martes, 24 de junio de 2025
Así lo ha indicado el que fuera conselleiro de Economía e Facenda en el gobierno bipartito del PSdeG y el BNG en la Xunta de Galicia, en la que constituye la tercera comparecencia de la jornada en el arranque de la comisión de investigación de la fusión de las cajas gallegas. Durante su intervención, Fernández Antonio también afirmó que los informes de las auditorías y las cuentas anuales de 2008 aprobadas (dejó el gobierno en abril de 2009) mostraban "un coeficiente de solvencia holgadamente establecido por el Banco de España".
Tras indicar que el Banco de España es el que tiene los medios para realizar las labores de inspección previas de cualquier medida ejecutiva para salvaguardar la solvencia de las entidades de crédito, incidió en que el regulador bancario no le expresó ninguna "preocupación". Además, y para contestar al diputado popular Pedro Puy, quien también preguntó por si no habían saltado las "alarmas" con la "multiplicación" del riesgo inmobiliario y la expansión territorial de las entidades, Fernández Antonio apuntó que durante su mandato no tuvo ninguna conversación, tampoco con otras entidades ni con el Banco de España, sobre futuras fusiones de las cajas de ahorros gallegas.
"Yo nunca tuve mucha fe en las auditorías", ha confesado, por su parte, el diputado socialista Abel Losada, quien cree que responde a lo que se conoce como pintores de cámara, porque "se hacían por encargo de quien les pagaba" y, ha resuelto: "quien paga, manda". "Esos informes decían que estaban bien, pero lo cierto es que en 2012 se metieron 9.000 millones de euros", ha evidenciado el portavoz parlamentario socialista.
En respuesta al diputado nacionalista Francisco Jorquera, Fernández Antonio argumentó que tomó la decisión de no nombrar a ningún representante de la consellería en las comisiones de control de las cajas porque estimó "que no era conveniente ni necesario" y arguyó que se adoptó en aras de la "independencia" y de "no injerencia" en la política financiera. Pero ello, ha asegurado, no significa que no hubiese "seguimiento continuado de las cajas". El diputado nacionalista, que se mostró "crítico en cuanto a la falta de firmeza a la hora de corregir la deriva de las cajas", echó en cara que "por la negativa" de los socialistas en el pacto de gobierno del bipartito no se introdujo la reforma de la Ley de cajas, que "hubiese sido más útil" que cuando finalmente se aprobó en 2009 (a raíz de una proposición de ley del Bloque). Al hilo de ello, recriminó que, aunque no se reformase la normativa, ya se podía nombrar a un miembro en la comisión de control. "Yo estimé que no era ni necesario ni conveniente, pero sí hubo un seguimiento continuado de las cajas, y conversaciones con el Gobierno central y Banco de España", ha respondido Fernández Antonio, quien desveló que tuvo varias reuniones con el gobernador del supervisor, pero insistió en que no se le trasladó ninguna "preocupación especial". En cuanto a la comercialización de participaciones preferentes y subordinadas, Fernández Antonio ha constatado que "hay una grave responsabilidad" en los casos en que han sido "mal comercializadas" y ha sostenido que "hay suficientes casos que deben alarmar".
Fernández Antonio ha censurado que la banca nacionalizada "esté poniendo más problemas" a los afectados por las comercializaciones de estos productos para ser "resarcidos" con su dinero. Por ello, al respecto de que la mayor parte del dinero que permanece atrapado sea en entidades nacionalizadas, ha señalado que "el dinero público, si tiene que salvar a alguien primero, tiene que salvar a las personas y no a los bancos".
El exconselleiro de Facenda había asegurado que la Consellería que dirigía, en su época, "no recibió quejas significativas de clientes que indicasen el mal funcionamiento" de las cajas de ahorros. En su turno, el portavoz parlamentario socialista, Abel Losada, recriminó las participaciones que permanecen pendientes de pago se corresponden con ejercicios gobernados por los populares, pero su homólogo popular, Pedro Puy, ha acusado de "burdas manipulaciones" al PSdeG. "Concuerdo con la posición de Fernández Antonio que lo que no se puede es salvar a los grandes estafadores de la plutocracia financiera. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno Feijóo y el Gobierno de Rajoy de forma descarada", ha manifestado el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, que aunque manifestó que su grupo pasaba a una postura de "observador" porque se mantiene secreta parte de la documentación de la comisión de las cajas, sí afirmó que haría alguna consideración sin formular preguntas.
