martes, 24 de junio de 2025
El vicepresidente y comisario de competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, asegura que el "tax lease" -programa de apoyo financiero y fiscal al sector naval- es incompatible con la legislación europea, y por lo tanto las ayudas se tendrán que devolver. Almunia ha aclarado que los astilleros no están obligados, ni "nadie les puede obligar", a devolver estas ayudas. Así, el comisario ha precisado en los desayunos de Nueva Economía Fórum que los agentes responsables de devolver estas ayudas son los que han participado como inversores en los grupos de interés económico -piezas del entramado del 'tax lease'- y los navieros y armadores que adquirieron finalmente los barcos que se fabricaron. "Están tajantemente fuera de estas obligaciones de estas devoluciones los astilleros que construyeron los barcos y los bancos que actuaron como meros agentes financieros", ha zanjado el comisario, quien fue increpado durante el turno de preguntas por el presidente de los astilleros Pymar, Álvaro Platero, quien le ha advertido del riesgo de "muerte del sector".
Joaquín Almunia ha precisado que corresponde a las autoridades españolas la decisión de determinar en que cuantía y quién debe devolver estas ayudas. "Se trata de un problema de ayudas de Estado, que afecta a varios países, no sólo a España, y que en este país se viene arrastrando desde hace muchos años, casi desde el principio de ese programa, que en su día no fue notificado".
Almunia ha recordado que la Unión Europea se pronunció respecto a un programa similar en Francia en 2006 y ha aclarado que no habrá obligación de devolver estas ayudas antes de 2005, que fue cuando se inició la investigación formal del caso francés y se considera que la inseguridad jurídica terminó al conocerse la postura de Bruselas respecto al asunto. "Se han recibido varias quejas informales y también formales que hizo que abriéramos una investigación en junio de 2011 y la decisión sobre este tema se va a tomar el próximo 17 de julio. Yo soy el responsable de hacer esa propuesta".
Joaquín Almunia dice que un comisario no representa a su país, ni a un partido, ni tampoco a un sector. "Un comisario tiene que prometer que solo va a responder al Tratado Europeo y al interés general europeo, por más que conste en nuestro carné un determinado país de origen o tengamos un carné de partido o sindicato".
Feijóo le pide a Almunia que piense dos veces su propuesta antes de firmar "el acta de defunción" del sector naval
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha negado a aceptar el "comentario de café" sobre el tax lease realizado por el vicepresidente y comisario de la Competencia de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, como una comunicación oficial, al tiempo que ha manifestado su deseo de que "se piense dos veces" la propuesta final puesto que devolver las ayudas supondría "mandar a la UVI" y firmar "el acta de defunción" del sector.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha advertido de que afirmar que los astilleros no tendrán que devolver las ayudas supone "un insulto a la inteligencia" y ha defendido que las empresas españolas actuaron conforme a la legislación vigente. "No hubo lucro", ha defendido, antes de esgrimir que la principal prueba es que muchos astilleros "han quebrado". En este escenario, ha reivindicado como válido el principio de confianza legítima y ha subrayado que una comisaria noruega "lo aceptó" para el "caso idéntico" de Francia, por lo que ha considerado que un comisario "español" no puede ahora "certificar el acta de defunción de todo el sector". Le ha instado a "reflexionar" y a aplicar "la misma doctrina" que su antecesora. "Merece la pena hacer una reflexión seria y meditada", ha sentenciado, convencido de que la CE no puede "enviar un mensaje demoledor" al país "con más paro de Europa" relativo a la devolución de las ayudas del 'tax lease' y que supondría, de concretarse el próximo 17 de julio en Bruselas, "hundir" un sector que estaba "empezando a reflotar".
Preguntado sobre las medidas que él prevé tomar para influir en los comisarios del PP europeo y si ve opción de que Almunia cambie de opinión, Feijóo ha instado a dejar que cada uno cumpla "con sus obligaciones" y ha llamado a "todas" las comunidades afectadas -País Vasco, Galicia y Asturias- a trabajar unidas con el Gobierno central para que la CE autorice para España la "misma" solución de Francia. "No le oculto mi preocupación respecto a que el PSdeG se negase a firmar una resolución en la que se pedía a Almunia que aceptase lo mismo que su compañera noruega para el naval francés", ha apuntado Feijóo, quien ha insistido en que si la propuesta que finalmente va al colegio de comisarios el próximo 17 de julio es la de Francia no habrá "ningún problema". "Pero si lleva una propuesta con el objetivo de hundir al sector naval español tenemos un gravísimo problema".
El cluster gallego del naval le pide a Rajoy que dé "un puñetazo en la mesa" europea para salvar el sector
El cluster gallego del naval ha exigido al presidente del Gobierno que dé "un puñetazo en la mesa" del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para salvar al sector, después de que el comisario Joaquín Almunia confirmase que inversores y armadores tendrán que devolver las bonificaciones fiscales aplicadas al amparo del tax lease en la construcción de barcos. En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde, ha subrayado que "sólo queda" una reacción del presidente del Gobierno, y que ése el único margen de maniobra que le resta al sector hasta el próximo 17 de julio, fecha en la que se hará pública la resolución definitiva del expediente del tax lease.
Alcalde ha lamentado el "engaño" de Almunia sobre las consecuencias que tendrá la devolución de esas bonificaciones, y cree que sus manifestaciones sobre que los astilleros no estarán afectados "son una tomadura de pelo". "Este señor no es consciente del daño que está causando. No sé en qué planeta vive".
