Noticias

Polémica política y sindical por el reparto de los fondos de la PAC para el período 2014-2020

Galicia contará con fondos destinados a pagos directos por unos 160 millones al año, mientras los dirigidos a desarrollo rural se sitúan en unos 127 millones anuales, lo que supone un 75% de la cantidad total, puesto que tanto el Ministerio de Agricultura como la Xunta aportarán el 25% restante. Decididos los criterios de aplicación de la nueva PAC, el PPdeG destaca que "Galicia no pierde"; pero la oposición ve un trato "discriminatorio a Galicia" y los sindicatos han advertido de graves consecuencias.

El responsable del sector agrario del Grupo Parlamentario del PSdeG, Pablo García, ha criticado que la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, "aplauda y saque pecho" de los criterios de reparto de la política agraria común (PAC) acordados en la conferencia sectorial. Un pacto que, según ha advertido, es "dramático" porque consolidan y dan legalidad siete años a la desproporción y discriminación" con Galicia.

Para Pablo García, que ha anunciado en rueda de prensa que se presentarán mociones en los ayuntamientos agrarios de Galicia con un texto como el que se pactó en Asturias y que ha pedido la comparecencia de Quintana en la Cámara, esta situación se deriva de que la conselleira acudió a Madrid "a no perder demasiado" y sin un acuerdo de los grupos parlamentarios y el sector que la avalase, como sí ocurrió con otros territorios como el asturiano. "No es positivo porque no podía salir bien, iba en unas condiciones sin posición clara, sin un marco de negociación porque rechazó las propuestas del sector", ha censurado el parlamentario socialista, quien ha concluido que "de una negociación tan dura no se podía salir bien" con estas premisas de partida.

Entre las cuestiones que ha criticado se encuentra que no pueda haber trasvase de las ayudas entre los territorios y que se haya "perdido una oportunidad histórica" de premiar el empleo en el sector, ya que por primera vez los estados miembros podían definir los criterios de reparto de las ayudas. El diputado socialista ha incidido que las ayudas de la PAC no son "un plus" para los gallegos, sino que son subvenciones que les permiten "seguir compitiendo", al respecto de lo que ha puesto el ejemplo de la producción láctea: "Si un ganadero francés cobra tres céntimos por un litro y uno gallego, un céntimo, no va a poder competir". También ha manifestado que en el acuerdo, que está colgado en la página web del Ministerio de Agricultura, no aparece "todo lo que se vende" por parte de la conselleira, quien evitó hablar de cifras globales de las cuantías que percibirá Galicia, aunque sí estimó en 160 millones anuales las ayudas del primer pilar (pagos directos).

El Ministerio de Agricultura, informó de que, para el periodo 2014-2020, Galicia recibirá 889,8 millones de euros en el reparto del segundo pilar, lo que supone unos 127 millones anuales procedentes de este tipo de fondos, que son los destinados a desarrollo rural. Sumados los dos pilares y la aportación que deben hacer Comunidad y Estado (el 25 por ciento del total), los fondos gallegos anuales de la política agraria alcanzan los 330 millones. Sobre este extremo, Pablo García ha censurado que Galicia no "consumía" los fondos en anteriores ejercicios, a lo que ha sumado el hecho de que ahora la comunidad aporta el 70 por ciento (de ese 25 por ciento), mientras que hasta ahora era a partes iguales (50 por ciento Xunta y 50 por ciento Estado).

El responsable de Medio Rural en al Cámara autonómica ha advertido de que los socialistas seguirán pendientes de la "negociación" y será uno de los "caballos de batalla" de su formación, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos. De esta forma, recuperarán una moción para llevarla a los municipios para que, por ejemplo, se puedan modificar los criterios de agricultor activo, para que, al menos, los ingresos agrarios que obtiene el agricultor o ganadero procedan en un 25 por ciento de la propia actividad. Según los criterios aprobados, basta con que las ayudas no superen el 80 por ciento (de 100 euros de ingresos agrarios, no más de 80 de subvención) para tener esa consideración.

Para Pablo García, esto es un porcentaje "muy raquítico" y favorece a terratenientes como la "duquesa de Alba", a los que también beneficia el reparto de las ayudas por hectárea en relación a la producción, ya que es suficiente "una oveja y su cordero por hectárea" para poder solicitar las ayudas. Los socialistas también defienden un tope de 150.000 euros de ayudas de la PAC por explotación y que se establezca un pago por hectárea proporcionalmente regresivo, de forma que se primen las primeras 24 hectáreas declaradas, teniendo en cuenta que las explotaciones gallegas son minifundistas.

