martes, 24 de junio de 2025
La CNMV, el organismo que preside Elvira Rodríguez, informa en un escueto comunicado de que determinará el alcance de los incumplimientos por parte de Pescanova de los artículos 26, 27 y 35 de la Ley del Mercado de Valores.
Los citados artículos guardan relación con el contenido de los folletos de admisión y emisión, y con la remisión de la información periódica y de las cuentas anuales de las sociedades cotizadas.
El informe forense realizado por KPMG para determinar la situación de Pescanova revela que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva. En concreto, el informe concluye que el objetivo de estas prácticas era presentar una deuda financiera inferior a la real y, como consecuencia, unos resultados superiores a los realmente generados. De hecho, cuantifica que la deuda financiera a 31 de diciembre de 2012 era de 3.281 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 927 millones de euros. "Los hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el grupo Pescanova no fueron fortuitos, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se ha venido realizando durante varios años por parte de la dirección de Pescanova", destaca en una nota remitida a la CNMV por el administrador concursal de la empresa, Deloitte, que se reserva el derecho a adoptar las medidas oportunas y a dar traslado del informe a los órganos competentes.
El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha asegurado que todas las decisiones tomadas en la empresa, "equivocadas o no", se adoptaron para "mantenerla viva", y ha añadido que tiene la conciencia tranquila, dado que fue él quien propuso al consejo de administración encargar el informe 'forensic' elaborado por KPMG.
Fernández de Sousa lo indicaba así al término de la reunión que el consejo de administración de Pescanova mantuvo este jueves, convocada por Deloitte como el administrador concursal de la empresa. Según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro, la reunión tuvo carácter informativo, dado que en ella los administradores se detallaron la marcha del proceso concursal de la empresa, la situación de la compañía y el informe 'forensic' de KPMG.
A la reunión del consejo, que tuvo lugar en Madrid, no asistieron ni el hijo ni el hermano del presidente, Pablo Javier Fernández Andrade y Fernando Fernández de Sousa-Faro, respectivamente, según indicaron las mismas fuentes. La reunión tuvo lugar después de que se hicieran públicas las conclusiones del informe de KPMG, que constata prácticas contables para ocultar deuda, "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas" por miembros de la cúpula directiva de Pescanova, e indica que la empresa tiene una deuda de 3.281 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 927 millones de euros.
Fuentes oficiales de Deloitte se limitaron a indicar que se "trató de una de las reuniones habituales dentro de los procesos concursales, donde se detalla la marcha de la compañía". Tras la reunión y respecto a este informe , el presidente indicó que el consejo de Pescanova "ya notificó en su momento" errores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Yo notifiqué que había errores e irregularidades en el hecho relevante del 12 de marzo a la CNMV y el informe se contrató para poner de manifiesto con claridad todos esos errores que pudiera haber", según el presidente que también dijo que, "si no tuviera la conciencia tranquila, no habría encargado el 'forensic', y lo hice a voluntad propia y porque era nuestra obligación. Si tuviera algo que ocultar, obviamente no lo hubiera hecho".
Sobre los "errores que se hayan cometido", Fernández de Sousa asegura que "todos tienen explicación". "Explicación que yo obviamente daré en el momento oportuno y en el lugar adecuado". Al margen de dar esa explicación, el presidente de la compañía garantizó que "todo lo que se ha hecho ha sido porque Pescanova siguiera adelante en su proyecto, viva y presente en todo el mundo". "Que se hayan cometido errores para llegar a ello, probablemente sí, de hecho se han cometido, pero se ha hecho con la voluntad de que Pescanova estuviese viva". Pescanova tiene convocada una nueva reunión de su consejo de administración para el día 31 de julio, en esta ocasión en Galicia.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el Gobierno gallego "está haciendo lo que tiene que hacer" en relación a Pescanova, tras conocerse en la pasada jornada el informe 'forensic' realizado por KPMG para determinar la situación de la compañía. Dicho documento revela, entre otros extremos, que en los últimos ejercicios se diseñaron y ejecutaron prácticas contables para ocultar deuda en la compañía, y que estas prácticas eran "instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida", por miembros de la cúpula directiva.
Preguntado al respecto tras el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda ha replicado que las responsabilidades sobre lo que exponen este tipo de auditorías deben "dirimirlas" los órganos correspondientes que tengan acceso a esta información. "A la Xunta lo que le corresponde es hacer todo lo posible para que una empresa tan importante como Pescanova pueda seguirse manteniendo pese a todo y seguir creando una riqueza fundamental que no se puede perder".
Preguntado sobre si la Xunta estaría dispuesta a personarse en el caso de que se emprendan acciones legales contra los gestores de la firma, ha evitado anticipar una postura clara. "Me habla de un futurible, lo que hay a día de hoy es la obligación de la Xunta de seguir luchando por Pescanova", ha señalado, para añadir que, precisamente, por ello, ha participado con fondos públicos en el reciente aval para garantizar su viabilidad. "Cualquier cosa que se plantee en el futuro, habría que verlo", ha agregado, antes de reafirmarse en que el Ejecutivo autonómico está haciendo ahora mismo, en su opinión, "exactamente lo que tiene que hacer".
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
