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Ley de Empleo Público: la Xunta evaluará la actitud individual y el cumplimiento de objetivos por parte de los empleados públicos

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha presentado a los representantes sindicales (de CIG, CC.OO., UGT y CSIF) el borrador de la ley de empleo público, aprobado este sábado en el Consello de la Xunta. Tras el encuentro, ha reiterado que la voluntad del Gobierno gallego es negociar "y enriquecer el texto" con las aportaciones sindicales.

Los representantes de los trabajadores han manifestado que deben analizar en profundidad el borrador, que tiene 226 artículos, aunque han avisado de que la norma puede introducir "subjetividad" en esas evaluaciones del desempeño y han dicho temer que se apliquen "restricciones de derechos".
Muñoz Fonteriz ha indicado que esas evaluaciones individuales tendrán en cuenta diferentes aspectos, pero estarán "siempre valorados desde la objetividad por parte de la administración". La conselleira ha explicado que la futura ley establecerá unas "líneas generales" y disposiciones posteriores -también negociadas con los sindicatos- desarrollarán la norma para concretar algunos capítulos, como éste. "Siempre va a ser una evaluación objetiva", ha incidido la titular de Facenda, que ha asegurado que "los superiores jerárquicos tendrán mucho que decir", dado que el análisis tendrá en cuenta los objetivos logrados de forma individual por cada trabajador. "Es el superior jerárquico el que mejor conoce la valoración, aunque también participarán otros órganos porque hay que aglutinar muchas cuestiones".

Sobre los traslados de personal, Muñoz ha explicado que la ley recogerá "expresamente" la elaboración de planes de recursos humanos, que "establecerán posibilidades de movilidad y reasignación de personal", dentro de las que se admitirán tanto movilidad voluntaria como forzosa. "Siempre dentro de unas condiciones y unos requerimientos específicos, como ahora lo tenemos también en la normativa actual de la función pública". El objetivo, ha justificado, es que "siempre la administración tenga flexibilidad suficiente para poder atender aquellas áreas que necesitan personal", con el fin de hacer "una mejor prestación de los servicios públicos".

Aunque no hay un plazo fijado para la aprobación de la ley, la conselleira ha insistido en que la Xunta espera que el Parlamento la apruebe este mismo año. En cualquier caso, ha indicado que las entidades sindicales pidieron no establecer plazos cortos de tiempo y ha manifestado que la intención es "tener tiempo para analizar bien el texto". Los sindicatos han sido "los primeros" en recibir el borrador y Facenda volverá a citarlos en 15 días para que presenten sus primeras propuestas. La Xunta negociará también con las universidades y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ya que el contenido afecta también a trabajadores del ámbito local y universitario (aunque no a los docentes).

Todos los sindicatos han coincidido en que es pronto para hacer una valoración pormenorizada del texto, que comenzarán a estudiar ahora. La coordinadora de área pública de la CIG, Carmen López Santamariña, ha trasladado su desacuerdo por no haber participado en la redacción del borrador, como representantes de los trabajadores. El cambio, ha destacado es de "un calado muy amplio" y necesita "un estudio muy detallado". Según las primeras impresiones, la sindicalista ha dicho que teme que "signifique una reunificación y una atadura para tener la administración las armas precisas para acabar de desmantelar los servicios públicos". "Es una manera de tener un único instrumento que les permita no tener que hacer tantas componendas para reorganizar". López Santamariña ha considerado "una tomadura de pelo" que se hable de la carrera profesional, después de que se hayan recortado salarios y se amorticen plazas.

Por parte de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Pedro Méndez ha apuntado que se trata de la adaptación de la ley de la función pública al Estatuto Básico del Empleado Público, una cuestión demandada "desde hace mucho tiempo, porque se publicó en 2007". Algunas de las "pinceladas" de los temas que se regulan "preocupan" a los sindicatos. Entre las mismas se ha referido "al cambio del modelo retributivo o ligar las retribuciones a la evaluación del desempeño, que puede tener un componente de subjetividad importante".

En representación de CSI-CSIF, José Brunete, ha indicado que se toman el borrador "con muchas cautelas y reservas", aunque una "primera valoración" les hace temer que "va a ser una aplicación inmediata de restricción de derechos de los empleados públicos". La "parte positiva" es que la negociación no tiene un límite fijo. Por UGT, José Vázquez ha insistido en la necesidad de estudiar la propuesta antes de posicionarse, aunque ha adelantado que plantearán dentro de la negociación la "reciprocidad en la movilidad del funcionariado". "De otras administraciones vienen para aquí pero nosotros no podemos ir a otras", ha indicado.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

A conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, presentoulle aos sindicatos o borrador do anteproxecto de Lei do Emprego Público de Galicia, nun encontro ao que asistiron o director xeral da Función Pública, José María Barreiro, e representantes dos sindicatos CIG, UGT, Comisións Obreiras e CSI-F. No encontro, a titular de Facenda transmitiulle aos representantes dos empregados públicos “a vontade de negociación e búsqueda de consenso por parte da Administración”, co obxectivo de que trasladen as súas achegas ao documento para enriquecer o texto antes da súa aprobación no Consello da Xunta e a posterior tramitación parlamentaria.

Tamén recordou que a Administración galega trasladoulle o borrador en primeiro lugar aos sindicatos. “Queriamos que fosen os primeiros en ter ese proxecto, que elaborou o Goberno da Xunta en cumprimento do seu compromiso con todos os empregados públicos”, subliñou a conselleira de Facenda. Ademais, o borrador será entregado no día de hoxe á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e ás tres universidades públicas galegas, para que tamén poidan realizar as súas achegas ao documento. Muñoz Fonteriz lembrou que a Lei do Emprego Público proporcionará “un marco estable e común” os traballadores da Xunta, pero tamén aos empregados das entidades locais galegas e universidades.

Durante a reunión, a conselleira de Facenda destacou o feito de que Galicia sexa a terceira comunidade que desenvolve o Estatuto Básico do Empregado Público, e incidiu en que esta lei ten como finalidade “mellorar o emprego público e a súa regulación en Galicia”. Tamén resaltou que dá resposta ás demandas dos traballadores da Administración galega.

Nesta liña, fixo fincapé en que a normativa busca “valorar o traballo dos empregados públicos, avaliar o seu desempeño e recoñecelo”. Deste xeito, Elena Muñoz Fonteriz considera que será posible “redundar no obxectivo que todos temos, que é unha mellora da prestación dos servizos públicos que estamos obrigadas todas as administracións públicas galegas a prestar”.

A Lei do Emprego Público fai unha aposta decidida por incentivar o labor dos empregados públicos. Para iso, establécese por primeira vez o acceso á carreira horizontal e unha homoxeneización das súas condicións laborais, entre outras novidades. Así mesmo, o anteproxecto tamén inclúe os procesos de funcionarización e o desenvolvemento dos plans de ordenación de recursos humanos, que permitirán fomentar a estabilidade e contar cunha Administración máis áxil e moderna. Isto redundará no beneficio de todos os cidadáns, posto que servirá para reducir a burocracia e mellorar a prestación dos servizos públicos. A normativa introduce a regulación da figura do persoal directivo profesional, seleccionado exclusivamente por criterios de igualdade, mérito e capacidade.

Fotografía: Xunta de Galicia