miércoles, 22 de octubre de 2025
El juez de la Audiencia Nacional se ha negado a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara de Telecino José Couso durante la guerra de Irak, al considerar que la limitación de la Justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado". En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
El magistrado se niega a aplicar los apartados 4 y 5 del artículo 23 y la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que limitan la aplicación de la justicia universal y obligan al archivo de las causas que se están instruyendo bajo esta premisa, al considerar que entra en conflicto con el artículo 146 de la Cuarta Convención de Ginebra. Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003. En enero pasado, el juez Pedraz envió un escrito al Ministerio de Justicia, a instancias de la Fiscalía, en el que denunciaba la "falta de colaboración de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América" para localizar a la sargento Adrienne Kinne, a la que quería tomar declaración como testigo. La limitación, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad debe dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.
La Convención de Ginebra, tal y como destaca Pedraz en su auto, establece la obligación de "perseguir el delito (buscar a las personas y hacerlas comparecer), sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén". "La obligación es clara y terminante, sin que se reduzca, como en otros tratados, a una facultad del Estado parte", recuerda el juez. Según Pedraz, la conculcación de la Convención de Ginebra supondría vulnerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que obliga a todos los Estados firmantes a cumplir "de buena fe" todos a los acuerdos que suscriban, y además sólo podría hacerse siguiendo el trámite previsto en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.
Pedraz acuerda inaplicar la nueva norma debido a la "primacía" del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, sobre todo en materia de Derecho Internacional Humanitario. "El Estado de Derecho exige la existencia de órganos independientes que velen por los derechos y libertades de los ciudadanos, aplicando imparcialmente las normas q expresan la voluntad popular y controlando la actuacion de los poderes publicos". El juez también sostiene que "al conjunto de estos órganos jurisdiccionales a los que se atribuye este cometido se llama Poder Judicial". "Y en la Constitución española el Poder Judicial, además de ostentar en exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional, ejerce un control de los poderes ejecutivo y legislativo a través de tribunales ordinarios".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 descarta, por otra parte, presentar una cuestión de constitucionalidad sobre este asunto porque los convenios y tratados supranacionales "no tienen una jerarquía supraconstitucional" sino que, por el contrario, han de estar subordinados a la Constitución. En la segunda causa de justicia universal que instruye, relativa al genocidio de la población maya en Guatemala, el juez Pedraz ha preguntado a las partes si procede dictar el archivo del procedimiento en aplicación de la nueva reforma legal.
El magistrado investiga al jefe del Gobierno de Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efrain Ríos Montt, al presidente del Ejecutivo de este país entre agosto de 1983 y enero de 1986, Óscar Humberto Mejía Víctores, y a otros cargos gubernamentales y policiales por el asalto e incendio de la Embajada de España en 1980, en el que murieron 37 personas. También en esta causa persigue el genocidio de la población maya que se produjo entre los años 1978 y 1984. En total, murieron 250.000 personas y desparecieron más de 45.000. Según los querellantes, cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares y unas 150.000 buscaron refugio en México. Unas 443 aldeas fueron borradas del mapa en este periodo y se contabilizaron un total de 667 masacres.
A Xunta reclamará de novo en Bruxelas unha Política Agraria Común ben dotada, con financiamento suficiente e con fondos específicos e diferenciados, como ata o de agora, que permitan apoiar a renda dos agricultores e gandeiros e garantir o impulso ao desenvolvemento rural e afianzar as medidas de remuda xeracional. Así o avanzou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en resposta a unha pregunta parlamentaria sobre este asunto e na que reiterou o rexeitamento de Galicia á proposta da UE para a vindeira PAC a partir de 2028, polo centralismo desta nova política, cunha arquitectura baseada nun fondo único para os estados membros que resulta lesiva para a nosa comunidade.
A Xunta porá en marcha no 2026 unha Oficina de Atracción de Talento que coordinará todas as medidas en materia de emprego destinadas aos galegos e galegas do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de 3º países por parte de empresas da nosa comunidade. Deste xeito, Galicia consolidará un modelo propio que aposta por captar persoas traballadoras de xeito ordenado e sempre en base a un emprego de calidade -por conta allea ou emprendendo-.
