martes, 24 de junio de 2025
Según ha señalado el portavoz de Asime, Enrique Mallón, se trata de armadores de Estados Unidos, Noruega o Sudamérica, que han venido contratando barcos en los astilleros vigueses de forma habitual, y cuyos contratos han llegado a representar el 60 por ciento de la cartera de pedidos de las empresas. Así lo ha manifestado Mallón en una rueda de prensa en la que ha señalado que varios astilleros de la ría tienen en su poder esos comunicados, y que han puesto en conocimiento de las administraciones esa situación.
Mallón ha precisado que, entre esos comunicados, no se incluye a Pemex, cuyas negociaciones con Barreras quedarían al margen del conflicto del tax lease. En cualquier caso, ha recordado que la devolución de las bonificaciones es una decisión que también afecta a este astillero, algo que tiene que tener en cuenta alguien que entra en el capital de dicha empresa.
En ese sentido, ha tachado de "falacia" la afirmación de Joaquín Almunia, de que la devolución del tax lease no afectaría a los astilleros. "Es sorprendente esta beligerancia contra el sector naval español", ha subrayado, y ha lamentado que, con la forma en que Bruselas está actuando ante este expediente, se ha abierto una "guerra fratricida", porque "la comisión de Competencia ha creado una jungla de demandas y de ataques entre países miembros".
El representante de Asime también ha lamentado que, en los últimos años, el sector naval vigués ha dejado de firmar 54 contratos para construir barcos con un valor medio de 115 millones de euros cada uno, unos encargos que finalmente se han ido a Noruega, Alemania, China y Corea. Además, según ha asegurado Enrique Mallón, desde que el comisario Joaquín Almunia avanzó que el expediente podría acabar con la devolución de casi 3.000 millones de euros de bonificaciones aplicadas desde 2005 a 2011, "se frustraron" 14 contratos en astilleros de España, de los que 6 pudieron haberse firmado en la ría de Vigo.
El responsable de Confemetal, Andrés Sánchez, ha incidido en las "consecuencias terribles" que tendría una resolución negativa del expediente del tax lease, no sólo para la industria naval española, sino también europea.
Mallón ha reclamado a las autoridades comunitarias que se configure un sistema único de bonificaciones para el naval de toda la UE, que dé seguridad jurídica a este sector y que evite los "egoísmos" de los países. En esas condiciones, tanto Sánchez como Mallón han asegurado que el naval español tiene capacidad para competir con otros países. Sánchez también ha pedido al gobierno de España que adopte todas las medidas necesarias para oponerse a una posible devolución de las bonificaciones, e incluso ha llegado a proponer que se explore el ejercicio del "derecho de veto" en las instituciones europeas.
La patronal metalúrgica, que ha mostrado su apoyo a la manifestación ciudadana en apoyo de este sector (que se celebrará el jueves a las 20.00 horas), ha recordado que nuevo tax lease es "absolutamente ineficaz" por el clima de desconfianza creado entre armadores e inversores. Asimismo, han recordado que, además de los grandes astilleros, existen decenas de constructores navales pequeños y medianos pendientes de la resolución del colegio de comisarios del próximo 17 de julio.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
