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Las presidentas de la junta de personal y del comité de empresa de los servicios centrales de la Xunta, Pilar de Celis y Ana Landrove han presentado en el Registro del Parlamento casi 4.000 firmas pidiendo la retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público y reclaman a los grupos políticos que respalden esta solicitud o que, "al menos, voten en contra" de la norma. Representantes de CIG, CC.OO., UGT y CSI-CSIF inician encierros en edificios administrativos de varias ciudades gallegas y en la CRTVG.
Banco Popular y Banco Pastor comenzarán a operar como una única entidad, con una sola identidad jurídica, a partir del 30 de junio de 2012, momento en el que quedará conformado el Grupo Banco Popular. Los sindicatos anuncian, también, que 349 trabajadores del banco gallego se acogen a prejubilaciones.
La dirección del astillero Hijos de J. Barreras se ha reunido con el comité de empresa para explicarles "la parte social" de su plan de viabilidad, que contempla una reducción de 50 empleos (casi el 40% de la plantilla) y rebajas salariales de entre el 21 y 81% para todos los trabajadores, incluidos directivos. El comité rechaza cualquier plan que suponga despidos y la empresa pide "esfuerzos" para salir adelante. Empleados de la Xunta denuncian ante el TSXG los recortes.
Cae la publicidad emitida en gallego en Televisión de Galicia (TVG) en el año 2011 por razones como la crisis o la desaparición de las cajas, entre otras, y según lo expuesto por el director general de la CRTVG Alfonso Sánchez Izquierdo que sitúa este descenso en un 41,3%, frente al 51,2% de 2010. Asegura, también, que la CRTVG saneó su deuda un 88% en tres años y se sitúa en 3,6 millones de euros.
La asociación Hostelería Compostela ha reivindicado el "potencial" que tiene el aeropuerto de Lavacolla frente a los aeródromos de Vigo y A Coruña y ha criticado que la Xunta destine fondos a aeropuertos "con respiración asistida". Los empresarios del sector creen que eliminar el apoyo a las líneas de bajo coste es "una oportunidad perdida" para la internacionalización del turismo.
La conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, segura que la reforma laboral es "necesaria" porque "fomenta la flexibilidad en las empresas" y pide a los sindicatos que "ayuden" a mejorarla. Los sindicatos UGT y CC.OO. hicieron balance de la jornada de movilizaciones contra la jornada laboral en Galicia: aseguran estar satisfechos por la respuesta "masiva" de la ciudadanía y que el camino de la confrontación social está abierto. La Xunta de Galicia sostiene que es un "momento de oportunidad".
Miles de personas -los sindicatos UGT y CC.OO. cifran en 140.000 personas el número de asistentes- han acudido el domingo19 de febrero a las nueve manifestaciones celebradas en Galicia con el fin de protestar contra la "injusta, ineficaz e inútil" reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Según los sindicatos, la ciudad gallega en la que se han registrado más manifestantes ha sido Vigo, con más de 40.000 participantes; seguida por A Coruña con 30.000. Ahora piden al Gobierno central que rectifique estas medidas.
El secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, ha anunciado para el día 29 de marzo la convocatoria de huelga general en Galicia -en la misma fecha que lo han hecho diversos sindicatos en el País Vasco y Navarra- en contra de la reforma laboral, que considera "el mayor ataque que se hizo a la clase trabajadora desde la Transición". Carga contra la "ambigüedad" de CC.OO. y UGT, que mantienen las movilizaciones el 19 de febrero, pero abre la puerta a acordar una fecha conjunta, aunque con marzo como mes límite para convocarla.
La economía gallega creció cinco décimas al cierre de 2011, dos por debajo de la media (+0,7%), pero cayó tres décimas en el cuarto trimestre del pasado ejercicio en relación con el periodo anterior. El IGE da por hecho que Galicia entrará en recesión. Además, la agencia Moody's rebajó la nota a Galicia en dos escalones, por lo que pasa de A3 a A1.
La Xunta aprueba la futura ley que regulará las medidas de ajuste que se aplicarán a los 90.000 empleados públicos de la Comunidad. La norma tendrá vigencia inicialmente en 2012 y 2013 -cumplido este plazo se podrán revisar las medidas en función de la evolución "positiva" del PIB- y habilitará al Consello de la Xunta para analizar y modificar salarios y dietas de directivos del sector público empresarial. Unos 1.500 trabajadores se manifiestan pidiendo su retirada.
