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Europa dice que el céntimo sanitario vulnera la legislación europea. La Xunta mantiene que lo subirá como prevé en los presupuestos de 2014 y AGE y BNG ya piden que lo retire

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dice que el pronunciamiento de la justifica europea sobre el "céntimo sanitario" "no es definitivo" y ha garantizado que "no afecta" a la decisión de su Gobierno de subirlo porque, antes de este fallo, el Gobierno de España "ya había modificado la legislación" para "blindar" su aplicación por parte de las comunidades que lo estimen oportuno.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, ha dictaminado que el "céntimo sanitario" -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria. España podría tener que devolver 13.000 millones de euros, aunque el dictamen -que no es vinculante- admite que se podrían limitar los efectos en el tiempo de la sentencia final.

Feijóo dice que la justicia europea se pronuncia "sobre la reclamación de un ciudadano de Cataluña" y ha subrayado que "no hay una decisión definitiva" sobre dicho asunto. En cualquier caso, ha remarcado que "lo importante" es que, frente a "posibles dudas", el Gobierno de España modificó la legislación que grava el 'céntimo sanitario'. "La reclamación es anterior a esta modificación legal, por lo que (el fallo) no supone inseguridad alguna para las comunidades", ha resumido, para añadir que "no afectará" a la decisión de la Xunta adoptada en los presupuestos para 2014 de "actualizar y armonizar" este gravamen con el resto de autonomías para "aumentar la financiación" de la sanidad.

Resolución europea

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, dictamina que el "céntimo sanitario" -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria. España podría tener que devolver 13.000 millones de euros, aunque el dictamen admite que se podrían limitar los efectos en el tiempo de la sentencia final.

En Galicia el denominado céntimo sanitario fue introducido desde 2004, en la época de José Antonio Orza, conselleiro de Economía con Manuel Fraga, para mitigar el impacto del envejecimiento poblacional en el gasto sanitario. Los presupuestos de la Xunta para 2014 prevén aplicar otra subida del impuesto sobre hidrocarburos, lo que supondrá un incremento de 3,6 céntimos de euro por litro de gasóleo y de 2,4 céntimos en el caso de la gasolina. Según las previsiones del Gobierno gallego, esta subida del tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos supondrá una recaudación adicional de 53 millones de euros, que se destinarán a gasto sanitario.

Galicia alcanza de esta forma el tope impositivo permitido, pero el departamento de Facenda ha alegado que con este incremento se equipara el impuesto de hidrocarburos al que tienen establecido la mayoría de las comunidades. Las previsiones de la Xunta son que este aumento no afectará al sector profesional (transportistas), que tributará como hasta ahora, ni al gasóleo de usos especiales, que es el que se emplea en sector primario (agricultura y pesca) y en calefacciones de los hogares.

El fallo del abogado general -que no es vinculante, pero resulta refrendando por el TUE en el 80% de los casos- responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha pedido a la justicia europea que se pronuncie.

En sus conclusiones, el abogado general sostiene que el impuesto "es contario a la directiva sobre los impuestos especiales" porque no cumple los dos requisitos que exige la norma para este tipo de gravámenes.

Whal asegura que el "céntimo sanitario" no cumple el requisito relativo a la existencia de una finalidad específica no presupuestaria. Ello se debe, en particular, a que persigue el mismo objetivo que el impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes sociales (sanitarios y medioambientales) provocados por el consumo de hidrocarburos. Además, no se ha demostrado que la estructura del impuesto esté concebida para desincentivar el consumo de hidrocarburos o para incentivar el consumo de otro producto menos perjudicial. Finalmente, el dictamen dice que la mera afectación de la recaudación del impuesto a medidas sanitarias y medioambientales no basta para demostrar que persigue una finalidad no presupuestaria.

El abogado general entiende que el "céntimo sanitario" tampoco cumple el segundo requisito exigido, porque no respeta el sistema general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo. A diferencia del impuesto especial, que se devenga cuando el producto sale del último depósito fiscal, y del IVA, que es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución, el 'céntimo sanitario' se devenga cuando los hidrocarburos se venden al consumidor.

España ha solicitado al Tribunal de Justicia que limite los efectos en el tiempo de la sentencia de ilegalizar el impuesto. En la práctica, esto significaría que la sentencia únicamente produciría efectos en el futuro y no afectaría a los impuestos recaudados en el pasado. Sobre esta cuestión, el abogado general no es categórico. Por un lado, admite que no puede descartarse un riesgo de repercusiones económicas graves dadas las cantidades considerables reclamadas y la "situación económica precaria" que atraviesan actualmente España y sus comunidades autónomas.

Whal destaca que cuando se creó el "céntimo sanitario" el Tribunal de Justicia ya había dictado una sentencia sobre la no conformidad de un impuesto similar y por tanto no había "incertidumbre" sobre la aplicación del derecho comunitario. "No puede descartarse categóricamente que el Tribunal de Justicia pudiera considerar limitar los efectos en el tiempo de una sentencia aun cuando no concurra el requisito de la incertidumbre en cuanto a la interpretación de las disposiciones pertinentes del derecho de la Unión", apunta el dictamen. "Esto sería posible en determinadas circunstancias completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería especialmente grave". No obstante, también indica que "España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior". Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos meses.

