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Pacto político gallego en defensa del sector naval: los grupos parlamentarios piden a Almunia que reconsidere la devolución del tax lease

"Contamos con sólidos argumentos jurídicos que avalan esta petición, pero también con la firme convicción de que la Comisión Europea no puede permitirse hundir todo un sector industrial de un estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo, particularmente en Galicia", recoge la declaración institucional que han pactado todos los grupos del arco parlamentario, a propuesta del PPdeG.

Esta voz única del arco parlamentario gallego, que partió de la Diputación Permanente convocada este miércoles en la Cámara autonómica, quiere servir de apoyo para la reunión que este jueves tendrán los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco, el ministro de Industria y el comisario de la Competencia y de la que los partidos gallegos esperan que salga una resolución positiva para el sector naval. De hecho, todos los portavoces que participaron en el debate, a propósito de una petición del PSdeG para que se celebrase un pleno extraordinario en el que se abordarse esta cuestión, expresaron al unísono la conveniencia de enviar esta señal para acompañar la reunión de este jueves.

No obstante, la oposición la ve insuficiente y considera que un pleno a mayores reforzaría la postura de Galicia, cuyo sector naval no pende, a su juicio, únicamente de la devolución de las cuantías derivadas del sistema de bonificación fiscal. Sin embargo, fue rechazado por los populares, cuyo portavoz parlamentario, Pedro Puy, no se ha cerrado a una sesión posterior al encuentro del jueves 11 de julio. En todo caso, ha explicado que la reunión de este jueves constituye un aspecto a tener en cuenta ante la posibilidad de reunir el hemiciclo para abordar monográficamente y de forma extensa esta problemática, de forma que no se ciña únicamente a la proposición no de ley presentada por el PSdeG como orden del día del pleno que pidió.

La declaración institucional destaca que sólo en Galicia "corren el riesgo de desaparecer 14.000 empleos directos y una voluminosa industria auxiliar" de materializarse la amenaza de que España deberá devolver las ayudas, y advierte de que el fallo desfavorable de la Comisión Europea supondría "cerrar el sector industrial naval".
Recuerda, en este sentido, que Navantia se encuentra hoy en día "sin carga de trabajo ni dique flotante", mientras que el sector naval en la ría de Vigo -que concentra el 65 por ciento de las inversiones financiadas con la modalidad del tax lease- perdió desde 2008 el "80 por ciento" del empleo, lo que supuso la destrucción de 10.800 puestos de trabajo. Paralelamente, las industrias auxiliares del naval de Ferrolterra despidieron a unos 2.300 trabajadores, lo que "provoca más paro en otros sectores productivos al deprimir la actividad económica en una magnitud que ronda los 30.000 empleos destruidos de forma adicional".

La Cámara gallega asegura que este sector industrial "clave para Galicia y el Estado" sufre una "amenaza mortal por adolecer de un mecanismo de financiación que sitúe a sus astilleros en condiciones semejantes" a las del resto de estados miembros, y advierte de que la devolución de 2.000 millones de euros en ayudas -desde 2005 en adelante- abocaría "directamente a la ruina a un sector industrial vital para Galicia y el conjunto de España", que exporta el 90 por ciento de loq eu produce. Al margen de considerar "suficientemente relevantes las dramáticas consecuencias industriales" que acarrearía la decisión, el Parlamento gallego declara que "son aún más contundentes los argumentos legales aportados por España", basados en la seguridad jurídica. De esta forma, supondría un "grave trato discriminatorio de España respecto a Francia", que en un expediente similar fue eximida de devolver las ayudas por aplicación del principio de seguridad jurídica.

El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, defendió la necesidad de que ante las decisiones "clave" que van a afectar a los gallegos en los próximos días (refiriéndose al naval y a NCG), es preciso que los políticos gallegos "envíen un mensaje" y no se "vayan a la playa a tumbarse al sol". A su juicio, hay que dar una "prueba evidente de la preocupación" y de que los partidos "son capaces de llegar a un acuerdo" para defender un sector "estratégico" como es el naval. En este sentido, advirtió de que el tax lease no puede ser "un burladero para decir 'qué pena, se murió el naval'" , puesto que la devolución de las ayudas sería "la puntilla a un sector agonizante", pero éste tiene otros problemas que --ha afirmado-- hay que abordar.

Pachi Vázquez ha dado el "apoyo incondicional al presidente del Gobierno (Feijóo) contra quien sea", y ha señalado que es "absolutamente injusto que alguien, sea quien sea, decida que navieras, astilleros o inversores tengan que pagar una retroactividad por una fiscalidad aprobada por el Gobierno español".

El portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha señalado que, "por mucho desprecio que se merezca la actitud de Almunia" a juicio de su formación, el "responsable" de esta situación "se llama Unión Europea y Gobierno central", y ha señalado que el comisario de la Competencia es "un peón al servicio de los grandes lobbies económicos que dominan la Europa de los mercaderes" y responde a una "estrategia que no busca otra cosa que liquidar el sector naval gallego". También ha evaluado que el Gobierno central "también es responsable por su total y absolutamente sumisa y débil" postura, y ha responsabilizado a la Xunta por ser la "campeona de las promesas incumplidas" para este sector.

