
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley con "medidas urgentes" para paliar los efectos de los temporales sufridos en la cornisa cantábrica y en la fachada atlántica en los dos primeros meses de 2014. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáez de Santamaría ha detallado que el decreto contempla "una serie de medidas que prestan especial atención a la pequeñas empresas y a la recuperación de las infraestructuras con planes económicos y medidas fiscales que se acelerarán para tenerlo todo listo antes de que empiece la temporada turística".
La vicepresidenta ha detallado que estas "ayudas extraordinarias para paliar los graves daños provocados por los temporales" que han azotado la costa cantábrica y la fachada atlántica gallega, especialmente los días 1 y 2 de febrero, se destinarán a los "innumerables municipios costeros" de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco afectados. Sáez de Santamaría ha detallado que desde el inicio de la situación, se han adoptado medidas en colaboración con todas las comunidades autónomas con el fin de prevenir riegos en personas y bines, dar información y atención a los damnificados y ofrecer respuesta de valoración y daños "de forma ágil".
En el caso de los daños ocasionados en la costa cantábrica, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, cifró en 108 millones de euros el coste provisional de los daños ocasionados, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados celebrada la semana pasada. En cualquier caso, el ministro detalló que va a esperar a que amaine el temporal para poner en marcha las reparaciones ya que la ciclogénesis explosiva está siendo "recurrente" y los daños se siguen produciendo. "No se puede empezar a actuar todavía porque sería absurdo reparar una instalación cuando sigue el temporal y hacerlo tres veces, que es lo que harían los socialistas, pero aquí hay que hacer las cosas con inteligencia y con cabeza".
A Xunta reclamará de novo en Bruxelas unha Política Agraria Común ben dotada, con financiamento suficiente e con fondos específicos e diferenciados, como ata o de agora, que permitan apoiar a renda dos agricultores e gandeiros e garantir o impulso ao desenvolvemento rural e afianzar as medidas de remuda xeracional. Así o avanzou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en resposta a unha pregunta parlamentaria sobre este asunto e na que reiterou o rexeitamento de Galicia á proposta da UE para a vindeira PAC a partir de 2028, polo centralismo desta nova política, cunha arquitectura baseada nun fondo único para os estados membros que resulta lesiva para a nosa comunidade.
A Xunta porá en marcha no 2026 unha Oficina de Atracción de Talento que coordinará todas as medidas en materia de emprego destinadas aos galegos e galegas do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de 3º países por parte de empresas da nosa comunidade. Deste xeito, Galicia consolidará un modelo propio que aposta por captar persoas traballadoras de xeito ordenado e sempre en base a un emprego de calidade -por conta allea ou emprendendo-.