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El ministro Luis de Guindos dice que existe interés en la compra de Novagalicia pero insiste en que hay tiempo para su venta

El ministro se ha referido, durante su intervención en los cursos organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) a la petición del presidente del BBVA, Francisco González, de que la venta de la banca nacionalizada se produzca "cuanto antes". "La obligación de los gestores es intentar recuperar lo máximo (inyectado por el Estado a través del FROB), incluso por encima de lo que se ha puesto", ha confiado, para volver a decir en que estas entidades no se pueden "malvender" ni desde el punto de vista del valor ni del tiempo.

El ministro ha señalado que "hay tiempo", de acuerdo al plazo de cinco años para reestructurar estas entidades. "El Gobierno tomará la decisión con el objetivo de maximizar el valor para el contribuyente". Además, el ministro ha desvelado que el Banco de España calcula que la banca tendrá que realizar unas provisiones de como máximo unos 10.000 millones de euros en dos ejercicios ante los nuevos criterios sobre los préstamos refinanciados, lo que generaría unas necesidades adicionales de capital de unos 2.000 millones.

Guindos ha distinguido la actual situación con la sufrida hace justo un año y que desembocó en el rescate a la banca española. El ministro ha especificado que las dudas que se ciernen ahora sobre la banca se deben a la incertidumbre sobre la evolución de la economía a futuro y no a su exposición inmobiliaria. Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno prorrogue o no el rescate bancario, el ministro ha aclarado que el MoU y el programa de asistencia financiera de hasta 100.000 millones expiran a mediados de enero. Ahora bien, ha distinguido entre el momento actual y cuando se solicitó la línea de crédito a Bruselas. "Ahora hay muchas menos incertidumbres sobre la banca y el Tesoro tiene capacidad para acceder al mercado", ha indicado, para después advertir de que este cambio se erige como el "elemento básico" a la hora de tomar cualquier decisión al respecto.

De Guindos ha recordado que la banca nacionalizada ha concedido más de 12.000 millones en préstamos y que el ICO ha puesto a disposición unos 22.000 millones. "Hay que evitar un comportamiento indiscriminado de reducción del crédito", ha instado el ministro en la línea del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien solicitó a la banca "estar a la altura" para que el crédito fluya, sobre todo hacia las pymes. El ministro ha incidido en que no hay que negar financiación a empresas o familias que no están endeudadas. "El crédito tiene que ir cayendo, pero para los que han acumulado crédito en los años del boom".

La oposición denuncia "obstrucción" y "ocultación" de información sobre las cajas

Los grupos de la oposición -PSdeG, AGE y BNG- denuncian "obstrucción" en la labor parlamentaria por parte del Gobierno gallego y la mayoría que lo sustenta y censuran la "ocultación" de información tanto en la comisión de investigación de las cajas, tras declararse secreta documentación relativa a las auditorías o a las indemnizaciones de exdirectivos; como en referencia a los contratos de la Administración autonómica con empresas del narcotraficante Marcial Dorado.

Los grupos han reflejado estas quejas, expresadas en las ruedas de prensa posteriores a la Xunta de Portavoces, en el orden del día del pleno que se celebrará la próxima semana y que es el último del periodo ordinario. En el caso de AGE y BNG, lo harán a través de las preguntas al presidente del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo; mientras que el PSdeG ha incorporado una interpelación para preguntar sobre la política de destrucción de documentación por parte de la Xunta.

El portavoz parlamentario socialista, Abel Losada, ha asegurado que las peticiones por el artículo 9 (del Reglamento del Parlamento, que habilita a los diputados para solicitar información al Ejecutivo) "se están incumpliendo", y ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo "usa la información de forma parcial para los telediarios" y luego se niega "a pasarla a la oposición". El dirigente socialista ha expresado que "los socialistas rechazan de manera radical la estrategia de ocultación de la información", y ha censurado el "desamparo a los 600.000 gallegos que votaron a la oposición en connivencia del poder Ejecutivo y legislativo".

