Un día después del anuncio de que la opción de solicitar el arbitraje concluye el 17 de junio, González-Bueno ha indicado que el proceso "se cerrará con un 65% de arbitrajes sobre lo solicitado". Asimismo, ha señalado que "ahora se acelera ampliamente el proceso", algo que, según ha apuntado, "ya estaba previsto de antemano y anunciado", de forma que se seguirán practicando arbitrajes hasta más o menos el mes de agosto. González-Bueno ha agregado que "el resto" de los casos "se resolverá mediante los procedimientos de canje y liquidez previstos por el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos". En concreto, de todos los tenedores de productos híbridos, reclamaron el arbitraje un 75%, mientras que en torno a 19.000 personas no lo solicitaron.
En declaraciones a los medios previas a un acto de tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, en el que presentó al secretario general del Tesoro y Política Financiera, Íñigo Fernández de Mesa, el consejero delegado de Novagalicia incidió así en que "el 65 por ciento se resolverá mediante el arbitraje" y que el resto se "resolverá mediante los procedimientos de canje y liquidez" previstos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En concreto, los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de NCG Banco perderán entre un 22,4% y un 64,5% de su dinero si, tras efectuarse el canje por acciones de la entidad, solicitan dar liquidez a esas participaciones.
Para dar dinero líquido a los afectados por este tipo de productos, se ha facultado al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FDGEC) para que haga una oferta para adquirir las acciones en las que serán transformadas las preferentes y subordinadas. Pero dar este paso implica una quita extra, que se suma a la del canje por acciones, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fijado en el 13,8%.
La Xunta sigue apostando por el arbitraje como la mejor solución para los afectados por las preferentes
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, asegura que la Xunta sigue defendiendo la vía del arbitraje para los casos de "mala comercialización" de preferentes y subordinadas, pese a que se conoce que la fecha límite para aceptar peticiones para esta alternativa es el próximo lunes, y ha asegurado que trabaja para agilizar y facilitar las acciones judiciales de quienes decidan acudir al juez. En respuesta a preguntas de los periodistas tras presentar una línea de apoyo a proyectos innovadores, el conselleiro ha sostenido que el Gobierno gallego "desde el primer momento" ha defendido que "el 100% de los afectados que sufrieron una mala comercialización recuperasen el 100% de sus ahorros". "No vamos a cambiar nuestra postura".
El conselleiro cree que el arbitraje ha devuelto su dinero a "dos de cada tres afectados", en torno al 65%, de los que pidieron acogerse a esta vía. "Dos de cada tres familias en estos momentos o bien recuperaron o están a punto de recuperar a través del arbitraje el 100% de su dinero". En cualquier caso, Conde ha dicho que los responsables de la Xunta continuarán "trabajando, apoyando a aquellos afectados que sufrieron una mala comercialización". "El banco ya conoce nuestra postura y nosotros vamos a mantenerla. Entendemos que el banco debe replantearse que efectivamente los casos con entidad de razón deberían resolverse a través del arbitraje y seguiremos velando por que la vía de arbitraje sea la solución en los casos que tengan entidad de razón".
En cuanto a la posibilidad de denunciar ante un juez, Conde ha reiterado que, de forma complementaria, la Xunta trabajará "en vías alternativas". "Específicamente colaboraremos con la justicia para agilizar la vía judicial para atender a las demandas de quienes hayan sido víctimas de una comercialización indebida". "Estamos con todas las personas que sufrieron esta mala comercialización, bien sea a través de la vía de arbitraje o por la vía judicial", ha zanjado y ha explicado, sin concretar, que sobre esta segunda posibilidad, el Gobierno gallego trata de identificar "las alternativas" para "agilizar y facilitar a los perjudicados que encuentren una solución rápida".
El Valedor plantea que la venta de preferentes se tipifique como "estafa, apropiación indebida y publicidad engañosa"
El Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández, ha vuelto a incidir en la devolución del dinero a los preferentistas que no fueron bien informados "sin quitas y sin detrimentos", como ha pedido en diversas ocasiones, con motivo de la presentación del informe referido a la gestión de 2012 y en la que la actividad vinculada con este asunto ha sido cuantiosa (252), recogiendo incluso una queja en nombre de 3.000 afectados. Con ocasión de su intervención ante el pleno del Parlamento, el representante de la defensoría gallega ha exigido de nuevo consecuencias "penales", para lo que esta vez ha propuesto como "útiles" diversos artículos recogidos en el Código Penal. Concretamente, los referidos a "estafa, apropiación indebida e, incluso, publicidad engañosa".
Y es que, la cuestión de la venta de participaciones preferentes y subordinadas ha sido una de los asuntos más relevantes de la actuación del Valedor, que también inició una actividad de oficio por este tema, intervino ante el Instituto Galego de Consumo y tuvo contactos con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con motivo de la demanda civil.
Los grupos parlamentarios han felicitado al Valedor por su actuación en este asunto, como hizo la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz. Por su parte, el diputado popular Agustín Baamonde ha puesto de relevancia que el informe destaca la vía del arbitraje, que en su día "fue puesta en tela de juicio por los grupos de la oposición y ahora viene a demostrar que es la vía más efectiva". "La posición es clara y ya conocida. Insisto en ella. Las personas que no fueron bien informadas deben recibir de inmediato todo lo invertido, sin quitas ni detrimentos", ha abundado el valedor, quien criticó, asimismo, la actuación en su momento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco de España y del ministerio competente, que "fueron incapaces de proteger" a los consumidores.