martes, 24 de junio de 2025
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha telefoneado al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para interceder sobre la devolución de las ayudas concedidas a los astilleros españoles en el marco del sistema de bonificaciones fiscales del tax lease, sobre la que el Ejecutivo comunitario tiene previsto decidir el 17 de julio. La llamada telefónica, a petición de Rajoy, se ha producido poco después de las 13.00 horas y "se ha concentrado en la cuestión de los astilleros", según ha explicado a Europa Press la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, que no ha desvelado más detalles del contenido de la conversación.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido al Ejecutivo comunitario que dispense a España de la obligación de recuperar las ayudas a los astilleros entre 2005 y 2011, que superan los 2.000 millones de euros, según los datos del ministro de Industria, José Manuel Soria. Soria alega la "inacción" de Bruselas sobre el régimen fiscal español, vigente desde 2002, e incluso el apoyo de la ex comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en una carta de 2009 dirigida a las autoridades noruegas.
Tanto Soria como los presidentes autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias pidieron la semana pasada en una reunión con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que sólo deban devolverse las ayudas concedidas desde 2011, fecha en que Bruselas inició el expediente contra el tax lease. Sin embargo, Almunia rechazó los argumentos presentados por España y anunció que seguirá adelante con su propuesta de pedir a España que recupere las ayudas fiscales a los astilleros. El vicepresidente ha decidido no obstante eximir de la obligación de devolver las ayudas tanto a los propios astilleros como a los armadores que compraron los barcos. Sólo deberán reembolsar las subvenciones los inversores que financiaron la construcción.
Tanto el Gobierno español como el sector consideran que estas excepciones son insuficientes porque, de condenarse a los inversores, los astilleros españoles no volverán a encontrar financiación y se pondrán en riesgo 87.000 puestos de trabajo.
Además, tanto el lehendakari, Íñigo Urkullu, como el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, habían reclamado a Rajoy que intercediera ante Barroso.
Postura de la Xunta de Galicia:
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que el Gobierno autonómico confía en que "al final se imponga la cordura" y el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, "no condene" al naval, en referencia a la devolución de las ayudas del tax lease. "Esperamos que su decisión no condene, no sé si a muerte, pero sí a una situación dificilísima, a un sector que es absolutamente fundamental en el tejido de Galicia", ha manifestado, en un desayuno informativo organizado por el Forum Europa Nueva Economía.
Rueda ha aludido a la reunión que tuvo lugar la pasada semana entre una delegación española, de la que formó parte el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el comisario Almunia, que "no dio la respuesta esperada". Ha advertido que "esto aún no acabó" y ha recordado que Feijóo ha solicitado a los ministerios abordar este asunto con sus correspondientes comisarios. "Aún hay tiempo, esperemos que Almunia se dé cuenta de lo muchísimo que se juega Galicia y el resto de comunidades".
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