Yolanda Díaz, viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ha afirmado que los trabajadores del naval "están hartos de declaraciones que después no sirven de nada" y por eso defendió la celebración de un pleno para defender que es un "sector estratégico". Por otro lado, ha apuntado que una respuesta parlamentaria del Gobierno sobre la negociación del levantamiento del veto a la antigua Astano siembra "sombras" acerca de que éste "no vuelva a ser una pieza de negociación para pactar otras" cuestiones. "El (año) 2015 está ahí, y si hay voluntad firme para no volver a pactar un veto, el PP tiene que empezar a trabajar desde ya mismo".

Pedro Puy ha alertado de que la devolución de las ayudas sería "el golpe de gracia" y "un drama" para el sector naval, y ha incidido en que hay "argumentos jurídicos sólidos" para que esta situación no se produzca. Además, ha expuesto que hay una cuestión "esencial", que es el "principio de proporcionalidad", es decir, que la Unión Europea no puede dejar que se pierdan 86.000 puestos de trabajo porque "es desproporcionado". "Mañana tenemos una oportunidad de contar con una resolución favorable y nosotros vamos a seguir paso a paso. Y no descarto que en el futuro haya un pleno, no sería en un formato de proposición no de ley, sino como el que demandan los otros grupos, con más empaque", ha avanzado Pedro Puy.

Empresarios ante Almunia

El sector naval español y de Galicia (donde se concentra más del 60% de esta actividad industrial) vive el jueves 11 de julio una jornada decisiva, con la reunión que mantendrá una delegación española, encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, en relación con el expediente del conocido como 'tax lease'. En el encuentro, que tendrá lugar a las 11.00 horas en Bruselas, estarán presentes los presidentes de las comunidades de Galicia, Asturias y Euskadi, además de representantes de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) y los secretarios generales de CC.OO. y UGT.

El sector apelará a razones jurídicas (la aplicación de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica) y económicas (el riesgo de desaparición de toda una industria) para tratar de convencer al comisario Almunia de que reconsidere su propuesta inicial de devolución de las bonificaciones fiscales aplicadas en la contratación de barcos desde 2005 al 2011, año en que este sistema quedó suspendido por una denuncia de un astillero holandés. El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha señalado en una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press, que los astilleros gallegos se limitaron a "cumplir la ley" cuando aplicaron esas bonificaciones. "Es muy difícil entender que la Comisión Europea pida la devolución de esas ayudas".

Conde ha mostrado su esperanza de que haya una "rectificación" por parte de Bruselas, porque están en riesgo 14.000 empleos (más de 85.000 en toda España), y "no se justifica" la pérdida de un "sector competitivo". Asimismo, ha pedido que este expediente sea tratado con las mismas condiciones con las que se tramitó el expediente abierto a Francia, a la que no se requirió la devolución de bonificaciones.

Al igual que ya han advertido patronal y sindicatos, el conselleiro ha subrayado que el hecho de que las devoluciones no recaigan sobre los astilleros sino sobre los armadores y estructuradores, no suaviza el problema, porque "significaría que los armadores dejarían de usar España como mercado para comprar barcos". "Cualquier devolución abocaría nuestro sector a su desaparición, no sería justo ni razonable". En caso de que la resolución final del Colegio de Comisarios, que se conocerá el próximo 17 de julio, fuese negativa para el naval, Francisco Conde ha avanzado que no se descarta recurrir a los tribunales pero ha precisado que, mientras, los astilleros podrían cerrar, por lo que tampoco sería la solución.

Diferentes organizaciones patronales del sector, como Pymar o Asime, ya han advertido de que la resolución avanzada por Almunia implicaría un "daño irreparable" a la industria naval. De hecho, Asime ha confirmado que los astilleros vigueses tienen al menos diez comunicaciones de armadores que han manifestado su intención no volver a contratar barcos en España, en caso de que la UE decida "cualquier tipo de devolución" de las bonificaciones del tax lease. La patronal calcula que, en los últimos años, se han perdido más de medio centenar de contratos debido a la "inseguridad jurídica" planteada por la suspensión del tax lease y porque el nuevo sistema puesto en marcha "no es una herramienta eficaz" hasta que no se resuelva el expediente abierto. Asime incluso ha concretado que, desde que Almunia insinuó la posibilidad del reembolso de ayudas, España ha perdido 14 contratos, de los que 6 podrían haberse firmado en astilleros de la ría de Vigo.

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han subrayado que la decisión del Colegio de Comisarios es una decisión "política" y han instado a las administraciones a que "llamen a la puerta" del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso. En ese sentido, han advertido de que se puede hacer una "recopilación" de la documentación presentada hasta ahora, pero creen que "los argumentos jurídicos están todos puestos sobre la mesa". Además, han recalcado la importancia del naval en una comarca como Vigo, con tasas de paro de entorno al 27 por ciento, y han augurado que, si no se reanuda la actividad del sector, esa tasa podrá superar el 30 por ciento en poco tiempo. Las centrales sindicales defienden que, en el actual contexto económico, la construcción naval es una de las pocas actividades que tiene capacidad para generar puestos de trabajo.

Tras dos años de espera después de la apertura del expediente del tax lease, los representantes de los trabajadores confían en que la presión política y, sobre todo, la presión social, puedan hacer cambiar de opinión a Bruselas. Durante las últimas semanas han realizado actos de protesta y manifestaciones para sensibilizar a la ciudadanía y a los poderes públicos de la importancia de un sector que califican de "estratégico".