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La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha afirmado que, por el momento, son "suficientes" las medias acordadas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "mantener el sistema sanitario" gallego y ha subrayado que "a día de hoy no hay copago en la asistencia sanitaria". Aclara que rentas de hasta 22.000 euros no pagarán más por fármacos y cifra en unos 7 millones de euros el ahorro en lo que va de 2012 en Galicia.
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca ha reivindicado que los proyectos con los que se adjudicó 339 megavatios del concurso eólico gallego están "muy bien escogidos", pero admite que la empresa "está pendiente de la nueva regulación" que afecta a las renovables. Confirma en Ourense el centro de control y mantenimiento.
El sector naval gallego ha pedido "prudencia" con respecto a posibles contratos con la petrolera mexicana Pemex para los astilleros y la industria auxiliar, aunque ha garantizado "total capacidad tecnológica y experiencia" para afrontar encargos tanto en el ámbito "offshore", como en el de barcos de apoyo a plataformas o remolcadores. Aplaude el principio de acuerdo del Gobierno central y la Xunta porque considera que la petrolera mexicana es un "cliente potencial del máximo interés" para el sector en Galicia.
La AGDSP considera "un parche más" e "injusto" el establecimiento del copago farmacéutico en función de la renta, en lugar de por criterios de actividad laboral como sucede hasta ahora, por lo que los pensionistas pasarían a pagar el 10% de los fármacos mientras que los trabajadores activos, pagarían la mitad del precio de los medicamentos en lugar del 40% actual. Críticas, también, del PSdeG y del BNG.
Galicia ha perdido 141.000 empleos desde el inicio de la crisis, hace "42 meses", y la tendencia es continuar "perdiendo" puestos de trabajo. "El futuro es muy negro", asegura la secretaria de Empleo de CC.OO.-Galicia, Maica Bouza, que es partidaria de buscar "otro modelo de desarrollo" para que la comunidad salga de la actual coyuntura económica. El perfil del despedido medio es un hombre español que trabaja en la construcción o la industria en el sur de Galicia, con un contrato temporal y a jornada completa.
El conselleiro de Economía dice que la actitud del Gobierno de Argentina "no es de recibo desde ningún punto de vista" y ha trasladado su "preocupación" por los efectos que la misma pueda tener sobre otras empresas en el país, en concreto gallegas, aunque la relación comercial entre Galicia y el país sudamericano "no es muy grande". El PSdeG critica la nacionalización de YPF y el BNG pide al Gobierno central y la Xunta que no "demonicen" y "tomen nota".
CIG-Ensino critica los recortes en educación anunciados por el ministro Wert y advierte a la Xunta de que no quedarán "paralizados" si trasladan su aplicación a Galicia porque creen que supondrían un incremento del fracaso escolar y la pérdida de unos 2.000 puestos de profesorado interino y sustituto. FETE-UGT llama a la movilización y CC.OO. pide la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación en Galicia. Empleados públicos anuncian una marcha el 11 de mayo contra la amortización de personal y las privatizaciones.
NCG Banco inicia el periodo para acogerse a la segunda fase del plan de recortes para dar salida de la entidad a un total de 700 trabajadores, una vez cerrado formalmente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado el pasado verano y previsto para 350 trabajadores. La previsión es que ahora se eliminen, mediante bajas incentivadas, otras tantas plazas.
Un 41,1% de los hogares gallegos presentan dificultad para llegar a fin de mes en el primer trimestre de 2012, mientras que un 6,5% tiene mucha dificultad y un 52,4% facilidad o mucha facilidad, según los datos que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE) que reflejan mejores porcentajes para afrontar gastos mensuales en municipios de más tamaño y parejas sin hijos.
La nueva Ley de vivienda de Galicia incorporará un nuevo régimen de "copropiedad" con la Xunta, según el cual el comprador de una vivienda de promoción pública (VPP) adquirirá un mínimo "del 60%" del inmueble pudiendo comprar posteriormente el resto de la propiedad. La norma también incorpora la creación de las VPP concertadas y promovidas por iniciativa privada.
