martes, 29 de septiembre de 2026
Concretamente, el juez Aláez llama a declarar el día 22 de mayo al exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte López; el 23 de mayo a partir de las 9,30 horas a tres vocales del entonces consejo de administración de Adif, Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT); el 26 de mayo a partir de las 9,30 horas a Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín (también vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento). Esa misma jornada declarará Javier Hurtado Domínguez, vocal por Fomento en el consejo de administración y exdirector de gabinete de José Blanco. El 27 de mayo están citados Carlos María Juárez Cólera, quien fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento; Mercedes Caballero Fernández (también vocal del consejo de administración) y Gerardo Luis Gavilanes Ginerés (otro vocal por Fomento). Por último, el magistrado llama al expresidente de Adif Antonio González Marín el 28 de mayo.
Estas imputaciones se producen antes de que se materialice el traslado de Aláez al Juzgado de lo Penal de la capital gallega, cuando asumirá la causa Andrés Lago Louro. El auto explica que los informes preeliminares entregados por cuatro de los seis peritos en los últimos días aportan información que, a su juicio, "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".
El magistrado hace un repaso a la investigación y a decisiones técnicas que se adoptaron en la línea -nuevo proyecto, desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS- y destaca que "no debe olvidarse que han sido responsables de Adif los que idearon esa conexión ferroviaria compleja y novedosa entre las estaciones de Ourense y Santiago de Compostela y los que sancionaron y su materialización y puesta en servicio". "Son esos responsables de Adif los que ordenan ejecutar un novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes", incide. En este sentido, hace hincapié en que no tiene "ya no las de una línea de alta velocidad (...) sino siquiera las adecuadas a la especial situación creada al no adoptar los cambios o innovaciones normativas que la seguridad exigía en el punto de conversión o entronque de la línea de alta velocidad en la línea convencional".
El juez critica que con esta actuación "se ha incrementado el riesgo de forma muy significativa, pues al eliminar la implantación del sistema de supervisión continua, el ERTMS, en esos kilómetros en que se integra la curva de A Grandeira -donde se produjo el descarrilamiento-, no se ha dado a la situación de riesgo originada una solución adecuada". Dice, también, que "la solución adoptada para garantizar la seguridad en ese tramo puede ser tachada de ilegal a la par que insuficiente". "Pues es una medida específica para una línea de alta velocidad que se aplica a un trayecto que no dispone de un sistema de explotación propio de las líneas de tales características, el ERTMS o similar, y sin que se supla la deficiencia en modo alguno; y con la que se exporta el control de la velocidad del tren a los agentes de conducción o maquinistas para que lleguen a la curva a la velocidad adecuada de forma incorrecta, ya que en los instrumentos básicos de su trabajo, que son el libro horario y cuadro de velocidades máximas y la señalización en la vía, se le dan indicaciones imprecisas y contradictorias (...)". Hasta el momento, el maquinista era el único imputado en la causa, tras admitir un despiste que hizo que no frenase antes de tiempo en la curva de A Grandeira.
En el auto concluye que "se ha trasladado el control del tren en el tramo en que se encuentra la curva esencialmente al conocimiento que el maquinista debe tener de la línea (...)". Para el juez, esa actuación de los responsables de Adif "es la que puede incardinarse, en principio, en el delito contra la seguridad colectiva" y en las figuras de homicidios y lesiones imprudentes. "No solo ha puesto en peligro a cualquier persona que viajase por la línea, sino que, además, se ha materializado en el descarrilamiento de un tren con el resultado de múltiples fallecimientos y de lesiones para otras muchas de las personas que viajaban en él". Indica que la "ideación y construcción del enlace ferroviario entre Ourense y Santiago aparece influida presuntamente por intereses circunstanciales y superpuestos a la seguridad en la circulación: la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase atractiva al público". "Se trataba de publicitar, transmitir, a la sociedad el logro de la prometida llegada de la Alta Velocidad a Galicia, con la adelantada apertura de una nueva conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela que redujese los tiempos del viaje entre ambas ciudades".
Aláez señala que "un obstáculo a ese objetivo era su construcción en ancho universal, por las demoras que ocasionaban las operaciones o maniobras que había que hacer en los cambiadores de ancho". "Y para superar ese obstáculo no se dudó, presumiblemente, en tolerar el incremento de riesgo que conllevaba el recorte de la implantación del sistema ERTMS desde la estación de Santiago hasta unos kilómetros antes (...)". Por ello, concluye que "se han dejado prevalecer determinados intereses en la creación de ese nuevo enlace ferroviario entre Ourense y Santiago de Compostela por los responsables de velar prioritariamente por la seguridad". Algo que, según reitera, "condujo a la construcción de un complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes".
Insiste en la "manifiesta y clamorosa infracción normativa de la solución adoptada" para advertir, con todo, que "dicho discurso no puede hacerse extensivo, sin más, a quienes no habiendo tomado aquella importante decisión ni participado en el proceso constructivo de la línea han asumido con posterioridad responsabilidades en materia de seguridad en la circulación ferroviaria".
También subraya que "no hay obstáculo para valorar la posible relevancia penal de la decisión de desconexión (...) porque una cosa es que esa desconexión pueda conllevar un incremento del riesgo para la circulación en los 79 kilómetros en que está implantada la circulación al amparo del ERTMS y que la decisión al respecto pueda merecer algún reproche y otra es que el descarrilamiento del tren suponga la realización o materialización del peligro creado por esa desconexión conforme al juicio de previsibilidad o probabilidad que podía formarse quién la decidió".
A Xunta iniciou hoxe nas residencias de maiores a campaña de vacinación fronte á gripe, que incorpora a vacina reforzada desde os 65 anos e busca chegar a 926.000 persoas de máis de 60 anos. En Galicia hai 926.000 persoas de 60 ou máis anos como poboación diana para a vacinación fronte á gripe, e ao redor de 549.000 maiores de 70 anos, que é a poboación diana para a que está indicada a inmunización fronte á covid. A campaña prolongarase ata o 31 de decembro, desenvolvéndose de xeito progresivo nos distintos colectivos e grupos de idade. Así, logo do arranque de hoxe nas residencias de maiores e centros de discapacidade, o vindeiro día 13 de outubro incorporarase a vacinación infantil nos centros de saúde e nos 75 colexios.
O informe de balance do programa de axudas para a Atracción de Empresas a Galicia, unha liña xestionada pola Consellería de Economía e Industria a través do Igape que se consolida como un piar estable dentro da estratexia económica do Goberno galego, reflicte que entre os anos 2024 e 2026, este programa permitiu a concesión de 74,08 millóns de euros en subvencións públicas, unha contía que impulsou a posta en marcha de 96 proxectos empresariais e que xerará un impacto económico total de 256,75 millóns de euros en mobilización de investimento privado.