Durante su intervención, Fernández Antonio ha destacado que en el mandato (desde agosto de 2005 hasta abril de 2009), la consellería "reorientó" e "impulsó" la obra social de las entidades crediticias gallegas, por lo que se creó una comisión mixta. Además, el exconselleiro ha defendido que el Gobierno bipartito "hizo lo que tenía que hacer para impulsar el tejido productivo gallego", y ahora hay que "lamentar" que no haya ninguna caja de ahorros. También explicó que se llevó a cabo una política de "convergencia" con Europa y Galicia fue "la comunidad que más creció", con una deuda que "quedó por debajo" de la que se había recibido del Gobierno Fraga y un déficit del 0,17 por ciento en 2008.
Abel Losada elogió la política desarrollada durante el bipartito y recordó que a principios de 2008 el Consello de la Xunta aprobó un programa con el Banco Europeo de Inversión y el ICO para impulsar la economía, algo que echa en falta con el Gobierno de Feijóo, a quien le recrimina una "intervención política para forzar la fusión" de las cajas gallegas.
Pedro Puy preguntó si el conselleiro conocía los contratos con la alta dirección y las cláusulas, así como si había tenido alguna participación institucional en la emisión de subordinadas, pero estas cuestiones no fueron contestadas.
El exdirector xeral de Política Financeira e Tesouro Eugenio García Lalinde, que ocupó el cargo entre 2005 y 2009, con el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, ha afirmado que "es posible que los balances" de las cajas de ahorro gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- "no tuvieran en cuenta determinados riesgos latentes". La de García Lalinde ha sido la cuarta comparecencia en la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro y su fusión y ha sucedido a la del exconselleiro de Economía e Facenda José Ramón Fernández Antonio, quien ha asegurado que los balances en 2008 mostraban "coeficientes de solvencia superiores a los exigidos".
Preguntado al respecto por la diputada del BNG Carme Adán, el exalto cargo durante el mandato de Emilio Pérez Touriño al frente de la Xunta de Galicia ha subrayado que "evidentemente las cosas no suceden del día a la noche", pese a que "determinados activos" sufren una "depreciación muy importante de un día para otro". Sin embargo, ha indicado que "es posible que los balances no tuvieran en cuenta determinados riesgos latentes" y de esto, ha dicho, "no se han apercibido" ni las direcciones de las cajas, ni los consejos de administración, las comisiones de control, las auditorías, "ni el Banco de España".
El exdirector xeral de Política Financeira, José Álvarez Cobelas, que ocupó el cargo entre los años 1997 y 2004, con Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia, ha admitido que la Administración autonómica autorizó "dos o tres emisiones" de obligaciones subordinadas de las antiguas cajas de ahorro gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- durante su época. Lo ha afirmado en la que ha sido la segunda comparecencia en la comisión de investigación sobre las antiguas cajas, donde ha subrayado que "tema de preferentes no se autorizaron" porque el Gobierno gallego "no tenía competencias en ellas". "Tema de las subordinadas era una autorización administrativa y sí, no recuerdo si autorizamos dos o tres emisiones mientras yo estuve allí", ha añadido Álvarez Cobelas, antes de señalar que el cometido de la Xunta residía en "verificar que se cumplían los requisitos establecidos en la ley" del mercado de valores, que, sin embargo, establecía "una libertad de emisión".
Además, y ante las cuestiones de los portavoces de los grupos de la oposición en la Cámara -PSdeG, AGE y BNG-, el exalto cargo con Fraga ha subrayado que "obviamente la mayor protección al cliente viene en vigilar que esas entidades que emiten instrumentos tengan la solvencia y capacidad suficiente para devolver esos instrumentos una vez que llegue su vencimiento". En este sentido, ha relatado los datos de Caixa Galicia y Caixanova a 31 de diciembre de 2003 para aseverar que por entonces tenían "una cartera equilibrada de participaciones", eran "solventes, rentables", no tenían "problemas de liquidez" y presentaban una "adecuada" gestión de riesgo de mercado y de riesgo de crédito. "Efectivamente, la situación de las cajas era buena, solvente, consistente y se encontraban pro encima de la media del conjunto de las cajas de ahorro", ha resumido en el turno de cierre, a las preguntas del diputado popular Pedro Puy.
