domingo, 8 de junio de 2025
"A lo mejor no hice bien", ha admitido Jove ante el juez en la primera sesión del juicio por la demanda de responsabilidad social que le interpuso el comprador de la inmobiliaria que él mismo había fundado y que le reclama 1.576 millones de euros. El empresario gallego ha explicado que Fernando Martín lo llamó, una vez hecha la compra, y le dijo que "necesitaba 200 millones". De acuerdo con la versión de Jove, que ha declarado como testigo en la primera sesión del juicio, cerraron un acuerdo -en el hotel Intercontinental de Madrid, ha precisado- que se formalizó en agosto de 2007 y que implicó la adquisición por parte de Jove de activos que no interesaban a Martín, como cuatro hoteles en Galicia y dos en Cataluña.
El mismo, ha continuado, incluía un pacto de "no agresión" mediante el cual el presidente de Martinsa Fadesa renunciaba a presentar posteriores demandas o reclamar responsabilidades. "A lo mejor lo hice mal, pero no quería tener lo que tenemos ahora mismo", ha indicado, en alusión al juicio, para justificar el haber accedido a la petición de Martín. Este documento, posterior al acuerdo de compra de Fadesa, de septiembre de 2006, se hizo una vez los nuevos propietarios hicieron una "revisión" del estado de los activos. De hecho, el empresario gallego sostiene que el mismo indicaba que Martín había "examinado detenidamente" la situación de la sociedad antes de su firma.
Jove ha manifestado, asimismo, que él no participaba directamente en la elaboración de las valoraciones de activos o en la información proporcionada para tal fin a la auditora CB Richard Ellis -a la que se encargó una auditoría sobre Fadesa-, sino que esa tarea dependía de la información aportada por las delegaciones territoriales.
También ha comparecido el que era consejero delegado de Fadesa durante la venta, Antonio de la Morena, quien ha argumentado, al igual que Jove, contra la acusación de que se sobrevaloraron los activos para la venta. De la Morena, igualmente demandado por Martinsa, ha sostenido que la información para las valoraciones "siempre ha sido la correcta, en todo momento" y ha apuntado a la información dada por las delegaciones.
La defensa de Jove argumenta que el informe de tasación de CB Richard Ellis, referido a diciembre de 2006, se emitió el 26 de febrero de 2007, cinco meses después de que la operación de venta se cerrase, el 28 de septiembre de 2008. En cualquier caso, el que fue consejero delegado de Fadesa ha indicado que, a su juicio, la valoración de activos "no tiene incidencia en la compañía", puesto que los precios de compra y venta no guardaban relación con ese análisis. Por ello, ha dicho que "no era un elemento muy trascendente" y ha puesto el acento sobre el valor que los mercados atribuyen a la empresa. Además, ha señalado que desconoce el procedimiento de las firmas de tasación para hacer sus estudios y si se basaban en la información dada por Fadesa. En algún caso, ha apuntado, "habían visitado activos".
De la Morena ha negado que la clasificación interna de los suelos que hacía la inmobiliaria coruñesa -los apartados no se corresponden con los empleados habitualmente- afectase a la valoración y ha asegurado que los suelos siempre tenían potencial de desarrollo. El antiguo consejero delegado de Fadesa ha indicado que no recuerda que Fernando Martín preguntase "nunca" sobre la valoración de los activos tras cerrar la compra, aunque sí ha dicho conocer las supuestas amenazas del empresario madrileño, pues se lo transmitieron "varias personas". Además, en la misma línea que Jove, ha relatado que mantuvo varios encuentros con el comprador y que las dudas acerca de si podía facilitarle información confidencial lo dejaron "un tanto preocupado".
La obstrucción en el acceso a información es una de las cuestiones que Martinsa denuncia en su demanda. El actual director general de Martinsa Fadesa, Antonio Gil, ha señalado a este respecto que, pese a que pidieron en varias ocasiones la documentación empleada por Richard Ellis para el informe completo (con las fichas de los activos, una tasación individual y un resumen global) no se les remitió la totalidad hasta noviembre de 2010. Gil ha relatado que a finales de 2007 los nuevos gestores comenzaron a detectar "incoherencias" y a lo largo de 2008 aparecieron las "incorrecciones". Además, ha sostenido que las denominaciones como "obra en curso" -la defensa de Jove ha sostenido que se designan como "promociones en curso"- de terrenos en los que "no había obra en construcción ni tenían licencia de obra" llevó a tener que devolver a algunos clientes cantidades adelantadas por viviendas. "El llamarlo obra en curso permite un método de tasación que permite subir el valor de esos activos", ha indicado.
