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El comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, rechaza los argumentos de España e insiste en que se debe devolver el tax lease

La delegación española que ha viajado a Bruselas -y que incluía también a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras así como a representantes de los astilleros- no ha logrado convencer a Almunia de su petición de que sólo se tengan que recuperar las ayudas posteriores a 2011.

El vicepresidente ha aceptado únicamente eximir de la obligación de reembolsar estas subvenciones tanto a los astilleros como a los armadores que compraron los buques, pero no a los inversores y a las entidades que financiaron su construcción. La decisión final se adoptará el 17 de julio por mayoría en el colegio de comisarios. "Con argumentos jurídicos hemos visto que se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por lo tanto, queda la devolución de ayudas de los inversores", ha explicado Almunia tras la reunión.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha desestimado los argumentos presentados por el ministro Soria, que alegaba la "total inacción" de la Comisión desde 2002 cuando se puso en marcha el 'tax lease' español hasta 2011. "Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas", ha resaltado Soria tras la entrevista con Almunia. Y ha recordado que en 2009 la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, escribió en una carta al Gobierno noruego en la que sostenía que "el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa".

Almunia le ha replicado que, desde que en 2005 Bruselas abrió una investigación al sistema francés de ayudas a los astilleros, que era "muy parecido al español", ya se crea un precedente que obliga a devolver las ayudas. Y ha dicho que la carta de Kroes "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico". "Otros argumentos, algunos de los cuales han sido expuestos o reiterados hoy por los representantes del ministerio, de las comunidades autónomas o de los sindicatos, no se pueden tener en cuenta porque no es posible encajarlos en la jurisprudencia que rige la disciplina de las ayudas de Estado", ha insistido el vicepresidente.

Ante la negativa de Almunia, el lehendakari Íñigo Urkullu y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ponga en contacto con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, para intentar frenar la decisión. "Hacemos una apelación al presidente del Gobierno español para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y particularmente ante el presidente de la Comisión Europea", ha dicho Urkullu, que ha sostenido que "hay tiempo para cambios en su posición (de Almunia) y es un tiempo que tenemos que aprovechar".

El lehendakari ha expresado su "preocupación" porque "no ha habido una respuesta definitiva y satisfactoria a los planteamientos que hemos esbozado ante el comisario de Competencia". A su juicio, el argumento de peso es el de la "inacción" de la Comisión. "No entenderíamos una sanción que se retrotraiga hasta el año 2005", ha señalado Urkullu. "No hemos podido solucionar todavía el problema. Seguimos con problemas para asegurar la viabilidad futura de los 87.000 puestos de trabajo que es el sector naval industrial español", ha admitido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

El titular de la Xunta ha indicado que el hecho de excluir a los astilleros y a los armadores de la obligación de devolver las ayudas "no arregla el problema". "Sin financiación, los armadores, los clientes, no van a solicitar nuevos pedidos. Y sin financiación, los astilleros no van a poder fabricar barcos. O resolvemos la totalidad del problema o nos vamos a autoengañar".

También el mandatario asturiano, Javier Fernández, ha afirmado que eximir a los armadores de la devolución de las ayudas "no es suficiente". "El riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo y por tanto debe aplicarse a nuestro juicio que la devolución no tenga lugar más que a partir de 2011". "El día 17 se toma por parte del colegio de comisarios la decisión última y yo espero que el comisario de la Competencia lleve una propuesta que recoja esa petición que unánimemente le hemos hecho", ha apuntado Fernández.

Almunia les ha respondido que desde noviembre del año pasado hay un nuevo sistema de financiación para los astilleros que ha sido aprobado por la Comisión. "Espero que haya inversores y que haya actividad en el sector, que haya compradores de los barcos que ese sector es capaz de producir y además es un sector que en los últimos tiempos ha desarrollado actividades de innovación que lo hacen ser un sector de punta".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido a Almunia que reconsidere "en profundidad" su decisión. "Creo que el presidente del Gobierno de España tiene que dirigirse de forma inmediata al señor Barroso para que se apuntale la posición española y el colegio de comisarios resuelva en consonancia con los problemas que esto acarrearía para España", ha insistido Toxo. El ministro de Industria ha anunciado que el Gobierno está teniendo "intensos contactos con distintos miembros del colegio de comisarios con el fin de llevarles al convencimiento de que esta es una decisión muy perjudicial para la industria naval española pero lo es también para todo el sector industrial europeo". "Al final lo que hemos conseguido es que la actividad industrial en Europa deje de hacerse en Europa y se relocalice en otros mercados como son los asiáticos, fundamentalmente en Corea y en China. Europa no gana absolutamente nada más allá de seguir en un proceso de creciente desindustrialización", ha denunciado Soria.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cualificou de “insuficiente” o cambio na postura do vicepresidente da Comisión Europea e comisario europeo da Competencia, Joaquín Almunia, ao respecto do expediente sobre o tax lease. Por ese motivo, o mandatario galego avogou por seguir defendendo, ata o día 17 de xullo, a postura unánime de España para que se libere tamén aos investidores da devolución das axudas e que, en todo caso, esta sexa posterior ao 2011, ano en que se abriu o expediente na Unión Europea.

Así o dixo o titular do Goberno galego ao remate da xuntanza que esta mañá mantivo con Almunia en Bruxelas xunto cos presidentes de Asturias e País Vasco; o ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria; o presidente de Pymar, Álvaro Platero Díaz; o secretario xeral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; e o secretario xeral de UGT, Cándido Méndez.

Feijóo resaltou que na xuntanza se constatou “un cambio, pero insuficiente” na proposta do comisario Almunia, de xeito que as axudas non terían que ser devoltas nin por os estaleiros nin polos armadores, pero si polos investidores. “Ao final ese cambio é insuficiente porque nin os armadores poden encargar barcos sen financiamento nin os estaleiros poden construír barcos sen financiamento”, apostilou.

Subliñou ademais o mandatario autonómico que a delegación española non pode aceptar que se teñan que devolver as axudas de antes de que se iniciase o expediente fronte ao sistema do tax lease no ano 2011, porque iso sería “desproporcionado e quebraría o principio de seguridade xurídica”.

En consecuencia, o presidente da Xunta expresou a necesidade de “de aquí ao 17”, o Goberno de España, os presidentes autonómicos, a patronal naval e as organizacións sindicais teñen que dirixirse ao colexio de comisarios europeos e ao presidente da Comisión para “reiterar que non é razoable que se pidan devolucións antes de ter iniciado o expediente”. “Iso é o que se fixo a Francia e iso é un principio de non discriminación básico desde o punto de vista xurídico”, remarcou.

Alberto Núñez Feijóo insistiu en que, pese a que, efectivamente, existe un cambio, este é insuficiente “e non vai mandar a seguridade absoluta de que podamos volver construír barcos con tranquilidade nos estaleiros españois”. Considerou que, se ben nin os estaleiros nin os armadores teñen que devolver as axudas, o certo é que os armadores sen financiamento non encargan barcos e os estaleiros sen financiamento non constrúen barcos”, polo que “o problema segue vixente coa mesma intensidade que anteriormente”.

Incidiu en que a proposta de que os investidores si teñan que devolver as axudas mantén “en grave risco” ao sector naval español e galego e afirmou que “isto é como unha moeda, aínda resolvendo o problema da cara, sen non resolvemos o problema da cruz, é evidente que a moeda non serve”.