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Crisis económica: la empresa Barreras propone despedir al 40% de la plantilla y bajar los sueldos entre el 21 y el 81%. Sindicatos denuncian los recortes de la Xunta ante el TSXG

La dirección del astillero Hijos de J. Barreras se ha reunido con el comité de empresa para explicarles "la parte social" de su plan de viabilidad, que contempla una reducción de 50 empleos (casi el 40% de la plantilla) y rebajas salariales de entre el 21 y 81% para todos los trabajadores, incluidos directivos. Según ha confirmado el presidente del comité de empresa, Sergio Gálvez (UGT), en declaraciones a los medios al término de la reunión, la dirección del astillero "pretende sustentar el plan de viabilidad únicamente en una quita de la deuda y en los recortes sociales", y ha avanzado que el comité "no discutirá ningún planteamiento que incluya recortes en una plantilla ya exigua".

Ha recordado que Barreras llegó a tener a 1.600 operarios trabajando en sus gradas, y que los sueldos de sus trabajadores representan sólo el 1% de la facturación del astillero, frente al 29% que suponen las auxiliares o el 70%, que es el coste de la adquisición de material. Gálvez ha señalado que el comité pedirá "coherencia" a la dirección del astillero para que reformule una propuesta "descabellada" que "atenta contra los derechos" de unos operarios que van ya por su segundo expediente de regulación de empleo.

Sobre proyectos futuros, la dirección del astillero ha confirmado a los trabajadores que mantienen contactos y negociaciones para firmar nuevos contratos, con empresas como Albacora y Armas, además de la posibilidad de rematar varios barcos que quedaron en suspenso en astilleros de Andalucía -los mismos a los que optaría Vulcano-. "Pero ante de todo eso hay que salir del concurso de acreedores", según Gálvez.

En cuanto a la posibilidad de que haya un cambio en la dirección de la empresa, uno de los principales accionistas de Barreras, José García Costas, ha trasladado al comité el interés de varios accionistas "de fuera del sector" que estarían dispuestos a aportar capital, una oferta que pasa por la presencia del propio García Costas al frente de la dirección del astillero.

José García Costas, que fue quien presentó el plan a los trabajadores, ha evitado concretar los detalles de la propuesta empresarial, pero ha reconocido que el plan de viabilidad requiere "esfuerzos" por parte de todos los implicados. "El primero en hacer ese esfuerzo voy a ser yo, que soy acreedor de Barreras por más de 4,5 millones de euros", ha señalado.
García Costas, que se ha mostrado muy crítico con la gestión realizada hasta ahora por el presidente del Consejo de Administración, José Francisco González Viñas, ha precisado que "aún no se ha tomado ninguna decisión" y que tanto el encuentro con los trabajadores, la reunión prevista con los acreedores, servirán para exponer "lo que demanda la empresa a cada parte". Asimismo, ha señalado que el plan de viabilidad será remitido a la Xunta y a los administradores concursales, pero que "aún se va a retocar" como consecuencia de futuras reclamaciones. "Las cifras que se reflejan no son definitivas", ha apuntado.

Empleados públicos de la Xunta denuncian ante la Fiscalía del TSXG los recortes

Empleados públicos de la Xunta han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la disposición que reduce el complemento que recibirán los trabajadores que estén de baja, al considerar que "vulnera la ley estatal". En concreto, el documento ha sido presentado por el Colectivo del Sector Público Gallego (CSPG), una asociación constituida en 2008 e integrada por "personal con relación de empleo público de la administración autonómica de Galicia", según indica en el escrito, firmado por su presidente, Xan Carlos Ansia.

La denuncia se dirige al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a los conselleiros en el cargo en el momento de la aprobación del anteproyecto de ley de medidas temporales en determinadas materias del empleo público, que recibió el visto bueno en el Consello de la pasada semana. El texto considera que las medidas aprobadas por la Xunta entran en contradicción con lo dispuesto en una ley estatal, puesto que busca "que no se hagan realidad para el personal, especialmente el funcionario, de la administración autonómica, derechos reconocidos en materia de seguridad social, como es el caso de la situación de incapacidad temporal".

Las retribuciones en caso de incapacidad temporal, continúa el escrito remitido al TSXG, están reguladas "como un derecho del personal funcionario" por norma estatal, "al menos desde que entró en vigor la ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010". Los denunciantes consideran que queda establecido que, en caso de baja, durante los tres primeros meses, los empleados públicos "tendrán la misma protección" que la prevista para los funcionarios civiles del Estado en el artículo 21.1 de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, con independencia de la administración en la que presten sus servicios.

Dicha norma señala que se recibirán la "totalidad de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a la que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en esa situación de incapacidad temporal".
El objeto de la denuncia es "el acto consciente, voluntario de las personas denunciadas", que configura una acción -la de aprobar las medidas en función pública- "imprescindible" para crear una norma jurídica que, "en tanto no sea depurada por los lentos mecanismo de los órganos del poder judicial y de control institucional", permitirá defender "actos de supresión y minoración de los derechos económicos reconocidos por la ley estatal".

Los denunciantes también alertan de que estas medidas provocarán que los empleados públicos acudan a sus puestos "con enfermedades de todo tipo, convenientemente sedados", lo que tiene "especial gravedad" en dolencias infecciosas en los ámbitos sanitario, asistencial y docente. Constituye "un foco de insalubridad" que será denunciado por la asociación ante los "organismos correspondientes en materia sanitaria", señala la denuncia.