Ha comparecido ante el juez también el que fue director jurídico de Martinsa Fadesa hasta octubre de 2010, Javier Lacleta, quien ha relatado que tras la fusión ordenó una auditoría interna de los activos que no terminó porque "era demasiado tiempo". Además, ha apuntado que discutió en dos ocasiones con Richard Ellis porque "no quería enviar" la documentación que había usado en su valoración de Fadesa y ha dicho no recordar que responsables del nuevo equipo diesen orden de buscar argumentos para demostrar que las tasaciones estaban mal, bien por responsabilidad de la auditora, bien por culpa de la empresa que dirigía Jove.
Por la sala del Juzgado de lo Mercantil número 1 también han pasado los delegados actuales de Martinsa Fadesa en Andalucía Occidental y en Canarias, quienes han negado tener participación en la elaboración de documentación para Richard Ellis y han indicado que elaboran informes técnicos cuyo uso posterior desconocen. El responsable en Canarias ha revelado que recibió "presiones" para comenzar una obra en un terreno que carecía de licencia en Guanarteme y que en el caso de la Atalaya Dorada la certificación de obra se firmó antes de que se diese la licencia de construcción.
Jove ha indicado que el reparto de un bonus a los empleados con la operación de venta a Martinsa fue "condición desde el primer día" y que "consta en el documento" pactado. A cambio, ha apuntado, esperaba el "cariño" de los que eran aún sus empleados y pedirles que "se portasen con el nuevo presidente como se portaron" con el fundador de Fadesa.
Fernando Martín niega haber reclamado cantidades económicas a Jove para evitar una demanda
El presidente y primer accionista de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, asegura que es "rotundamente falso" que condicionara la reclamación de una cantidad económica al ex presidente de Fadesa Manuel Jove a la presentación de demanda alguna. "Es rotundamente falso que haya condicionado la petición de una cantidad económica a la presentación o no de una demanda", indicó Martín en declaraciones recogidas por Europa Press. Fernando Martín responde de esta forma a la declaración que como testigo ha prestado Jove ante el juez durante la primera sesión del juicio por la demanda de responsabilidad social que Martinsa Fadesa interpuso contra los antiguos propietarios y gestores de Fadesa, a los que reclama 1.500 millones de euros.
Martín no ha sido citado a declarar y no ha estado presente en la sala del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña durante esta primera sesión del juicio. Martín aseguró "entender ahora por qué no ha sido citado a declarar". "Para no tener enfrente a la persona que firmó con él todos los acuerdos y que hoy podía haberle desmentido en primera persona su versión", añadió al respecto el empresario. Fuentes de la defensa del presidente de Martinsa Fadesa, detallaron a Europa Press que "en ningún momento se pidió a Jove dinero a cambio de presentar o no una demanda". "Esos 200 millones de euros faltaban en el operación de compra de Fadesa y por eso se reclamaban", explicaron. En cuanto al acuerdo de 'no agresión' que las dos partes firmaron tras la compraventa de Fadesa, dichas fuentes próximas a Martín insistieron en que "nadie puede rechazar reclamar por lo que desconoce".
Fotografía: archivo
A Xunta de Galicia completou esta semana os trámites para a autorización dos nove proxectos de repotenciación voluntaria de parques eólicos recibidas entre finais de 2023 e comezos de 2024 e que permitirán suprimir 286 aeroxeradores do territorio galego así como, coa mesma potencia, incrementar un 35 % a produción de enerxía renovable. Trátase dun procedemento que destacou pola súa axilidade pois os prazos de autorización administrativa acurtáronse considerablemente, completándose en menos dun ano desde a recepción do proxecto definitivo e cumprindo así co mandato comunitario de axilizar as xestións e garantir que non se alongan máis de dous anos.
O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na asemblea xeral Comisión do Arco Atlántico da Conferencia das Rexións Periféricas Marítimas en Sevilla, na que se fixo balance do último ano e se presentaron as previsións para 2026. O director xeral interveu na sesión Un novo marco financeiro plurianual da UE: que hai para o Atlántico, onde defendeu un futuro da política de cohesión descentralizado e o rexeitamento ao cambio de modelo cara un plan único por estado membro, postura baseada nas experiencias previas que mostran que os programas operativos rexionais son a fórmula máis eficiente para a xestión dos orzamentos destinados á cohesión.
