martes, 9 de junio de 2026
En respuesta a una interpelación del diputado del PSdeG Miguel Ángel Fernández, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha indicado ante el pleno del Parlamento que la Xunta establecerá sanciones de entre 6.251 y 187.515 euros para los empresarios, según la gravedad de la infracción. En concreto, los empresarios incurrirán en una infracción por cada uno de los empleados que no estén cumpliendo las condiciones pactadas y responderán solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. En cuanto a los trabajadores, también "podrán ser sancionados" y "corren el riesgo de ser excluidos del derecho a percibir cualquier prestación" que estuviesen recibiendo, de acuerdo con lo establecido ya en la legislación vigente, ha dicho Mato y ha destacado que la intención del Gobierno gallego no es sancionar, pero sí "recorrer la senda de la recuperación de la economía", algo que harán "desde la estricta legalidad".
La medida acaba de ser ratificada por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha autorizado esta campaña específica de seguimiento y control de posibles actuaciones defraudatorias. "Somos conscientes de la grave incidencia que tiene para el desempleo, para la economía, el incumplimiento de las medidas adoptadas en los ERE.
Esta campaña pretende "controlar el sometimiento estricto de los tiempos de suspensión laboral resultantes de la reducción de jornada", es decir, comprobar que los trabajadores sometidos a ERE de reducción de jornada no hacen más horas de las acordadas o, en el caso de suspensión, que efectivamente no acuden al puesto de trabajo en los días fijados. Mato ha indicado que el Gobierno gallego trata de evitar que las empresas reduzcan sus costes salariales con cargo a los fondos públicos.
La conselleira de Traballo ha defendido en su intervención que no se deben "demonizar" los ERE, dado que son "una herramienta que muchas veces sirve para salvar a las empresas" y ha defendido que Galicia es la novena comunidad en número absoluto de afectados por expedientes en 2011, frente a las críticas del diputado socialista, que ha indicado que el aumento de trabajadores en ERE fue del 73% el año pasado en la autonomía, lo que supone "récord" en España, en donde el incremento se situó en el 13%.
Fernández López ha acusado al Gobierno gallego de buscar culpables en cualquier ámbito. "La culpa es de cualquiera menos del PP; la realidad es que no se sienten culpables. Es que, de hecho, ustedes no gobiernan", ha replicado y ha considerado que Galicia "no va bien por muchas razones, pero entre ellas, porque no hay un Gobierno y hay una Consellería de Traballo que deja de ejecutar 160 millones".
El diputado del BNG Henrique Viéitez ha censurado que los ERE se han convertido en "un instrumento de destrucción masiva de empleo" y ha dicho a la conselleira que pasará a la historia como la responsable de Traballo "con el récord histórico de personas paradas". Además, ha acusado a Mato de "frivolizar" con el desempleo y ha criticado que "no solo recorta presupuestos", sino que "no los ejecuta". En nombre del PPdeG, Alberto Sueiro ha reprochado el "uso maniqueo y partidista" de las cifras de los ERE y ha recriminado al diputado socialista que "solo pretende hacer un desgaste del Gobierno". Además, se ha dirigido a Mato para decirle que no pasará a la historia como la conselleira con más parados, sino como la que asumió la gestión "en el peor momento de la historia reciente".
Tivo lugar a xornada 'Deputados por un día', na que os escolares galegos levaron ao hemiciclo as súas propostas para mellorar a sociedade. Os catro representantes dos colexios, un por provincia, compartiron na Cámara as súas reflexións sobre a convivencia, o tema arredor do que xira este curso o programa educativo Abraza tus valores, e a relación dos menores coas tecnoloxías. Participaron máis de 8.300 escolares de entre 4 e 12 anos de 83 centros públicos, concertados e privados de Galicia (Arquitecto Casas Novoa de Santiago, o CEIP Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos, o CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense e o CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño).
A actividade levada a cabo pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para protexer o medio ambiente e o patrimonio natural e paisaxístico galego permitiu o pasado ano a reposición da legalidade en 121 actuacións en toda Galicia. Estas reposicións foron resultado do labor do equipo inspector do organismo adscrito á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, e repartíronse principalmente na provincia de Pontevedra, con 60 actuacións, seguida da Coruña con 30, Lugo con 21 e Ourense con 10.
