lunes, 26 de mayo de 2025
Las alegaciones elaboradas por los servicios jurídicos de la Cámara gallega ya han sido registradas en la sede del TC e inciden en que se levante la suspensión de la norma recurrida, por entender que los preceptos impugnados son "plenamente respetuosos" con la Constitución y con la distribución de competencias que se establece en la misma y en el Estatuto de Autonomía. Como ya se hizo con la ley de cajas, los servicios jurídicos se han personado en defensa del espacio competencial y legislativo que tiene encomendado el Parlamento de Galicia y por entender que "no existe contradicción" entre el catálogo priorizado de fármacos y el ordenamiento estatal en vigor.
Así, en casi medio centenar de páginas, los servicios jurídicos de la Cámara alegan ante el TC que la Ley de racionalización del gasto farmacéutico comprende "todos los medicamentos integrados en la cartera de servicios comunes" del Sistema Nacional de Salud (SNS), "sin afectar" al modelo de financiación pública de fármacos ni al sistema de precios de referencia. "Todos los medicamentos financiables por el SNS lo son también en nuestra comunidad y se mantiene una igualdad efectiva real en las prestaciones farmacéuticas", alega el documento.
Según ha informado el Parlamento en un comunicado, abundando en esta idea, las alegaciones recuerdan que la norma recurrida contempla un protocolo especial para dar cobertura a casuísticas particulares individuales que precisen de una prescripción determinada y de una marca concreta, como en el caso de los pacientes que presentan intolerancia a excipientes. Esta facultad compete a los facultativos del Servizo Galego de Saúde. En este escenario, se interpreta que la ley "encaja" en las competencias que Galicia tiene asumido en materia de sanidad, ya que las prestaciones farmacéuticas son prestaciones sanitarias y estas tienen "su encaje competencial" en la sanidad, una vez "abandonada" la vinculación original del sistema de Seguridad Social. Además, el documento incide en que la ley recurrida por el Gobierno central "no elimina" la financiación pública de ningún fármaco, sino que, en determinados principios activos, "se prioriza la prescripción" de medicamentos de precio menor, pero "perfectamente intercambiables" con los no priorizados.
Los servicios jurídicos del Parlamento recuerdan que la propia legislación estatal básica, a través de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos, establece "la posibilidad y la necesidad" de que se adopten políticas de racionalización del gasto farmacéutico. Sostiene que los preceptos impugnados por la Abogacía del Estado tampoco afectan a la competencia estatal en materia de inclusión y exclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica del SNS, ya que la norma gallega "se limita a establecer" el procedimiento de elaboración y modificación del catálogo, de los medicamentos que prioriza, así como del protocolo que se fija para los no priorizados.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha considerado que las alegaciones remitidas por el Parlamento de Galicia al Tribunal Constitucional, en el que se pide el levantamiento de la suspensión del catálogo priorizado de fármacos, "refuerza" su constitucionalidad y su "respeto escrupuloso" de las competencias del Estado. En declaraciones a Europa Press, antes de clausurar el VIII Simposio del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), Farjas ha subrayado que los servicios jurídicos del Parlamento gallego participaron "en todo momento" en el proceso de elaboración y aprobación de la ley. Asimismo, ha señalado que el informe jurídico presentado ante el Tribunal Constitucional "refuerza la valoración de la constitucionalidad de la ley de racionalización del gasto farmacéutico de Galicia", al tiempo que ha incidido también en que "reafirma" la petición de que el alto tribunal "se pronuncie y retire la suspensión", ha remarcado.
Farjas se ha mostrado confiada en que el Tribunal Constitucional falle a favor de los criterios defendidos por la Xunta de Galicia para poder seguir aplicando una medida que ha calificado de "importante" en el actual contexto de crisis económica "para garantizar la alternativa más eficiente en la elección de medicamentos y potenciar el uso eficiente de los recursos de la Sanidad", ha añadido.
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