La consejera delegada de la asociación de los astilleros privados (Pymar), Almudena López del Pozo, advirtió de que el anuncio de Almunia de que solo pagarán navieras (la mayoría, extranjeras) y financiadores (españoles casi todos) es "una falacia", ya que las cláusulas de los contratos trasladan la responsabilidad de los cambios regulatorios a los astilleros, y pronosticó "10.000 pleitos", recursos ante el TUE y la pérdida de 87.000 empleos como consecuencia de la decisión. "Al día siguiente habrá 10.000 pleitos y, sobre todo, un bloqueo financiero y de la llegada de clientes a los astilleros. Es evidentemente el final del sector", afirmó la consejera delegada de Pymar en la rueda de prensa, celebrada en el hotel Ritz, donde poco antes había realizado Almunia su anuncio sobre los 'tax lease'.
La devolución afectará al 95% de los 3.000 millones recibidos a través de los 'tax lease' y tendrá, a juicio de Pymar, el efecto añadido de que hará perder 40 nuevos contratos de barcos con una facturación de más de 2.000 millones. "Desde noviembre de 2012 no ha salido ninguna operación. Ahora, ningún armador construirá en España ni ningún financiador apostará por el país". López del Pozo no solo pronosticó "el fin de la industria española, sino también de la europea", ya que el expediente abierto a España por los 'tax lease' es fruto de las denuncias "sistemáticas" de Holanda y puede dar origen a una cadena de denuncias intracomunitarias, mientras los astilleros asiáticos, que reciben ayudas, se benefician de la situación.
Pymar realiza estas consideraciones después de haber celebrado un encuentro con Almunia al que acudieron representantes del Ministerio de Industria y en el que se les mostró el borrador de la decisión que previsiblemente adopte el Ejecutivo comunitario en julio. Para Pymar, existe un "error técnico jurídico subsanable" en el borrador que podría salvar al sector, consistente en que durante el periodo de vigencia del 'tax lease', de 2001 a 2011, se generó un entorno de seguridad jurídica auspiciado por las propias autorizaciones del Gobierno para aplicar la bonificaciones.
En 2005, la Comisión censuró las ayudas recibidas en Francia sin obligar a devolverlas, y es a partir de ese momento cuando se generó a juicio de Bruselas una jurisprudencia suficiente para invalidar las bonificaciones españolas y obligar a navieras e inversores a devolver retroactivamente el dinero. López del Pozo pidió al menos "el mismo trato que con Francia", donde no hubo que devolver la ayuda por una inacción comunitaria de seis años, y se mostró convencida de que España tiene incluso en este caso, en el que la inacción es de diez años, "más argumentos" que el país vecino. Pymar dice que ganaría los eventuales juicios ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque cuando lo haga será "demasiado tarde".
Los astilleros consideran que Almunia "no tiene voluntad política" para resolver la cuestión, lo que contrasta con los esfuerzos realizados por el Gobierno español, cuyo ministro de Industria, José Manuel Soria, ha viajada ocho veces a Bruselas para tratar de arreglar el asunto.
El presidente de Pymar, Álvaro Platero, dijo "no tener la mínima duda de que esto es el fin de los astilleros", donde el 90% de la actividad se realiza para navieras extranjeras. La lista de inversores y navieras que tendría que devolver el dinero es "enorme", ya que habría que multiplicar los 270 barcos construidos por cerca de seis partícipes. Platero aprovechó para pedir "unidad a los partidos políticos para que hagan un frente común" en este asunto, y dijo tener "constancia" de que el Gobierno está "volcado" en la resolución de este asunto.Sindicatos proclaman que "el naval no se rinde" y llaman a movilizarse para "doblar las rodillas" a Almunia.
Los sindicatos hacen un llamamiento a la movilización
Los sindicatos advirtieron, tras conocer las palabras de Joaquín Almunia sobre la resolución del expediente del tax lease, que "el naval no se rinde", y han hecho un llamamiento a la movilización para "doblar las rodillas" al comisario socialista europeo. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha reconocido que la confirmación por parte de Almunia de que habrá que devolver esas bonificaciones "era algo que ya se sabía", aunque ha subrayado que "ahora algunos que no se lo creían ya se habrán dado por enterados". "No nos vamos a rendir, hay que doblarle las rodillas".
El responsable del naval de la CIG, César Rodríguez, ha denunciado que Almunia "es plenamente consciente de que esa resolución va a suponer la desaparición del sector", y ha enmarcado esa posición en la política de la UE de "destruir la construcción naval de España y de Galicia". Asimismo, ha lamentado que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España han sido "cómplices" de esa situación, "mirando para otro lado", y la confirmación de que habrá que devolver las bonificaciones no es más que el "toque de gracia" a esta industria.
El portavoz de MCA-UGT, Diego Atanes, ha criticado un "nuevo engaño de Joaquín Almunia", ya que el comisario ha precisado que la devolución no afectará a astilleros, sino a grupos inversores y armadores. Según Atanes, la decisión de la Comisión impedirá que se vuelvan a construir barcos en la ría de Vigo, por lo que "hay que incrementar la presión". "Esperamos que ahora las autoridades españolas se tomen esto en serio".
Los sindicatos han reiterado la necesidad de que la sociedad viguesa se movilice en defensa de esta industria, y han insistido en llamar a la participación en la manifestación que saldrá este jueves a las 20.30 horas de la calle Vía Norte, en dirección a la delegación de la Xunta.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