El responsable del área de Medio Rural del Grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez, ha criticado la "propaganda" que, según ha manifestado, acompaña a la conselleira Rosa Quintana tras el acuerdo de los criterios de reparto de la PAC para el periodo 2014-2020, y le ha acusado de "entreguismo" y de "traicionar" al sector agrario y ganadero gallego. En este sentido, y en declaraciones en los pasillos parlamentarios, el diputado de AGE, que junto con el BNG ha presentado una solicitud para que comparezca la conselleira de Medio Rural, ha censurado que el Gobierno gallego "presuma" de mantener unos criterios que "consolidan la injusticia". "Lo más indignante es que, en lugar de evitar que cobren millonarias ayudas los terratenientes que no se dedican a la actividad agraria, se consolidan a través de una definición de agricultor activo", ha criticado Antón Sánchez, toda vez que una persona que obtenga el 20 por ciento de ingresos agrarios de la propia actividad podrá ser perceptor de ayudas que alcancen el 80 por ciento de esos ingresos.

Según el diputado de AGE, la conselleira "se pliega así a los intereses ajenos a Galicia, sin ni siquiera presentar batalla en cuestiones cruciales" para Galicia como la defensa de criterios beneficios como la prima de las primeras hectáreas o el tope de ayudas, al respecto de lo que este grupo parlamentario defiende fijarlo en 100.000 euros. En los parámetros acordados, se permite, ha enfatizado Antón Sánchez, que la mayoría de los perceptores "sean personas que no se dedican a la actividad agraria, sino "terratenientes". "Se mantiene la injusticia y, en cambio, no se utiliza este nuevo periodo para detraer recursos dedicados a subvencionar terratenientes, para desarrollar sectores con potencial de futuro para crear empleo y fijar población en el rural", ha expuesto.

AGE, además del tope de ayudas y de la prima a las primeras hectáreas, defiende mantener el acoplamiento en sectores como el ganadero de carne y que se dediquen fondos para la creación de empleo a través de la potenciación de nuevos sectores.

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha criticado que la Xunta "siempre está contenta con lo que decide el Gobierno de España", pero ha considerado que en el reparto de la política agraria común (PAC) "no hay motivos para estar contento", sino "preocupados" por la "sumisión" del Gobierno gallego. En respuesta a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa sobre la situación de los autónomos, Vence ha considerado que Galicia va "perdiendo posiciones" y en esta negociación se ha desperdiciado "la oportunidad de conseguir una redistribución de los fondos de la PAC que permita mantener la actividad agraria y una compensación para el lácteo". Este último sector, ha resaltado, perdió en los últimos años "toda la inversión que hizo en la compra de cuota láctea", que son 200 millones de euros, ha estimado. Con la desaparición de esas cuotas en 2015, "lo mínimo" era conseguir "una cierta compensación para el sector".

Además, ha estimado que si en España se aplicasen los mismos criterios que en Francia para el reparto, "Galicia recibiría el doble de fondos de los que en la actualidad le asigna el Gobierno central". "No hay motivos para estar contento, solo hay motivos para estar preocupados por esta continua sumisión de la Xunta a las decisiones del Gobierno central, incluso cuando son abiertamente discriminatorias", ha concluido y ha afirmado que el BNG seguirá "batallando" para buscar un cambio de criterios.

La portavoz de Medio Rural del Grupo del PPdeG, Isabel García Pacín, ha asegurado que "Galicia no pierden" con los criterios de reparto de las ayudas de la PAC para el periodo 2014-2020 y ha destacado que una comisión de seguimiento (a nivel estatal) permitirá que "se puedan modificar", con una "flexibilidad que no existía antes", permitiendo "adecuarse a las necesidades de la demanda". En declaraciones a los medios en los pasillos parlamentarios, la diputada popular ha hecho una "valoración positiva" de la negociación y se ha referido a las cifras que han trascendido para remarcar que estos también son "positivos".

Aunque la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, no quiso entrar en datos globales, sí estimó en 160 millones anuales los que recibirán los agricultores de ayudas directas, a los que hay que sumar los fondos por el segundo pilar (ayudas para desarrollo rural), que suman para todo el periodo 889,8 millones, según cifras del Ministerio de Agricultura. García Pacín ha elogiado, frente a las críticas de la oposición, la "gestión" de la Comunidad gallega con la conselleira Rosa Quintana "al frente", y ha asegurado que la postura de los demás grupos es "demagógica" y "no tiene fundamento". "Los sectores estratégicos como el lácteo, porcino y ovino, todos los que venían percibiendo ayudas para el próximo periodo, no pierden, Galicia no pierde", ha abundado la parlamentaria del grupo que apoya al Gobierno, quien ha destacado el "esfuerzo" realizado para "consolidar" los fondos a Galicia, incluida la negociación del ministro Miguel Arias Cañete en Europa. De hecho, se ha referido a que "los grupos de la oposición intentaban denostar y dejar caer amenazas" de que Galicia no recibiría el mismo peso de subvenciones con la nueva PAC cuando se estaban produciendo las negociaciones del titular del Ministerio de Agricultura en la UE, pero, ha resaltado, eso no ha ocurrido.