Álvarez Cobelas ha defendido que la Administración autonómica había creado por entonces "mecanismos de trabajo que funcionaban" en los ámbitos del control y la inspección de las cajas, a los que un grupo de personas dedicaba "ganas, ilusión y horas". Sobre los requerimientos de la oposición, ha argumentado que el Gobierno autonómico "nunca fue defensor" en aquellos años de que alguno de sus miembros estuviese "sentado" en la comisión de control creada al respecto del funcionamiento de las cajas porque era partidario de separar "gestión y control". Y, en cuanto a otro requerimiento del portavoz del PPdeG, el exresponsable de política financiera ha respondido afirmativamente a la demanda de si, de ahí en adelante, deberían haber "saltado las alarmas" cuando comenzó "un excesivo crecimiento" de las entidades. "Sin duda", ha dicho, después de que Pedro Puy cifrase en "más de un 140% de media" el aumento de las inversiones crediticias en ambas instituciones entre los ejercicios de 2006 y 2008.
Quien fue director xeral entre los años 1997 y 2004 ha hablado de niveles "asumibles" en 2003 en Caixa Galicia y Caixanova en cuanto a crecimiento de inversión crediticia -del 14 y del 12% respectivamente-, por lo que ha concluido que "a partir de ahí tuvo que haber fallos del proceso de control".
"No sé si aquí o a otros niveles", ha agregado antes de indicar que "hay otros estamentos que eran los responsables de vigilar en concreto la comercialización de este tipo de productos". "Y me imagino que a lo largo de esta comisión podrán obtener una conclusión final", ha terminado su intervención.
Durante su comparecencia, el exalto cargo también ha reivindicado una modificación de la norma relativa a los órganos rectores de las cajas de ahorro para tratar de "evitar este tipo de procesos", en alusión a la politización de estas entidades. Ante las afirmaciones de la socialista Carmen Gallego, que denunció la falta de documentos en la información remitida al Parlamento por la Xunta, ha negado haberse llevado "ningún papel" y ha proclamado tener "las manos limpias y la conciencia tranquila".
Respecto a las críticas del portavoz de AGE Xosé Manuel Beiras, ha asegurado que las cajas del sur -de Pontevedra, Vigo y Ourense- fueron consideradas "complementarias y compatibles" por el Ejecutivo en el momento de su integración. José Álvarez Cobelas ha indicado no estar "de acuerdo" con que se identifique a la burbuja inmobiliaria con "el mayor mal del país", puesto que, a su juicio, "provocaron parte del mal" que sufre el sistema financiero español "los procesos de crecimiento orgánico" realizados "sin análisis previo". El parlamentario del BNG Francisco Jorquera se ha mostrado sorprendido por estas palabras y, además, ha acusado al Gobierno del que formó parte el exdirector xeral de "inhibirse" en el ejercicio de las competencias relativas a consumo en relación con la emisión de preferentes y subordinadas.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou hoxe que o Consello acordou que 'iniciar a elaboración dos orzamentos da comunidade autónoma para o vindeiro ano'. Deste xeito, o Executivo autonómico avaliou un informe presentado pola Consellería de Facenda e Administración Pública sobre a Orde pola que se ditan instrucións para a elaboración dos presupostos de 2026, que marcan as bases do Plan financeiro do Goberno galego para o ano próximo. Calvo resaltou que mentres Galicia 'comeza a traballar nas contas de 2026, o Goberno de España segue funcionando coas de 2023'.
O Consello da Xunta aprobou o decreto que declara Ben de Interese Cultural a Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao considerar acreditado o seu valor sobranceiro como patrimonio inmaterial do pobo galego, o que supón a aplicación do réxime de tutela da Lei de Patrimonio cultural e, polo tanto, o maior nivel de protección. Esta declaración chega tras recibir os informes favorables dos catro órganos aos que se lle solicitou: o Consello da Cultura Galega, o Museo do Pobo galego, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e a Facultade de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, no proceso de exposición pública para o seu recoñecemento non rexistrou ningunha alegación.
