"Las autoridades españolas aún no han mandado a Bruselas información suficiente como para pronunciarnos sobre la posible cifra de ayudas incompatibles a recuperar", ha dicho el portavoz de Competencia, Antoine Colombani. "Lo que se ha recibido es una propuesta para una metodología de cálculo", ha dicho la Comisión Europea sobre los datos remitidos por el Gobierno español en referencia al "tax lease" que debe ser devuelto.
El Ministerio de Industria remitió esta documentación a Bruselas y cifró entonces en un máximo de 126 millones de euros el montante de ayuda a recuperar. "La dirección general de Competencia de la Comisión está analizando la validez de esta metodología y es posible que aún solicite información adicional antes de responder sobre ese punto. Sólo con la aprobación de la metodología se podrán avanzar cifras sobre la devolución de la ayuda no compatible".
El portavoz ha insistido en que la Comisión "nunca ha avalado las estimaciones que se hicieron antes del verano sobre la cantidad a recuperar" y ha apuntado que "todas las cifras publicadas provienen de estimaciones realizadas en España". Estas estimaciones oscilaban entre los 3.000 millones de euros que dijo el sector al principio y los más de 2.000 millones de los que habló el ministro de Industria, José Manuel Soria. El Ejecutivo comunitario ordenó a España el pasado 17 de julio las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deben devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Las devoluciones de los beneficios fiscales obtenidos en la contratación de barcos por la aplicación del 'tax lease', que Hacienda ha cifrado en un máximo de 126 millones de euros, afectan a 175 operaciones, según ha confirmado la gerente de la sociedad Pymar, Almudena López. En declaraciones a los medios, López ha señalado que el impacto de las devoluciones se puede incluso "minorar", en función de cada caso, y de las bonificaciones aplicadas en cada contrato. No obstante, ha reconocido que la cifra dada por Hacienda, de 126 millones (muy lejos de los más de 2.000 millones de los que se hablaba inicialmente) es "más que razonable".
La sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar) ha abogado por "trabajar ahora para normalizar la actividad" y, según ha señalado su gerente, es posible que se puedan cerrar nuevos contratos "en breve", ya que hace unos meses los 19 astilleros que están bajo la órbita de Pymar estaban "negociando 40 contratos".
Almudena López ha señalado que Pymar "está en disposición" de volver a ser un instrumento de garantías para las operaciones, y ha reconocido que "lo fundamental" es recuperar la "confianza" de los inversores para que vuelvan a implicarse en la construcción naval. En cuanto a la cifra de devolución que ha hecho pública el Gobierno, de un máximo de 126 millones, la gerente de Pymar ha mostrado su confianza en que no se incremente ya que, según ha recordado, el propio comisario Almunia fue quien dijo que era potestad de las autoridades españolas determinar la cantidad y los responsables de la devolución. Además, ha añadido, Almunia dijo que la recuperación de las ayudas "no iba a ser un obstáculo para que el sector tuviera un futuro brillante".