Para el futuro, García Pacín ha deseado un "trabajo conjunto" y ha hecho "un llamamiento" a todas las organizaciones agrarias y políticas para "trabajar" con el Gobierno "a favor de los intereses de Galicia", porque "los resultados alcanzados son muy satisfactorios".

Reacciones de los sindicatos agrarios

Unións Agrarias (UU.AA.) entiende que la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), cuyo reparto de fondos se acaba de acordar entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, "va a permitir que se multiplique por tres" el dumping en el sector lácteo -práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado-.

El secretario general del sindicato, Roberto García, explica esta situación de "competencia desleal" que, según denuncia, se va a producir en el nuevo escenario sin cuotas -a partir de 2015-, al confrontar lo realizado en Francia para la distribución de las ayudas europeas y lo que decidió este martes el Gobierno español. La diferencia fundamental reside, según ha expuesto este miércoles en rueda de prensa, en la definición de agricultor activo y la prima a las primeras hectáreas adoptada por el Ejecutivo galo, lo que da como resultado, afirma, que cada ganadero productor de leche en el país vecino cobrará una cuantía superior a la subvención de la que se beneficiarán los españoles. Y en el caso de Galicia, al acaparar el 50% de los productores lácteos del Estado español, el "ataque" es mayor. Así, prevé que se incremente la "colocación" de leche de un país como Francia, excedentario -también Alemania-, en el mercado español -deficitario- a un valor por debajo de costes, con el objetivo de controlarlo.

De hecho, a la espera de conocer el detalle de cuánto cobrará cada ganadero--ahora, por vaca, en lugar de por cuota y en función de la comarca agronómica en la que se enmarca-, García constata que podrán perder "hasta un 30%", tal y como establece el ministerio -aunque también podrán ganar hasta un 30%-. "Estoy seguro de que va a haber un Gamonal 2", ha ironizado, antes de precisar que piensa que "probablemente impere el sentido común" y en los próximos meses se maticen cuestiones relacionadas con este reparto. García censura que la asignación por vaca "perjudica a las explotaciones lácteas más eficientes" y, en cuanto al importe de pagos acoplados para este sector -en total, 93 millones de euros-, cree que en torno al 40 o 50% deberían corresponder a Galicia, que tiene 350.000 de las 800.000 vacas de leche del Estado.

El reparto de la PAC se divide en dos pilares fundamentales, de pagos directos y desarrollo rural, de los cuales a la Comunidad gallega le tocarán, aproximadamente, unos 160 y en torno a 170 millones de euros anuales, respectivamente, en el periodo 2014-2020.

Sobre el segundo apartado, el destinado a desarrollo rural, García opina que "la negociación política" de la Consellería de Medio Rural fue "importante" y a ella atribuye que a Galicia le siga correspondiendo el 11% del total de fondos a repartir en este pilar, casi 890 millones para las siete anualidades -sin contar con el 25% restante que aportan al plan de desarrollo rural el ministerio y la Xunta-. De hecho, el líder de Unións señala que, a su juicio, "para mantener" los fondos que venía percibiendo la Comunidad Autónoma en el anterior periodo, 2007-2013, "le quitan a Andalucía 200 millones en una decisión política". Esto es así puesto que, desde su perspectiva, por cuestiones de convergencia, la cifra está ahora "por encima de lo que corresponde" al territorio gallego. "Chapó", añade, respecto a la citada negociación.

Sin embargo, Roberto García se muestra crítico con los criterios de reparto del primer pilar, el de los pagos directos, así como con los dirigidos a distribuir los pagos acoplados -para vacuno de engorde, nodriza, ovino, caprino, vacuno de leche y remolacha azucarera, entre otros sectores-. Y es que 768 millones, en vez de 160 millones, sería la cifra que calcula que recaería sobre el sector agricultor y ganadero de Galicia, cada año, en caso de que se considerase agricultor activo a aquel que puede justificar que al menos un 50% de sus ingresos provienen de la actividad agrícola o ganadera -como pedía esta organización, al igual que otras centrales agrarias y fuerzas políticas-.

