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Bruselas exige la devolución del tax lease concedido a los astilleros entre 2007 y 2011 y Feijóo pide que se recurra la decisión

La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009. "Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiaros de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, es decir, en este caso a la Hacienda española", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en rueda de prensa para presentar su decisión.

La presión ha suavizado la propuesta inicial de Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005. El vicepresidente ha atribuido los sucesivos cambios en las últimas semanas a los "argumentos jurídicos" aportados hasta los "últimos momentos" tanto por los servicios de la Comisión como por España. La decisión final queda lejos de las aspiraciones del Gobierno de Mariano Rajoy y de los de las principales comunidades afectadas, entre ellas Galicia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.

Almunia se ha negado a desvelar la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. "Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo porque sólo corresponde evaluar quiénes son los obligados a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto debe devolver cada uno a la Hacienda pública española", alegó el comisario de Competencia.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, mientras que el sector aumentaba la cantidad a 2.800 millones, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. "Creo que no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser el montante total de la recuperación, pero son las autoridades españolas las que tienen que responder a esa pregunta", ha dicho Almunia al ser preguntado por estas cifras. Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones "no pueden trasladar su obligación de devolución a terceros, por ejemplo a los astilleros, ni siquiera en aplicación de contratos privados existentes", según ha resaltado el comisario de Competencia.

Almunia ha explicado que parte de las ayudas "se pueden considerar compatibles porque contribuían a los objetivos de las directrices sobre ayudas de Estado al sector marítimo a través de las ventajas concedidas vía precio a las ventajas navieras". Además, admite que "durante un determinado periodo existió incertidumbre jurídica sobre la compatibilidad o no del sistema del 'tax lease' con las reglas de las ayudas de Estado". Por ello, Bruselas perdona la devolución de las bonificaciones concedidas entre 2002 y 2007. "Esta incertidumbre se disipó definitivamente con la publicación en abril de 2007 de la decisión de la Comisión que concluía que el sistema francés, muy parecido al 'tax lease' español, era parcialmente incompatible". El problema viene de que España nunca notificó su régimen a Bruselas y por ello el Ejecutivo comunitario no actuó antes. En este sentido, Almunia ha vuelto a rechazar como argumento válido la carta que la excomisaria de Competencia, Neelie Kroes, envió en 2009 al Gobierno noruego defendiendo el sistema español.

Frente a la denuncia de los astilleros de que con esta decisión no volverán a encontrar inversores, el comisario de Competencia ha resaltado que desde noviembre de 2012 existe un nuevo sistema de ayudas fiscales con total seguridad jurídica que ha sido avalado por Bruselas. "El sector naval español es un sector que ha demostrado competitividad, capacidad de innovación y capacidad empresarial más que sobrada después de una larga reestructuración". Según Almunia, "hay demanda entre las empresas navieras y los armadores, que conocen bien la calidad de lo que el sector español puede fabricar y yo creo que hay inversores y habrá inversores", ha insistido. "Lo que hay que hacer es buscarlos y convencerlos y estoy seguro de que así se va a hacer".

Feijóo pide al Gobierno que recurra la decisión

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno estatal que recurra ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de la Comisión Europea que obliga a España a devolver las ayudas del tax lease desde 2007 a 2011 y que solicite la "suspensión cautelar" de esta determinación, que ha tachado de "cuestionable jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el punto de vista social".

En una comparecencia ante los medios acompañado por el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, Feijóo ha considerado que esta decisión de la CE provoca "daños", aunque "controlados", al sector naval gallego y ha apostado por tratar de "revertirlos" con ese recurso ante Luxemburgo. Ha explicado que, tras conocer la resolución, mantuvo una conversación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien ha pedido "formalmente" el recurso ante Luxemburgo y que se incluya en el texto la petición de que se suspenda cautelarmente la decisión de devolver las ayudas. "No vamos en ningún caso a darnos por vencidos y vamos a seguir trabajando para garantizar el futuro del sector naval".

El presidente de la Xunta ha defendido que hay "argumentos jurídicos suficientes para ganar" el pleito y ha instado a trabajar en el nuevo escenario que se abre con el objetivo de que los astilleros sigan construyendo barcos. El jefe del Ejecutivo gallego ha avanzado que el ministerio y las comunidades implicadas están "concretando una hoja de ruta" con los inversores y el sector naval, con el fin de presentar una propuesta conjunta ante el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para buscar "una solución, la menos mala, para que el impacto sea el menor posible en el futuro del sector naval".