Desde el 1 de enero y con el objetivo de corregir las deficiencias investigadas por el TUE, este 'céntimo sanitario' utilizado para financiar la sanidad o con fines medioambientales ha sido corregido y ha quedado integrado en el Impuesto Especial de Hidrocaburos (IEH) y ha comenzado a liquidarse como parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De esta forma, su vigencia al menos desde enero cumple con la legislación comunitaria y no está sometida a cuestionamiento, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Desde enero, el "céntimo sanitario", que es la forma coloquial de llamar al anterior Impuesto de Ventas de Determinados Hidrocarburos (IVDH), se ha convertido en el Tipo Autonómico (TA), que es uno de los tres tramos de los que está compuesto el nuevo IEH, junto al Tipo Estatal General (TEG) y el Tipo Estatal Especial (TEE). El TEG es el mismo para todo el Estado y equivale a 40 céntimos por litro de gasolina 95 y a 30 céntimos por litro de gasóleo, mientras que el TEE tiene un valor de 2,4 céntimos tanto para la gasolina como el gasóleo. A todos estos impuestos es necesario añadir el 21% del IVA. Además, desde el 1 de enero la parte de biocarburantes introducida en la mezcla final se ve gravada con los mismos tipos impositivos que el combustible convencional.

AGE pide a la Xunta que lo retire

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) exige la "retirada inmediata" del denominado "céntimo sanitario", tasa sobre los carburantes, y que el Gobierno gallego pretende elevar en los presupuestos de 2014, después de el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo (TUE), Nils Whal, en el que se recoge que este impuesto vulnera la legislación comunitaria. Para AGE, que juzga que el principal problema de esta tasa es que grava por igual a todos los ciudadanos "con independencia de su nivel de renta", el Gobierno del PP "en cada una de sus políticas y especialmente en la política fiscal, demuestra para quien gobierna y como lo hace", en palabras de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz.

"Quita el dinero de las clases trabajadoras para entregárselo a las altas. Para eso también emplea una política fiscal absolutamente reaccionaria, que grava los pobres y deja ir a los ricos", ha criticado Díaz, quien ha denunciado que en los últimos cinco años de gobierno las partidas destinadas para la sanidad pública se han reducido "en nada menos que en 370 millones de euros" y quien ha recriminado que en este periodo se han "atacado" por todos los medios este derecho básico. Y ahora, añade Yolanda Díaz, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "quiere aumentar la tasa sobre los carburantes al tiempo que no toca la fiscalidad a las rentas más altas". "Lo que debe hacer la Xunta es retirar ese céntimo sanitario y dar vuelta a su política fiscal; además de blindar por ley el derecho a una sanidad pública gratuita y universal, una conquista de los trabajadores que costó muchas luchas".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación del BNG:

O BNG reitera a súa oposición á aplicación dos céntimos sanitarios, como se coñece a subida do imposto dos carburantes previsto polo Goberno do PP nos orzamentos de 2014, por considerar que se trata dun imposto regresivo para a cidadanía que .

“Supón unha nova carga para as afogadas economías persoais e familiares dos galegos e das galegas, que se suma a outras medidas como a do copago dos medicamentos hospitalarios e a sistemática política de recortes aplicada polo PP”, explica o portavoz nacional, Xavier Vence.

Neste sentido, Vence critica o empeño do PP en “acosar” á maioría social do país. “O presidente Feijóo contradí a súa propia propaganda de non subir impostos, que sempre afectan aos impostos regresivos que paga por igual calquera persoa con independencia do seu nivel de renda. Neste caso, afectará especialmente a quen ten que desprazarse por motivos de traballo”, explicou Vence.

Vence reclama a retirada deste imposto con independencia de que non se verá afectado polo ditame do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que, sen embargo, si cuestiona a legalidade da taxa aos carburantes que a Xunta viña cobrando ata agora en base ao “céntimo sanitario” fixado polo entón conselleiro de Economía Xosé Antón Orza.

Ese céntimo será substituído en 2014 “polos céntimos sanitarios” previstos nos Orzamentos do vindeiro ano baixo a cobertura do “tramo autonómico” do imposto de hidrocarburos, o que lle permitiría á Xunta solventar as alegacións de ilegalidade das que fala o ditame do Tribunal da UE.

Non será ilegal, pero é sen dúbida regresivo, explica Vence, quen lamenta que o PP “esprema ás economías familiares mentres concede amnistías fiscais aos defraudadores, que utilice a Facenda pública para perseguir aos emigrantes retornados en lugar de loitar contra a fraude fiscal, que se suban os impostos indirectos mentres non se tocan as grandes fortunas nin a banca”. “Esa é a política fiscal do PP: acoso á maioría social e man ancha para os defraudadores, as grandes fortunas e a banca”, sintetizou.