El criterio establecido por el Ministerio -agricultor activo es, según el acuerdo de la conferencia sectorial de agricultura, el que puede acreditar que las ayudas directas no suponen más de un 80% del total de sus ingresos agrarios-, supone, además de "un grave ataque a la ganadería, un golpe importante a la legitimación de las ayudas" ante los contribuyentes. La suma que recibe la Comunidad gallega para pagos directos representa, históricamente, en torno a un 3% del total distribuido por España, "teniendo un 16% de los agricultores a titulo principal".

El secretario general de Unións lamenta que "por primera vez en la historia, el Estado podría hacer borrón y cuenta nueva", pero no lo ha hecho, cree, por "no abrir una guerra" y porque en el reparto atendiendo a este criterio "perderían" Extremadura, Andalucía y, sobre todo, Aragón. En su opinión, las decisiones del departamento de Arias Cañete responden a "intereses electoralistas", porque al Ejecutivo estatal no le interesa tener "un millón de cabreados", razón por la cual ha buscado no excluir a casi 700.000 personas de la percepción de ayudas.

Unións estima que, en el conjunto del Estado, unos 300.000 son agricultores a título principal, sobre 30.000 en Galicia. En la actualidad, en torno a 37.000 profesionales gallegos perciben ayudas de la PAC -unos 3.000 euros de media-, y UU.AA. cifra en "menos de 5.000" los que quedarían fuera de su esquema. Por otra parte, el hecho de repartir los fondos por hectárea -con la vista puesta en el objetivo de converger, a partir de 2015- es, según ha dicho Roberto García, "un grave ataque a los pequeños propietarios de tierras en contra de los grandes propietarios".

El Sindicato Labrego Galego (SLG) considera que la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) "perjudicará gravemente" a los sectores estratégicos gallegos como la huerta, el vino o la carne de vacuno. Asimismo, considera que el departamento que dirige Miguel Arias Cañete hará "oídos sordos" a las propuestas del COAG y del SLG y "consumará una política que hará una foto fija de la dilapidación millonaria de fondos comunitarios que se perpetró en años pasados y que de poco sirvió para apoyar las actividades agroganaderas y a las explotaciones profesionales".

El SLG ha defendido medidas destinadas a que el dinero de al PAC vaya "realmente a apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones" que mantienen con vida el medio rural y generan empleo agrario, como definir quién es agricultor activo para que las ayudas vayan realmente a profesionales de la agricultura. Otra de las propuestas de este sindicato era llevar a cabo un reparto progresivo de las subvenciones para que el grueso fuese a parar a las explotaciones y a la producción de alimentos, lo cual "cayó en saco roto". La decisión del ministerio es considerar activo a aquella persona o empresa que tenga, por lo menos, el 20 por ciento de sus ingresos provenientes de esta actividad, un porcentaje "a todas luces insuficiente".

El SLG advierte de que el ministerio mantendrá un reparto de fondos semejante al año 2011, en el que casi 900.000 personas y empresas cobraron ayudas de la PAC, pese a que "el número de cotizantes a la Seguridad Social Agraria está en unos 300.000". "Es decir, dos tercios de los perceptores de las ayudas seguirán sin tener relación con la actividad agraria". Cita el informe publicado por Veterinarios sin Fronteras, en que pone los ejemplos de terratenientes como la Casa de Alba, que ingresó más de dos millones de euros en 2011, o la familia Mora-Figueroa Domecq, que obtuvo más de ocho millones de euros entre 2010 y 2011, mientras que la familia Osuna García contabilizó un millón en 2011. Además, otras grandes marcas tuvieron subvenciones millonarias (como Zumavesa, Ebro Foods, Pastas Gallo, Grupo Siro, Nutrexpa, Galletas Gullón, García Carrión, Unilever o Campofrío).

Para este sindicato, es "difícil de justificar que tantos miles de millones" se utilicen "en su mayor parte para engrosar las millonarias cuentas bancarias de algunas familias y empresas" y que "queden fuera de la percepción sectores estratégicos para Galicia", como la huerta, la fruta o el sector vitícola, así como es "injustificable" que se "reduzca a más de la mitad el presupuesto para las primas por vacas nodrizas". También critica como otra de las carencias la aportación estatal a los fondos de desarrollo rural, que se reducen del 50 al 30 por ciento, quedando el resto en manos de las autonomías, algo "muy peligroso en época de drásticos recortes que puede poner en peligro los fondos de Bruselas si las comunidades no cumplen con su parte".

El Sindicato Labrego Galego considera "injustificable el triunfalismo de la Consellería de Medio Rural, servil con los mandatos de Arias Cañete en detrimento de los intereses de Galicia, y falaz al afirmar que la aplicación de la PAC en el Estado recoge en esencia todo lo que en Galicia se había consensuado con las organizaciones agrarias".

Fotografía: Carlos Rodríguez Arias.