¿Son los medios públicos y comerciales libres?, ¿son independientes de los poderes polÃticos y/o económicos?, ¿son plurales sus lÃneas editoriales?.
Apelando a la limitación del espacio radioeléctrico, que es un hecho objetivo, el Estado se apropia de un bien común y público. Y privatiza lo que le sobra. Se lo cede a quienes desean hacer negocio con lo que pertenece a toda la sociedad, es algo comúnmente aceptado en los sistemas democráticos occidentales que esto es algo positivo, pero en estos mismos sistemas también se promueve y apoya la intervención directa de la sociedad civil en los medios de comunicación, conformando lo que se da en llamar Tercer Sector (no público, no privado comercial) de la Comunicación.
Asà pues, las radios libres, asociativas, comunitarias, también pretenden apropiarse de un espacio público. Pero sólo para devolvérselo a la propia sociedad. No queda nada en sus bolsillos. No hay ánimo de lucro. Sin embargo, este acceso se les continúa negando a dÃa de hoy, sin contar para ello de respaldo constitucional alguno.
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un dÃa', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxÃas. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade UrbanÃstica (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxÃstico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á ConsellerÃa de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartÃronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.