martes, 24 de junio de 2025
"Ese es mi trabajo, ayudar, pese a que es un astillero público que depende del Gobierno de España", insistió Feijóo y pidió que "con o sin reconocimiento", mantendrá esta actitud. Acerca de si, tras su reunión con el citado armador, hay garantías reales de nuevos pedidos para Navantia, sobre la que pesa el veto a la construcción civil al menos hasta principios de 2015, Feijóo ha instado a los periodistas a formularle esta pregunta tras la reunión del colegio de comisarios que decidirá sobre el tax lease el 17 de julio. "Si queda solucionado, la respuesta es rotundamente sí. Si no queda solucionado, vuélvame a hacer la pregunta y le contestaré de forma adecuada", ha demandado, en una intervención en la que también ha revelado que le consta que el Gobierno ya remitió los "argumentos jurídicos" exigidos por Almunia para antes de la reunión de la próxima semana "más perfilados", con la "no discriminación" y la "seguridad jurídica" como "principios básicos".
La asociación patronal del sector metalúrgico, Asime, ha mostrado su confianza en que la propuesta final del comisario Almunia para la resolución del expediente del tax lease sea "justa" y, ha advertido de que, en caso de que se obligue a la devolución de las bonificaciones fiscales aplicadas en la contratación de barcos desde 2005, se estaría "exterminando" a toda "una industrial nacional", como es el naval. Con respecto a las manifestaciones del comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión, sobre un posible margen para evitar las devoluciones, con la aportación de nuevos argumentos jurídicos por parte del Gobierno español, Asime ha precisado que la industria naval ha puesto sobre la mesa razones jurídicas "numerosas y suficientes".
El portavoz de la patronal, Enrique Mallón, ha subrayado que el sector está dispuesto a revisar esos argumentos o clarificarlos "valorando todas las interpretaciones posibles", si fuera preciso. "Estamos ante el más grave problema industrial español en los últimos años", ha apuntado, y ha señalado que tanto el Colegio de Comisarios de la UE como el propio presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, "tendrán que pronunciarse". Asime ha recalcado que el Ejecutivo español "debe apurar todas las gestiones técnicas, jurídicas y políticas posibles" hasta la reunión del próximo 11 de julio, en la que se encontrarán Joaquín Almunia y la delegación española encabezada por el ministro Soria, acompañado por presidentes autonómicos, representantes sindicales y de la patronal. "Confiamos en que, finalmente, el comisario Almunia presente un borrador de resolución justo y no discriminatorio, y con ello conseguirá también que el resto de comisarios no tengan que ser partícipes de una resolución mortífera".
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) se muestra en contra de la devolución de las bonificaciones fiscales al sector, conocidas como 'tax lease', pero considera que, en caso de que haya que restituirlas, la medida solo debería afectar al periodo que comienza en septiembre de 2011, que es cuando Bruselas abrió el expediente. En una rueda de prensa, el presidente de Anave y de Balearia, Adolfo Utor, indicó que desde la publicación de este "dictamen motivado" de la UE el 21 de septiembre 2011, apenas se produjeron encargos por parte de las navieras y de los inversores "ante la posibilidad de que los 'tax lease' pudieran ser ilegales".
La fijación de esta fecha como referencia para la devolución contrasta con la de 2005 que ha manejado públicamente el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, correspondiente al momento en el que se reconoció la ilegalidad de las ayudas concedidas por Francia, país que nunca tuvo que restituirlas. Fijar la referencia en 2005 en el caso español obligaría a devolver casi 3.000 millones de euros. Utor pidió al comisario de Competencia "que no se equivoque" y que no condene al sector a devolver unas ayudas que fueron además avaladas por el Gobierno español. "Una resolución en este sentido", indicó acerca de la devolución, "supondría el certificado de defunción" para el sector.
