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La Xunta pedirá a la Unión Europea que avale el arbitraje para los afectados por preferentes

Lo ha dicho en comisión parlamentaria tras ser preguntada por el diputado del BNG Henrique Viéitez sobre los motivos por los que Consumo "excluye la vía judicial" en el asesoramiento que ofrece a los afectados por las preferentes, cuando optar el arbitraje "impide" recurrir también a la Justicia. Este extremo fue negado por Castro, señalando que "el procedimiento es informar de las vías existentes para reclamar", que no sólo incluyen la vía judicial y el arbitraje, sino también remitir las denuncias al servicio de atención al cliente de la entidad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Nava Castro ha expuesto que el procedimiento judicial tiene una demora de "cinco o seis años" mientras que el arbitraje se resuelve en un plazo máximo de "cuatro meses" y es de carácter "gratuito". "Acuden a la administración pensando que defenderá el interés general, pero no es así. Será por las declaraciones de los conselleiros de Economía y Facenda de que la Xunta y Novagalicia Banco están en el mismo barco", ha replicado el nacionalista.

La alto cargo de la Xunta ha apuntado que el IGC recibió un total de 1.258 reclamaciones por participaciones preferentes, de las que 730 fueron remitidas a la Fiscalía para una demanda conjunta; mientras que la CNMV recibió 754 expedientes.

Dado que las extintas cajas gallegas que ahora conforman Novagalicia Banco son las que "fundamentalmente" han causado "el problema" en Galicia, según la presidenta del IGC, el servicio de atención al cliente de esta entidad ha recibido más de 1.040 reclamaciones. Aclaradas las acusaciones, Castro ha planteado que la demanda conjunta que prepara la Fiscalía sirve únicamente "para un perfil determinado de afectado" y que "no se contempla a toda la colectividad que adquirió participaciones preferentes". A ello se suma que "aún se está estudiando" y que los tiempos de la Justicia hacen pensar en que la resolución "tardará cinco o seis años".

Sin embargo, como ha destacado, el arbitraje "persigue la recuperación del 100% del dinero" de los afectados, siguiendo "cada caso" de forma "individualizada" para su resolución en "un plazo máximo de cuatro meses". Y, tras pedir al Bloque que "no engañe" a la sociedad, ha asegurado que "ambas vías buscan lo mismo, la recuperación del dinero de los afectados" y que "ambas tienen las mismas garantías y son complementarias".

Aludiendo a una reunión entre el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, y el conselleiro de Economía, Javier Guerra, ha aseverado que "el fiscal avala el arbitraje como una muy buena salida para muchos de los afectados". Tiene, como ha dicho, "ventajas de rapidez frente a la vía judicial". Y, tras puntualizar que se trata de "una opción voluntaria", ha indicado que el 75 por ciento de los que presentaron reclamaciones optaron por esta vía, un total de 818 personas.

El diputado de la formación frentista ha dado por hecho que la Xunta tiene "nula intención política" de "solucionar los problemas" de las personas que tienen su dinero en participaciones preferentes. Por ello, ha exigido que se "respete" el acuerdo parlamentario unánime que obliga a la Xunta a instar al Banco de España y a la CNMV para que "preste las autorizaciones necesarias" a NCG Banco para "dar solución a la recuperación de la inversión" de los subscritores de preferentes que así lo deseen.

Nava Castro ha apuntado que hubo "distintas reuniones" con Novagalicia Banco para "buscar soluciones satisfactorias para los afectados" y que la dirección de esta entidad transmitió a la Xunta "su voluntad de resolver el problema". Sin embargo, ello requiere "el visto bueno" del Banco de España y de Competencia en la UE.

También ha recordado que el comisario de la competencia en la UE, Joaquín Almunia, remitió una carta al presidente Feijóo en la que explicaba que las preferentes "pueden ser compradas por la entidad solamente a precios de mercado y si la transacción mejora la estructura del capital del banco". Todo ello porque, "con el fin de minimizar el desembolso de dinero público", el plan de reestructuración "debe evitar el uso de las ayudas del Estado a beneficio de los inversores". "Es lo necesario para asegurar que los costes de reestructuración financiera no sólo recaigan sobre el contribuyente, sino también sobre los accionistas", concluye la misiva, que estipula que "el precio de la recompra no debe superar en un 10 por ciento el precio del mercado".

Ahora, su intención es que el Banco de España y Bruselas "den el visto bueno" a los actos arbitrales para que los afectados puedan "recuperar el dinero". De hecho, ha apuntado que la primera de ambas entidades pidió "un informe sobre la equiparación del laudo arbitral con una sentencia judicial" que se ha remitido. "Esperemos que les convenzamos de que el laudo arbitral es perfectamente equiparable a una sentencia judicial", ha expresado Castro, para quien, en caso de que sea aceptado, "el mejor consejo es el arbitraje" porque "es la vía más ágil y la que asegura el 100% del dinero". "No entendemos la oposición del BNG", ha finalizado la presidenta del IGC, en relación con el arbitraje, acusándole así de "intentar boicotear que el consumidor solucione su problema".