Espera concretar algunas medidas y diseñar "un camino de actuaciones desde el punto de vista tributario, fiscal y jurídico para garantizar la posibilidad de seguir haciendo barcos". Feijóo ha considerado que no es "prudente" concretar en este momento a cuánto asciende la cantidad que se tendrá que devolver por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. El objetivo, ha afirmado, es que "esa devolución sea la menor posible en el contexto de la resolución del colegio de comisarios". "Hay mucho recorrido ahí y capacidad para interpretar de una forma correcta esa resolución y que la devolución sea mucho menor de la que inicialmente estaba prevista", ha apuntado y ha incidido en que la intención es que el reintegro de esas ayudas "sea compatible con la posibilidad de seguir haciendo barcos".

Ha indicado que trabajan en la concreción de las cantidades y los plazos en los que habría que hacer la devolución, aunque ha insistido en que "la primera propuesta" de la Xunta es recurrir la resolución porque, si Luxemburgo acepta la suspensión cautelar, quedaría "resuelto durante bastante tiempo el panorama desde el punto de vista de no tener que devolver cantidad alguna hasta que el Tribunal resuelva". Los argumentos en los que se basa Feijóo para pedir este recurso son los principios de discriminación positiva, de proporcionalidad, seguridad jurídica e inacción. Respecto a este último aspecto ha recordado que la denuncia de Holanda se presentó en 2006 pero el expediente a España no se abrió hasta 2011. "No nos parece achacable ni al gobierno socialista de aquel momento, ni a los astilleros ni a las comunidades autónomas la inacción de la UE". "En Francia no se devolvió, ¿en España por qué se devuelve lo que en otros países de la UE no se devolvió?", ha protestado y ha vuelto a rechazar la decisión de la CE.

El presidente gallego ha dicho que considera cuestionable jurídicamente la determinación adoptada este miércoles porque "la decisión se fue cambiando a medida que transcurrían los días y las semanas", por ser "desproporcionada y discriminatoria" y porque España es tratada "de forma distinta" a Francia. "Esta resolución no era sólida en sus argumentos y prueba de ello es que los argumentos se fueron cambiando paulatinamente en función de la actuación conjunta de las comunidades autónomas, del Gobierno de España, de las organizaciones sindicales y de los astilleros", ha defendido y se ha referido a que, en un inicio la devolución se planteaba desde 2002 y para que la asumiesen los inversores y los armadores y, finalmente, se reclama desde 2007 y se excluye a armadores y astilleros.

En el plano económico, Feijóo ha insistido en que es "poco responsable" porque "no se facilita" la industrialización de España y de Europa en el naval y se ponen al Estado "más problemas de los que tuvieron otros países cuando fueron denunciados" por el mismo motivo. Ha argumentado que es "insensible" desde el punto de vista social porque "afecta a un país que tiene el 26% de paro" y a una industria naval, la española, que ya es "muy pequeña como consecuencia de las reindustrializaciones y quiebras". Son, ha recordado, 86.000 familias las que dependen del sector, de ellas 14.000 en Galicia.

El presidente gallego ha admitido, sin embargo, su satisfacción por "la unidad en defensa del sector naval" y por el trabajo realizado. "Desde que empezamos esta discrepancia profunda con el comisario Almunia hasta la resolución hay un camino andado de una enorme trascendencia", ha reivindicado y ha señalado que "hace tan solo 15 días" se planteaba "el cierre seguro de todos los astilleros de España". "Hoy podemos decir que tenemos daños, pero los tenemos que controlar". Además, ha indicado que espera que, con las "incógnitas despejadas" acerca del nuevo marco normativo y de la decisión sobre la devolución de las ayudas, el nuevo tax lease diseñado por España "empiece a producir efectos reales" porque "se abre un horizonte de certeza".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentou que o comisario europeo da Competencia, Joaquín Almunia, confirmase unha decisión “inxusta e irresponsable” para o naval e defendeu recorrela pola vía xudicial. Neste sentido, avanzou que xa solicitou formalmente ao Goberno de España que a decisión adoptada hoxe pola Comisión Europea sobre o tax lease sexa recorrida, e que ese recurso inclúa a petición de suspensión cautelar dos seus efectos sobre os investidores dos estaleiros.

En declaracións aos medios, o mandatario autonómico cualificou a resolución adoptada hoxe polo colexio de comisarios de “cuestionable xuridicamente”, “pouco responsable” desde o punto de vista económico e “insensible socialmente”. “Sendo isto así –engadiu- non imos, en ningún caso, darnos por vencidos e imos seguir traballando para garantir o futuro do sector naval”. Por iso, adiantou, “acabo de manter unha conversa co ministro de Industria onde lle solicitei formalmente que o Reino de España recorra ante o Tribunal de Luxemburgo esta decisión e que, ademais, solicite no recurso a suspensión dos efectos económicos desta resolución para a devolución que lles solicita aos investidores”.