Los navieros forman junto a los financiadores los grupos que deberían devolver los 'tax lease', si bien el presidente de Anave dio por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a estos últimos la responsabilidad del pago. Se produciría un "efecto en cadena" porque los armadores "pleitearían con los astilleros", advirtió. De los 270 barcos construidos a partir de 2005, periodo de análisis manejado por la UE, 180 fueron encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que dejarían de confiar en España. A pesar de que ya existe un nuevo 'tax lease' en el que se han eliminado posibles elementos contradictorios con la legislación comunitaria, el sector se encuentra en estado de "parálisis", lamentó Utor. Los astilleros están viviendo una especie de "periodo vacacional", sin apenas pedidos.
La devolución de las ayudas "sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a España", afirmó, antes de advertir del impacto que la devolución podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos. La concurrencia de intereses internacionales hace que Anave se sienta confiado en que varios comisarios se muestren partidarios de la no devolución de los 'tax lease' españoles durante la reunión del Colegio de Comisarios del 17 de julio, en la que se adoptará la decisión final. "Hemos tenido contactos" y apreciado una "buena aceptación" entre los socios de la UE, por lo que la asociación espera un "apoyo importante" a las tesis españolas una vez se estudien en "profundidad" los nuevos argumentos, señaló. Otro de los argumentos que maneja la asociación, y que ya fue adelantado ayer por el ministro de Industria, José Manuel Soria, es una carta remitida por la excomisaria de Competencia Neelie Kroes en la que se aceptaban las bonificiaciones.
La asociación de navieros considera además que "el Estado español deberían hacer frente a una responsabilidad" por haber aprobado las bonificaciones durante años. "Todos los casos de 'tax lease' fueron avalados por la Dirección General de Tributos", recordó. "El Gobierno ha ido aprobando una por una todas las operaciones, por lo que existe desde el punto de vista jurídico una responsabilidad del Gobierno español", añadió Utor.
El naval se manifiesta esperando una solución favorable al tax lease
Los sindicatos y trabajadores del naval de la comarca de Vigo calientan las protestas en los días previos a que se conozca la resolución del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, sobre el expediente del tax lease, y este jueves han vuelto a salir a la calle para reclamar la "salvación" del sector. Más de 1.500 trabajadores de los astilleros de la ciudad se han manifestado por las calles del centro, al grito de "naval, solución", y han confluido en el cruce de Colón y Policarpo Sanz. Desde allí se han trasladado a pocos metros, frente a la sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca, donde se ha celebrado la asamblea.
El portavoz de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha señalado que el expediente del tax lease se ha convertido en un "problema de Estado", y ha insistido en que la construcción naval es, junto con la automoción, uno de los "motores" de la economía de la comarca, por lo que Vigo "se juega mucho". "Que nos escuche Europa", ha pedido, al tiempo que ha exigido a Almunia "que borre su sonrisa de la cara cuando habla del naval, porque es un asunto muy serio". Sarmiento ha anunciado que el sector convocará una nueva manifestación el próximo jueves por la tarde (día en que los trabajadores volverán a salir a la calle también por la mañana). Así, ha pedido que sea una protesta "de toda la ciudad de Vigo, que se juega su futuro", y ha terminado su intervención proclamando: "Se isto non se asume, lume!".
El portavoz de UGT, Diego Atanes, también ha insistido en pedir la implicación de toda la ciudad en la manifestación de la próxima semana, y de sectores como el comercio o la hostelería, que también "viven gracias a los sueldos de los trabajadores del naval". Atanes ha hecho un llamamiento al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, para que convoque de forma urgente el Consello Social de la ciudad, un órgano con representación de los principales agentes sociales y económicos de Vigo, para que manifieste su "apoyo total y absoluto" a las movilizaciones de la industria naval.
El responsable del naval de la CIG, César Rodríguez, ha señalado que este jueves es "un nuevo día de lucha", y ha denunciado que Gobierno central y Xunta "tienen que dar una respuesta al sector", después de que "no han hecho los deberes". "Éste es el momento, no hay otro", ha subrayado, y ha advertido de que "sólo vale una resolución positiva inmediata" por parte del comisario Almunia.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