El portavoz parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, ha afirmado que en el Parlamento "empieza a ocurrir algo" similar a lo descrito por Klemperer en referencia al "idioma nazi" que se usaba dirigido al pueblo. Lo dijo en referencia a que la pregunta presentada por su grupo al presidente de la Xunta sobre si consideraba que "cumple fielmente" con el interés general de los ciudadanos al "hacer valer el secreto" sobre contratos de Marcial Dorado y documentación de la comisión de las cajas ha tenido que ser modificada y es objeto de revisión de la Mesa del Parlamento por el tipo de formulación.

Beiras se ha preguntado por el "pánico" a que se le "hagan preguntas que le resulten comprometidas al presidente", y ha ironizado con que va a haber que "solicitar un curso a las palilleras de Camariñas para redactar las iniciativas parlamentarias", ajustado al 'new speak' --como definió Huxley-- o al mundo orwelliano. Por la "manipulación de los ciudadanos" preguntará el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, en el próximo pleno, vinculado ello con la "obstrucción para conocer toda la documentación relativa a contratos de Marcial Dorado" o para acceder a la documentación de la comisión de las cajas. "Manipulación de los medios de comunicación públicos, manipulación de los ciudadanos, con el ejemplo muy claro en el conflicto de las preferentes, manipulación de este Parlamento, que está sometido a los intereses y obediencia del Ejecutivo", ha enumerado Jorquera, en su intervención, en la que ha sumado a la "manipulación" las campañas "desde otras instancias, a medida de los intereses de Feijóo, para desprestigiar a fuerzas de la oposición", en referencia al delegado del Gobierno, Samuel Juárez, y sus palabras sobre el BNG.

La situación al respecto de la información solicitada y no recibida ha llevado a Losada a plantear una petición de amparo a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, quien -según explicó el socialista- quedó en contestarle por escrito con posterioridad. "La presidenta dijo que me contestaría, se ve que está reflexionando", ha manifestado Abel Losada, tras lo que indicó que esperará esa contestación antes de recurrir a la vía judicial, que los socialistas están estudiando y que podría abarcar desde la reclamación de información relativa a los contratos de la Administración con empresas vinculadas con el narcotraficante, hasta asuntos como los contratos con Pemex.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, ha considerado que "puede haber en los miles de preguntas que se pide al Gobierno alguna disfunción", pero ha asegurado que la presidenta "cumplirá con sus obligaciones para que se cumpla el Reglamento de la Cámara dentro de sus facultades". Pedro Puy ha contrarrestado las críticas de la oposición apelando a que, tanto por separado, como en bloque, suman más iniciativas que las que incluye el Gobierno y el PPdeG en las sesiones plenarias. "La oposición tiene más medios y oportunidades de trabajar que en ninguna cámara autonómica".

Sobre el caso concreto de la comisión de investigación de las cajas, Pedro Puy ha afirmado que "decir que se funciona con niebla es ocultar lo que verdaderamente ocurrió", que es que la Xunta envió la documentación a la Cámara, aunque tenga carácter reservado parte de ella. "Hay material para sacar conclusiones", ha afirmado el parlamentario popular, quien, sin embargo, ha reconocido el "margen estrecho" que tiene la Cámara para abordar la cuestión de las indemnizaciones a exdirectivos, ahora sub júdice.
Por eso, ha abogado por la "máxima transparencia" sobre ellas, y ha sugerido aprovechar las comparecencias de los ex máximos responsables de las entidades para conocer en qué términos y cómo se aprobaron las indemnizaciones, ya que, ha admitido, este punto es quizás uno en los que el Parlamento "tenga menos capacidad de saber qué ocurrió". En cuanto a la coincidencia el viernes de cuatro exdirectivos de las cajas y la entidad fusionada, Pedro Puy ha defendido que se sigue un orden "lógico" (agrupando directivos, sindicatos o auditores), pero la oposición critica que el hecho de que coincidan todas juntas forma parte de la línea de "ocultación".

El portavoz parlamentario de AGE ha avanzado que este miércoles su grupo dará a conocer medidas al respecto de la evolución de la comisión de investigación de las cajas, pero no ha querido adelantar qué decisión ha adoptado. "No voy a decir nada, (AGE) tomó una decisión de todo esto, esa decisión la haremos pública mañana mismo en una rueda de prensa para explicarlo. De la información completa de las actuaciones que emprenderemos al respecto de estos problemas tendréis conocimiento directo y pleno".