Considerou Feijóo que “se o Tribunal de Luxemburgo acepta a suspensión cautelar, teriamos, sen ningunha dúbida, resolto durante bastante tempo o panorama desde o punto de vista de non ter que devolver cantidade ningunha ata que se Luxemburgo resolva”.
A este respecto, o mandatario autonómico expresou o seu convencemento de que “hai argumentos xurídicos suficientes para gañar ese pleito” sobre a base dos principios “de discriminación positiva, de proporcionalidade, de seguridade xurídica e de inacción”.

Referiuse ao tempo transcorrido desde que, no ano 2006 Holanda presentou a reclamación, e Unión Europea non abriu o expediente sobre o tax lease e remarcou que a Unión Europea estivo 6 anos sen abrir un expediente a España. En consecuencia, afirmou, “non nos parece, en ningún caso, achacable nin ao Goberno socialista naquel momento, ni aos estaleiros, nin ás comunidades autónomas, a inacción da UE”. E preguntouse por que, se Francia non tivo que devolver as axudas, ten España que devolvelas. Ao seu xuízo estes son “argumentos moi potentes”.

O presidente galego avanzou, ademais, que “o Ministerio de Industria, a Xunta de Galicia e as Comunidades Autónomas afectadas” seguirán “concretando unha folla de ruta nos próximos días coa Axencia Tributaria, co Ministerio de Facenda, cos investidores e co sector naval para ver cómo atopamos unha solución, a menos mala, para que impacte o menos posible no futuro do sector naval”.

Manifestou o titular da Xunta o seu convencemento de que “hai capacidade” para interpretar a resolución de xeito que sexa compatible “coa posibilidade de seguir facendo barcos e coa posibilidade de atopar financiamento para facer barcos nos estaleiros de Galicia”.

Na súa comparecencia, o presidente galego explicou os razoamentos polos que a resolución adoptada na mañá de hoxe é “cuestionable xuridicamente”, “pouco responsable” desde o punto de vista económico e “insensible socialmente”.

Respecto ao primeiro deles, Feijóo incidiu en que se trata dunha decisión cuestionable xuridicamente “toda vez que fomos constatando que a decisión se foi cambiando a medida que transcorrían os días e as semanas”. “Parécenos que é cuestionable xuridicamente porque é desproporcionada e porque é discriminatoria; é cuestionable xuridicamente porque España é tratada de forma distinta a como foi tratada Francia -a España pídeselle que se pague con efectos retroactivos e Francia non tivo un só euro de devolución con efectos retroactivos-; é cuestionable xuridicamente e acredítase que é así porque inicialmente non tiñan que pagar os estaleiros, pero si os armadores e os investidores, e agora non teñen que pagar os estaleiros nin os armadores, pero si os investidores; e é cuestionable xuridicamente porque, en principio, tiña que pagarse desde o ano 2002, despois desde o ano 2005 e agora só a partir do ano 2007”.

Esta resolución “non era sólida nos seus argumentos”, explicou Feijóo, destacando que, proba disto “é que os argumentos se foron cambiando paulatinamente en función da actuación conxunta das comunidades autónomas, do Goberno de España, das organizacións sindicais e dos estaleiros”.

No tocante a que é unha decisión “pouco responsable economicamente”, o mandatario autonómico argumentou que non se facilita, “para nada” a industrialización de España nin a industrialización de Europa no que ao sector naval se refire e que “temos máis problemas dos que tiveron outros países cando foron denunciados como consecuencia de presuntas axudas de Estado”.

En canto a que a medida é “insensible socialmente” Feijóo xustificouno en que “afecta a un país que ten o 26% de paro, e en que afecta á industria naval privada de España, sendo unha industria naval xa moi cativa como consecuencia das distintas reindustrializacións e quebras que foron tendo boa parte dos estaleiros de España”.

Por último, o mandatario autonómico confesou estar “satisfeito”, da “unidade na defensa do sector naval que deu España”. “Estamos satisfeitos polo traballo feito polos presidentes das comunidades autónomas, polos secretarios xerais de CCOO e UXT, por suposto, polo Goberno de España, e polos estaleiros e desde que empezamos esta discrepancia profunda co comisario Almunia ata a resolución hai un camiño andando dunha enorme transcendencia”, afirmou. “Hai tan só quince días estabamos ante o peche seguro de todos os estaleiros de España e hoxe podemos dicir que temos danos, pero que eses danos témolos que controlar e temos que reverter os danos producidos por esa resolución”, abondou.