El Gobierno gallego, reunido en un consello extraordinario para adaptar la actual Ley de Presupuestos al real decreto del Gobierno central que ordena la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, entre otros ajustes, ha anunciado esta recuperación de la paga extra en la nómina de los funcionarios cuando mejore la situación. Debido a que en Galicia no existe el sistema de planes de pensión como en la Administración central, los empleados públicos gallegos recuperarán el nómina el montante de su paga extra en ejercicios futuros, pero no se prefija ningún plazo, sino que será cuando los parámetros técnicos establecidos en la Ley de Disciplina Presupuestaria reflejen que la situación las arcas autonómicas permite hacer este desembolso.
Fuentes de la Consellería de Facenda de la Xunta han indicado a Europa Press que este será un sistema "más beneficioso" que el de los empleados estatales, porque barajan que los funcionarios gallegos puedan recuperar "antes" el montante de sus pagas extra. En la Administración estatal, está previsto que la extraordinaria de diciembre sea compensada en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones si el Gobierno logra cumplir los objetivos de estabilidad. El proyecto de ley aprobado en este consello extraordinario también equipara a los empleados públicos adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo con los del régimen general en la modulación de la regulación de las incapacidades temporales, con el fin de evitar "un trato desigual" entre empleados públicos.
El Gobierno gallego ha decidido una rebaja equivalente del 7,1 por ciento para los salarios que perciben el presidente, Alberto Núñez Feijóo, los conselleiros, los altos cargos de la Xunta y entes autonómicos, y los miembros de gabinete. La Xunta subraya que Feijóo acumula una rebaja del 22 por ciento en su salario en lo que va de legislatura, mientras que los conselleiros ven rebajados sus sueldos un 17 por ciento en relación con el anterior gobierno; y los secretarios generales, directores generales, delegados territoriales y asimilares, en un 15 por ciento. En cuanto a los directivos y el personal de las entidades de la conocida como Administración instrumental, esta rebaja se suma a la reciente disminución media del nueve por ciento como consecuencia de la aplicación de la ley de medidas temporales en materia de empleo público, que estipula que nadie puede tener un salario fijo más alto que el del presidente de la Xunta.
El Gobierno gallego recuerda que con la disminución del número de altos cargos de personal de gabinete al servicio de la Administración autonómica tiene previsto ahorrar en la actual legislatura casi 30 millones de euros.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su convicción de que ya no se puede "pedir más" a los empleados públicos. Ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por este colectivo en los últimos años y su "enorme solidaridad" frente a una crisis que afecta "a todos" y "especialmente a los que no tienen trabajo". "Creo que a los empleados públicos ya no les podemos pedir más", ha sentenciado el máximo mandatario autonómico, en declaraciones a los medios realizadas tras visitar, acompañado de otros cargos de la Xunta, un albergue reformado en la localidad coruñesa de O Pino.
Núñez Feijóo ha recordado que los empleados públicos no sólo han sufrido la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, sino también la "bajada retributiva" efectuada en la anterior legislatura. Preguntado al respecto, ha ratificado que el Gobierno gallego se reunió en un Consello extraordinario para adaptar la actual Ley de Presupuestos al real decreto que ordena la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, entre otros ajustes.
Feijóo también ha recordado que los miembros y altos cargos de la Xunta sufrirán una rebaja "equivalente" en sus salarios, del 7,1 por ciento, puesto que, ha alegado, "no podía ser que el hecho de no tener paga extra no supusiera una reducción de estas retribuciones". Ahora, el proyecto se remitirá al Parlamento para su aprobación "por imperativo legal" y para cumplir con la Ley aprobada en el Congreso de los diputados.